Hacienda se convierte en el 'gran hermano' de las cuentas autonómicas
El Gobierno supervisará el detalle de los presupuestos regionales
El modelo autonómico cumplirá este año 34 años, sin embargo, las comunidades recibirán en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria un trato similar al que los padres dispensan a un hijo adolescente: cierta libertad bajo un control constante y con la amenaza siempre visible del castigo. El anteproyecto que remitió el viernes el Gobierno al Consejo de Estado institucionaliza una supervisión al detalle de las cuentas autonómicas. Estas son las principales novedades de la nueva ley:
Control sobre los presupuestos regionales
Hasta ahora, el Gobierno central establecía un control a posteriori en función de si las comunidades habían cumplido o no el objetivo de estabilidad. Con la nueva normativa, la supervisión será constante. Así, antes del primero de agosto de cada año, las comunidades autónomas deberán remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera el límite de gasto previsto para el ejercicio siguiente. Y, antes del primero de octubre, los Gobiernos autonómicos enviarán al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de sus presupuestos. Con esta información en su poder, Hacienda revisará si las cuentas se adecuan al objetivo de estabilidad, al límite de deuda y la regla de gasto. Además, elaborará recomendaciones que serán públicas. En los meses de octubre, noviembre y diciembre será cuando las comunidades aprobarán sus proyectos de presupuestos. El Gobierno central asegura que en ningún momento se vulnerará la autonomía financiera, ya que las comunidades decidirán libremente en qué gastan su dinero.
Los pasos para fijar el objetivo de estabilidad
Antes del primero de abril, Hacienda propondrá los objetivos de estabilidad y deuda pública, que deberán ser estudiados por el Consejo de Política Fiscal en el caso de las comunidades autónomas y por la Comisión Nacional de Administraciones Locales para los ayuntamientos. Con posterioridad, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto del presupuesto estatal y los objetivos de estabilidad, que deberán ser ratificados por el Congreso y el Senado. Durante el primer semestre, el Ministerio de Hacienda propondrá límites de déficit para cada una de las comunidades autónomas, una cifra que podrá diferir entre un territorio y otro. Esa posibilidad ya existe actualmente, sin embargo, el Ejecutivo siempre fijó un mismo objetivo para todas las comunidades.
La supervisión constante
Las comunidades deberán remitir mes a mes su estado de ingresos y gastos a un órgano dependiente de Hacienda bautizado con el nombre de Central de Informaciones. Ello permitirá que el Gobierno central conozca en cada momento la situación real de las cuentas autonómicas y el posible riesgo de desviación presupuestaria. Hasta ahora, las comunidades solo informaban trimestralmente al Gobierno. Además, Hacienda elaborará antes del 1 de abril un informe sobre el grado de cumplimiento presupuestario y otro el primero de octubre sobre el ejercicio anterior y el corriente.
El régimen sancionador
Cuando Hacienda observe que una comunidad corre el riesgo de incumplir el objetivo de déficit podrá lanzar una advertencia. En caso de que antes de un mes, la región apercibida no adopte medidas o que estas sean insuficientes se aplicarán sanciones como la eliminación de subvenciones. Si se incumplen los planes económicos y financieros que las comunidades que registran un déficit estructural deben presentar ante Hacienda, las sanciones podrán, en última instancia, acarrear una merma de las transferencias. Es decir, el Gobierno central tendrá capacidad para rebajar los anticipos a cuenta que cada mes reciben las comunidades en función de la previsión de ingresos. Ante el hipotético caso de que la Comisión Europea multe al Reino de España, el Ejecutivo trasladará la sanción a las Administraciones incumplidoras. Está previsto que Hacienda envíe una delegación de expertos a aquellos territorios responsables del desvío del déficit.
Reuniones para conocer la deuda a proveedores
Las comunidades deberán remitir al Gobierno central información acerca del volumen de su deuda con proveedores. A día de hoy, no se conoce con exactitud cuánto deben las comunidades al sector privado. Las primeras estimaciones empresariales apuntan a unos 14.000 millones. La mayor parte de esa cifra, el 70%, corresponde a impagos relacionados con la sanidad.El grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera trasladó a cada comunidad un formulario para que detallen tanto la cuantía de la deuda con proveedores, como el momento en que se originó. El mismo documento se remitirá a los ayuntamientos. Toda esta información servirá para que Hacienda articule una línea ICO que se utilizará exclusivamente para pagar a proveedores. Para acceder a esta nueva fuente de financiación, las comunidades deberán presentar un plan de ajuste complementario, aceptar requerimientos de información adicionales y aprobar medidas extraordinarias de saneamiento. Fuentes de Hacienda sostienen que, como cualquier banco que concede un préstamo, exigirán información trimestral sobre avales, líneas de crédito o deuda comercial.Todos estos requisitos también se aplicarán si las comunidades se acogen a la posibilidad de pagar en diez años en lugar de cinco la deuda que mantienen con el Estado por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En ambos ejercicios, las regiones recibieron unos anticipos que superaron la recaudación real, por lo que deben devolver esa diferencia. En cualquier caso, el Gobierno advierte que el deterioro de las previsiones económicas supondrá una reducción de las transferencias de este año.
Nueva rebaja de rating
La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó ayer el rating de cinco comunidades autónomas y mantuvo la nota de Baleares y Valencia tras bajar la calificación de España el pasado 13 de enero. En concreto, S&P degradó dos escalones la nota de Madrid, Galicia y Aragón, desde AA- hasta A, y un escalón a Canarias y Andalucía, que pasan de A+ hasta A. Unos descensos justificados en un marco institucional "potencialmente más débil" para las regiones y el posible impacto de un "deteriorado escenario económico". La firma también recortó en dos escalones, desde AA- hasta A, las calificaciones de la provincia y la ciudad de Barcelona, a las que sitúa en perspectiva negativa.