Diez claves para la reforma financiera

El Gobierno comunicará el viernes la nueva normativa para tratar de consolidar el sector bancario español. Según lo adelantado, consiste en un endurecimiento de las provisiones vinculadas a los activos inmobiliarios, que obligará a la banca a dotar 50.000 millones de euros adicionales. Esta vuelta de tuerca a las exigencias regulatorias sobre el ladrillo se espera que produzca varias consecuencias: fusiones, cierre de oficinas y, en última instancia, reactivación del crédito. Aquí se detallan las 10 claves para entender este proceso:

1. ¿En qué consiste el esfuerzo de saneamiento que se exige a la banca?

La normativa de solvencia impone unos plazos muy estrictos a la banca cuando se trata de contabilizar en su balance los riesgos vinculados a activos inmobiliarios. Por ejemplo, en el caso de los activos adjudicados para compensar deudas, actualmente se exige que estén provisionados al 30% de su valor, cuando han pasado más de 24 meses desde que entraron en balance. En el caso de préstamos morosos, el Banco de España impone que, cuando se cumpla un año desde el impago, estén completamente provisionados. Con la nueva regulación, se producirá una vuelta de tuerca: se va a pedir al sector que realice más dotaciones y en un plazo más corto.

2. ¿Dónde residen los problemas de la banca vinculados al ladrillo?

El Banco de España ha cifrado en 176.000 millones de euros el volumen de activos inmobiliarios "potencialmente problemáticos" que bancos y cajas mantienen en sus balances. Estos son de tres tipos. En primer lugar, créditos en mora. Son aquellos en los que han pasado 90 días desde el primer impago de una mensualidad. En segundo lugar, créditos subestándar. Estos son los que, sin ser considerados aún créditos dudosos, se colocan en cuarentena por el perfil crediticio de la empresa o el sector de actividad. En tercer lugar, aparecen los activos adjudicados: pisos, promociones en curso, solares... que las entidades financieras se han quedado en compensación de un crédito impagado.

3. ¿Con qué profundidad deberán cubrirse las pérdidas acumuladas en el suelo? ¿Y en la vivienda?

Esta es la gran incógnita del proceso. La cifra global, 50.000 millones de euros, está muy clara. Pero no se sabe exactamente cómo se va a repartir. Las nuevas provisiones serán más rigurosas a medida que la calidad de los activos sea peor. De acuerdo con los primeros borradores con que trabajaba el Gobierno, el suelo rústico se provisionará al 95%; el urbanizable, al 60%; las promociones no acabadas, al 50%, y las terminadas, al 30%.

4. ¿Provocará una bajada del precio de los pisos?

Los expertos consideran que sí. Al obligar a los bancos a apuntarse nuevas pérdidas por el deterioro del valor de sus activos inmobiliarios, estos tendrán cada vez menos incentivos para mantenerlos en balance. Si una entidad debe provisionar el 80% del valor de un suelo rústico tasado en 10 millones, esto equivale a reconocer que este activo tan sólo vale 2 millones. En caso de que recibiera una oferta por 2,5 millones, preferiría vender antes que asumir la provisión.

5. ¿A qué entidades va a afectar más la nueva norma?

Al desconocerse los detalles sobre las nuevas provisiones, es difícil establecer cuál será el reparto de la carga de 50.000 millones de euros. Los bancos de inversión han ido haciendo sus análisis, pero no se ponen de acuerdo entre sí. Depende de cuánto suelo tiene un determinado banco o caja, de dónde esté ubicado, de cuánto ha provisionado ya esos activos... Un informe de Credit Suisse cifraba en 5.300 millones las exigencias adicionales para el grupo Santander y en 3.536 para BBVA. En otro estudio elaborado por el equipo de análisis de esta última entidad, se señalaba a Bankia como la entidad más afectada: necesitaría 7.200 millones, frente a los 3.453 de La Caixa o los 5.102 millones de Banco Popular (junto a Pastor).

6. ¿Cómo se conseguirán los fondos para cubrir el impacto de la provisión?

La forma más directa para anotar la nueva provisión por el deterioro del ladrillo es contra el beneficio. A efectos prácticos, este apunte contable equivale a reconocer una pérdida. Si un inmueble estaba valorado en 4 millones de euros y ahora hay que registrarlo por 2 millones, esto supone un impacto negativo de 2 millones de euros en la cuenta de resultados. Dado que muchas entidades, tanto bancos como cajas, entrarían en pérdidas en caso de que se exigiera anotar toda la provisión contra el beneficio, es más que probable que el Gobierno permita imputarla contra el capital. Algunos analistas consideran que, en cualquier caso, deberá articularse algún tipo de ayuda pública para que el sector sea capaz de absorber el golpe.

7. ¿Qué plazo tendrán las entidades para asumir las nuevas exigencias?

El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene prisa por completar cuanto antes la reestructuración de la banca. Quiere mandar una señal a los mercados de que los problemas del sector ya están plenamente encauzados. En un principio, se llegó a hablar de que antes de cierre de 2012 debía haberse realizado todas las provisiones. Sin embargo, ante la presión del sector, el Gobierno ha accedido a ampliar el plazo. Parece que, al menos aquellas entidades que participen en un proceso de integración, tendrán un plazo de dos ejercicios para anotarse las nuevas dotaciones.

8. ¿Por qué este proceso provocará nuevas fusiones?

Las entidades más débiles, aquellas que no sean capaces para asumir las nuevas provisiones ni contra el beneficio ni contra el capital, se verán obligadas a entregarse en manos de grupos más grandes y solventes. Los grandes grupos financieros españoles, Santander y BBVA, tienen un balance grande y diversificado, que les permitiría absorber cajas de tamaño medio. También las cajas más saneadas y grandes, como CaixaBank, pueden jugar un papel importante en la reordenación.

9. ¿Habrá ajustes de personal con la reordenación?

Cualquier proceso de fusión acaba suponiendo ajustes de personal y cierre de oficinas. En el caso del sector bancario español, el Gobierno considera que aún se debe reducir un 20% la capacidad instalada. Los expertos hablan de una reducción de la plantilla de entre 40.000 y 50.000 personas. Algunas entidades, como Banco Pastor (absorbido por Popular), Novagalicia o BMN ya están negociando los nuevos ajustes.

10. ¿Bastará esta medida para reactivar el crédito?

La exigencia de nuevos saneamientos en el ladrillo no es nueva. Entre enero de 2008 y junio de 2011, el sector bancario español ha destinado 105.000 millones de euros a provisiones (enlace a presentación del Banco de España). También se ha producido una intensa reforma del marco normativo de las cajas, que la mayoría de entidades hayan participado en fusiones y que más de la mitad del sector ya cotice en Bolsa. A pesar de estos esfuerzos, el crédito ha seguido contrayéndose ejercicio tras ejercicio. Los analistas destacan que hasta que la economía española no muestre algún síntoma de recuperación es imposible que el crédito se revitalice. En cualquier caso, la medida sí que servirá para mejorar la percepción en el extranjero de la banca española, lo que le permitirá financiarse a unos tipos mejores en el mercado de capitales.