Busca fórmulas para moderar el impacto de 50.000 millones de provisiones

La banca presiona para que se rebajen las exigencias de capital

El sector financiero negocia contra reloj con el Gobierno y el Banco de España para moderar el impacto de la exigencia de provisionar 50.000 millones de euros extras para cubrir el deterioro de sus activos inmobiliarios. Entre las peticiones sobre la mesa, un cálculo más favorable de los activos ponderados por riesgo y la posibilidad de utilizar la provisión genérica como capital.

La banca española mueve ficha. El anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el sector requiere de 50.000 millones adicionales de provisiones cayó como un jarro de agua fría y ahora bancos y cajas se movilizan para parar el golpe. Ante la firme decisión del Ejecutivo de mantener esa colosal cifra de saneamientos y optar por un calendario rápido, la única alternativa que le ha quedado a la industria es tratar de amortiguar al máximo el impacto de la nueva regulación, que se espera esté definida para mediados de febrero.

Uno de los caballos de batalla del sector es modificar los criterios de cálculo de los activos ponderados por riesgo (APR). Para determinar el nivel de solvencia de una entidad, se tiene en cuenta el volumen de capital de máxima calidad, como su tamaño (medido a través de los APR). Tanto los bancos como las cajas se quejaron, después de los últimos test de estrés llevados a cabo por la Autoridad Bancaria Europea, de que la fórmula para calcular esos APR les perjudicaba respecto a competidores de otros países. De hecho, según un informe elaborado por las entidades de crédito, el sistema bancario español ocupa las primeras posiciones en cuanto al peso de los APR sobre el total activo, por encima del 60%, frente a sistemas bancarios como el alemán, holandés o belga, con el 35%. Si se cambiara la forma de calcularlos, por tanto, se podría cumplir con los nuevos requerimientos de solvencia levantando menos capital del inicialmente previsto.

Fuentes del sector aseguran que han encontrado receptividad en el Banco de España para aceptar algunas de las reclamaciones en el cálculo de los APR, pero desde el supervisor se apunta que no existe una constancia formal de esta reivindicación. Alemania y Francia también se están movilizando para introducir modificaciones en la nueva normativa internacional de solvencia, conocida como Basilea III, al considerar que elevar demasiado rápido las exigencias de capital a la banca puede provocar una mayor restricción del crédito. El lunes, el Financial Times aseguraba que los ministros de Finanzas de ambos países han intentado que se alargue el calendario de implantación y que se mejore el régimen de los bancos que tienen filiales aseguradoras.

En España, además de una revisión de la fórmula de cálculo de los activos ponderados por riesgo, la industria financiera también está promoviendo que se tengan en cuenta las provisiones genéricas a la hora de calcular los niveles de capital. Este colchón de dotaciones asciende a algo menos de 8.000 millones.

En la última reunión de la comisión delegada para asuntos económicos del Gobierno, se trató la posibilidad de flexibilizar los plazos para hacer frente a las provisiones. A la espera de que se concrete la norma, el Ejecutivo es favorable a conceder un plazo de dos ejercicios a las entidades que decidan cargar las mayores exigencias de provisiones sobre los beneficios. El plazo será de un año si la entidad lo carga contra reservas. Además, se contempla la posibilidad de otorgar algún tipo de beneficio fiscal a las entidades que pongan en marcha una fusión.

Los planes del Gobierno, además de exigir unas provisiones adicionales por valor de 50.000 millones de euros, pasan por un intenso proceso de fusiones que deberá ponerse en marcha en los próximos meses. Desde el sector financiero, y en especial desde las cajas de ahorros, se critica la celeridad impuesta por el Gobierno en este proceso de concentración y "un cierto dirigismo" a la hora de fomentar estas operaciones, que además contemplan premiar a las entidades que aborden fusiones con un calendario de provisiones más holgado.

Sin ayudas

Dudas en el sector

Cada vez son más las voces del sector de cajas que denuncian la imposibilidad de acometer nuevos saneamientos sin ningún tipo de ayuda pública. El Gobierno se ha mostrado hasta el momento muy firme en su decisión de no ofrecer ni un euro más de los contribuyentes para apoyar nuevos ajustes.

Bruselas se ha convertido en la gran esperanza de las cajas. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) cuenta con la posibilidad de dar ayudas a entidades bancarias, una de las pocas salidas que le quedarían al Ejecutivo, que quiere evitar a toda costa incurrir en nuevos gastos.