La Generalitat confirma que no invertirá más recursos en Spanair

El gobierno catalán ha confirmado hoy que, debido a la crisis económica y a las limitaciones que comporta "la legislación europea" respecto a las ayudas a las aerolíneas, no invertirá más recursos en la compañía aérea Spanair.

En un comunicado, el ejecutivo catalán, uno de los principales accionistas de la compañía, afirma que ha impulsado de manera "activa y sistemática", en el último año, la búsqueda de un socio industrial que permitiera "la viabilidad de Spanair y consolidar la conectividad del aeropuerto de Barcelona".

Dado que las negociaciones con Qatar Airways no han culminado en ningún acuerdo, la Generalitat da por "concluida" la búsqueda de un socio industrial, y avanza que no aportará más capital.

"En un contexto de crisis económica como el actual, el gobierno catalán ha de ser extraordinariamente ciudadoso con sus prioridades de gasto", asegura el Govern, que junto al Ayuntamiento de Barcelona ha aportado 150 millones de euros en los últimos años a la aerolínea.

Asimismo, el gobierno catalán argumenta que "ha participado del proyecto teniendo en cuenta las limitaciones de la legislación europea referentes a la libre competencia".

Por todo ello, el Govern concluye que ambos factores "imposibilitan nuevas aportaciones de capital de la Generalitat", y precisa que así se lo ha comunicado al presidente del consejo de administración de la compañía y al presidente de Iniciativas Empresariales Aeronáuticas.

Esta última sociedad, que canaliza las aportaciones de las administraciones a Spanair, tiene el 85,6% del capital de la compañía aérea, mientras que un 10,9 % está en manos de la escandinava SAS y el 3,5% restante de los trabajadores.

En cualquier caso, el Govern reafirma su voluntad de "seguir trabajando para mejorar la conectividad del aeropuerto de Barcelona".

Con las ayudas públicas a Spanair, que prepara la suspensión de su actividad, el Govern corría el riesgo de que se cuestionara abiertamente su política de inversiones en un momento en que se ha visto obligado a aplicar recortes sustanciales en el gasto público.