Estudio de la EAPN

Los españoles en riesgo de pobreza ya suman el 25% de la población

El número de españoles en situación o riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en un millón de personas entre 2009 y 2010, según un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). En esta situación ya se encuentran 11,6 millones de residentes en España.

"Es necesaria una profunda transformación de las políticas sociales en España para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la difícil situación económica", advirtió la representación de esta organización en Madrid. Los resultados del estudio parten del indicador europeo de riesgo de pobreza (Arope), que contempla variables como el número de hogares con renta inferior al 60% de la media nacional, la cifra de ciudadanos que no pueden acceder a ciertos bienes y servicios determinados o el escaso nivel de empleo entre los miembros de la unidad familiar.

La organización recuerda que las autoridades españolas se comprometieron a rebajar en millón y medio de personas el número de personas en riesgo de pobreza en 2009. Sin embargo, de momento, las cifras apuntan en la dirección contraria.

Diferencias autonómicas

La Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña fueron, por este orden, donde se registraron un mayor incremento del número de personas con riesgo de exclusión social. En cambio, la cifra se redujo en territorios como Asturias, Galicia o La Rioja.

Por otra parte, Extremadura es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de ciudadanos al borde de la pobreza (41,5%). Le sigue Canarias, Murcia y Andalucía. Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Madrid, Castilla y León y Cataluña.

Más política social

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social insta a las comunidades, sobre las que se sustenta el Estado del bienestar, a reformar las políticas sociales. Sin embargo, denuncian que el elevado déficit se traduce en una reducción del gasto social.