El Tribunal Constitucional investigará el régimen de operaciones vinculadas
El Tribunal Constitucional verificará si el régimen de operaciones vinculadas (la compraventa de bienes y servicios entre empresas de un mismo grupo) se ajusta a la Carta Magna. El Tribunal Supremo planteó una cuestión de constitucionalidad tras valorar un recurso presentado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España, en el que se señalaban hasta 18 posibles motivos de ilegalidad.
El llamado régimen de operaciones vinculadas establece que la compraventa entre empresas de un mismo grupo empresarial debe realizarse a precios de mercado. La legislación obliga a las compañías a demostrar ante Hacienda que han valorado correctamente cada operación vinculada.
Supone una medida antifraude para evitar que las compañías utilicen las relaciones intragrupo para alterar a su antojo las bases imponibles en, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales.
Un proceso largo
La legislación establece un régimen de sanciones y de obligación de documentación que el Supremo entendió que podía contravenir el artículo 25.1 de la Constitución española, que estipula que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".
El Consejo de Titulados Mercantiles entiende que el régimen tributario de las operaciones vinculadas se encuentra "bajo sospecha" y reclama que Hacienda sea "prudente" en la aplicación de esta normativa. El Tribunal Constitucional podría tardar hasta dos años en fijar su postura.
Área prioritaria
El Plan de Control Tributario de 2011 estableció como una área prioritaria de control las operaciones vinculadas. Aún falta conocer los detalles del plan para el ejercicio en curso, sin embargo, todo apunta a que se mantendrá la lupa sobre las operaciones intragrupo.