Hacienda da oxígeno a las pymes al mejorar la fiscalidad de la reinversión
El Gobierno dará oxígeno a las pymes con la aprobación futura de una nueva exención en el impuesto sobre sociedades para las plusvalías por la venta de activos fijos si estas se reinvierten en la actividad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la rebaja del IRPF se producirá si la coyuntura lo permite y se centrará en subir los mínimos personales y familiares.
Cristóbal Montoro compareció ayer en el Congreso para dar cuentas de las líneas de actuación de Hacienda y Administraciones Públicas para esta legislatura. Lo más próximo es la aprobación hoy en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El ministro avanzó también algunas de las novedades de esta ley, que desarrolla el blindaje de la estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución en agosto pasado.
En el plano fiscal, Montoro se refirió a algunos compromisos plasmados en el programa electoral. El ministro se comprometió a que no habrá nuevas subidas de impuestos y subrayó que los recargos en el IRPF e IBI son temporales. Añadió que no cree que estas medidas tengan un impacto en la evolución de la economía ni en el consumo. Montoro mantiene el compromiso de bajar el IRPF cuando el escenario macroeconómico lo permita, pero se limitó a afirmar que el Gobierno estudiará "revisar los mínimos personales y familiares" para poder aumentarlos y equipar su cuantía independientemente del régimen de tributación por el que se opte.
En el impuesto sobre sociedades, "se estudiará" mantener los tipos reducidos para las empresas de reducida dimensión que creen empleo o lo mantengan. Montoro anunció que se estudia una nueva exención en el impuesto a las plusvalías que se generen en la transmisión de activos fijos de la empresa que se reinviertan "en otros activos vinculados a la actividad". También se trabaja en la mejora de la tributación de los beneficios no distribuidos. El Gobierno busca con estas medidas dar oxígeno a pymes y autónomos ante la dificultad de lograr financiación bancaria.
La Administración que no cumpla con el déficit tendrá que constituir un depósito
Estas y otras medidas de estímulo económico para pymes y autónomos se plasmarán en la Ley de Emprendedores, a la que Montoro puso ayer fecha de aprobación, el mes de abril. Se establecerá el IVA con criterio de caja para que el impuesto no se pague hasta que se cobre la factura correspondiente.
Con respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales, el programa del PP incluye su conversión en una tasa, pero Montoro avanzó ayer que se estudiará la implantación una reducción del tipo aplicable a las ventas de viviendas usadas entre particulares. También se mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones.
Con respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda obligará a todas las Administraciones que incumplan su plan de reequilibrio económico-financiero para corregir el exceso de déficit a constituir un depósito, "que podrá convertirse en una multa en caso de que los incumplimientos se reiteren". Montoro avanzó que las sanciones que se impongan a España por incumplir el pacto de estabilidad serán asumidas por las Administraciones incumplidoras de sus objetivos particulares.
La ley establece también mecanismos de "alerta temprana" ante las desviaciones presupuestarias y Hacienda se reserva la posibilidad de enviar una delegación a la Administración incumplidora para fiscalizar las cuentas. Montoro hizo hincapié en que así se trasladarán a España los mecanismos correctores que ya se aplican en la UE. Las Administraciones tendrán que cumplir con los objetivos de estabilidad para que les sean autorizadas emisiones de deuda.
Por otro lado, Montoro dio a entender ayer que la UE revisará los objetivos de crecimiento. Es más, emplazó a la Comisión Europea a que "acelere" la elaboración de estas previsiones porque son claves para elaborar el cuadro macroeconómico español, fijar el techo de gasto para 2012 y los Presupuestos Generales del Estado.
Advertencia a las autonomías con presupuesto de gasto al alza
Montoro dio ayer un toque de atención a las comunidades que están aprobando presupuestos al alza para 2012, un mensaje dirigido especialmente al Principado de Asturias y Andalucía. "No es el momento" de cuentas públicas de este tipo, subrayó tajante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Criticó que algunas Administraciones aprueben cuentas expansivas y se jacten de "tener en sus puertas colas de proveedores impagados".El Gobierno considera que estos presupuestos, que llamó incrementalistas, responden a una estimación de ingresos que no es real. Las comunidades que opten por esta vía tendrán que modificar sus cuentas una vez que se apruebe la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El ministro recordó tras su intervención en el Congreso que España está "en un momento de recesión" y "lo prioritario es no gastar más y endeudarse menos.
Montoro ve al sector público empresarial "fuera de control"
El titular de Hacienda cargó ayer las tintas contra el "mal llamado sector público empresarial". Vino a decir que los entes públicos no son sino "huidas del control del derecho público y la intervención". En estas empresas abunda "la toma de decisiones (de gasto) arbitrarias y fuera de control", por lo que emplazó a las Administraciones a "volver al redil de la conducta ortodoxa y transparente", propia de los Gobiernos europeos actuales.La prioridad del Gobierno es suprimir entes públicos, pues la privatización se utilizará solamente si hay posibilidad de incrementar la competencia y "no para hacer caja".En el terreno de las Administraciones públicas, Montoro avanzó que se busca una función pública "imparcial y de calidad", para lo que se desarrollará el Estatuto del Personal Funcionario de la Administración general del Estado.
Las cifras
1,5% es la caída del PIB que prevé el Banco de España para 2012. El Gobierno espera a las previsiones de la Comisión Europea para elaborar el cuadro macroeconómico, el techo de gasto y los Presupuestos de este año.60% del PIB es el tope al que podrá llegar la deuda de las Administraciones públicas tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.