Una moratoria en el viento
La decisión del Gobierno de suprimir los incentivos económicos (o primas) a las nuevas instalaciones del régimen especial, en su mayoría renovables, así como el procedimiento para autorizar el pago de estas primas a través del registro de preasignación del Ministerio de Industria, ha cogido por sorpresa al sector. El real decreto ley aprobado el viernes por trámite de urgencia -para evitar que se cuelen los 550 MW fotovoltaicos que están en lista de espera para este año, tal como reconoce el propio texto legal- es el primer paso para una reforma más amplia encaminada a acabar con el déficit de tarifa, según explicó ese día el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Y, aunque la deuda que los consumidores han contraído con las eléctricas por decisión de anteriores Gobiernos nada tiene que ver con el déficit público (de hecho, se comenzó a generar en los años de mayor prosperidad), el ministro encuadró las medidas para frenar dicha deuda en las políticas de ajuste del PP contra la crisis económica. De ahí la confusión generada por Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al asegurar que la supresión de las primas a las renovables serviría para "aminorar el gasto público" al dejar de "estar primadas dichas energías en los Presupuestos Generales del Estado".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy justifica su medida (temporal, pero sine díe) en la necesidad de corregir el vertiginoso desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas que los ciudadanos pagan en la tarifa de acceso (o peajes). Una situación a la que se ha llegado -viene a decir el real decreto ley- por la proliferación de instalaciones renovables, que en 2010 superaron con creces los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, de la que no fueron ajenas las comunidades autónomas, al otorgar autorizaciones sin control. Un exceso de 70 puntos básicos respecto a dicho objetivo que daría holgura -dice el Gobierno- para cumplir con los objetivos a 2020 del nuevo Plan de Energías renovables, y que justificaría la moratoria que acaba de aprobar para atajar la sangría de un déficit de tarifa que suma ya 24.000 millones.
Al margen de referencias retóricas sobre lo que se debe hacer en el futuro ("diseñar un nuevo modelo retributivo para estas tecnologías teniendo en cuenta el nuevo escenario económico"), lo cierto es que el real decreto ley que cierra la ventanilla de futuras primas no sirve, hoy por hoy, para cauterizar el déficit de tarifa. Según palabras del ministro, "si no hacemos nada, crecerá a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 millones anuales, con lo que se convertiría en un problema financiero". Se desconoce el fundamento de la cifra ofrecida por el titular de Industria, pero, de tenerlo, la nueva moratoria difícilmente podrá atajarla.
Al evitar cualquier retroactividad (incluso la de tipo mínimo que permitiría la ley para las primas devengadas a partir de ahora a las instalaciones ya autorizadas), el Gobierno se ha limitado a poner negro sobre blanco a una moratoria que de facto ya aplica el propio mercado en crisis. De hecho, buena parte de los proyectos aprobados no se desarrollan finalmente por falta de financiación. Ello, pese a los avales exigidos.
Al mantener las primas para las instalaciones que están ya inscritas en el registro de preasignación, el nuevo real decreto ley indulta a los 1.200 MW termosolares que, por ser la tecnología menos madura recibe las mayores primas, y generará un gran volumen de déficit (1.600 millones, según Unesa). Las empresas termosolares son además las menos proclives a paralizar unos proyectos que les resultan muy rentables y son únicos para ellas, frente a las grandes eléctricas, que tienen tecnologías variadas y sobreproducción. También seguirán adelante otros 1.600 MW eólicos ya registrados y (he aquí una novedad no desvelada en el anuncio por Industria) las instalaciones que, habiendo solicitado la autorización definitiva, no la hayan recibido por la demora de la Administración.
¿Responde esta medida al temor del ministerio a cualquier posible retroactividad o a las presiones de algún inversor o inversores a punto de salvar la ventanilla? Todo un misterio que se une al de los megavatios que se hallarían en esta situación y que Industria debería publicar ya.
Según los datos de las empresas, quedarían fuera 4.500 MW eólicos, correspondientes a los concursos autonómicos y los 550 MW antes citados de las cuatro convocatorias de preasignación (un sistema específico para la fotovoltaica) de 2012. En este caso, en este sector reconocen que se podría construir la mitad, y en cuanto a la eólica, tampoco las grandes eléctricas (la más afectada sería Iberdrola con 800 MW) han mostrado demasiada preocupación. Con primas o sin ellas, pueden construir los parques y, teniendo en cuenta la crisis y el vacío legal sobre la retribución para las plantas eólicas que entren en funcionamiento en 2013, una ralentización tampoco les asusta.
Al respetar los incentivos de las renovables existentes y registradas, el Gobierno da por zanjadas las dudas sobre su apuesta por estas energías. Más oscuro es el panorama para la industria renovable; para los intereses creados en torno a la misma y, sobre todo, para la lucha contra el cambio climático. Y es que la ventanilla, si algún día vuelve a abrirse, ya no será la misma. Solo una cuestión más quedaría en el aire: si la moratoria renovable no servirá para paliar el déficit, ¿contra qué tecnología irá el Gobierno para lograrlo realmente?