Justicia negocia fórmulas para reponer las bajas

La crisis deja en el aire los 432 nuevos juzgados que exige el Poder Judicial

Las restricciones presupuestarias tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas alejan la posibilidad de que se puedan crear 432 plazas de juez que considera "prioritarias" el CGPJ para desatascar los tribunales. El Gobierno y el poder judicial negocian para buscar un destino a los 50 jueces que salen de la escuela en marzo.

Las limitaciones presupuestarias, que impone el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas dejan en el aire que se puedan crear en los próximos años 432 nuevas unidades judiciales, una cifra que el Consejo General del Poder Judicial estimó "prioritaria" en un informe aprobado por este órgano en junio de 2011. Los jueces argumentan que la crisis económica ha incrementado el número de asuntos que llegan a los juzgados, en prácticamente todas las áreas, por lo que piden la creación de 105 juzgados de lo social, 75 de primera instancia o 69 de mercantil.

No está prevista, por el momento, la creación de ninguna unidad judicial para 2012, aunque en el mundo judicial se espera con expectación lo que pueda anunciar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que se producirá el próximo miércoles en el Congreso. El CGPJ ha pedido a Ruiz-Gallardón que lo "perentorio" es crear 50 nuevas unidades judiciales para dar plaza a otros tantos integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporan el próximo mes de marzo.

El Ministerio de Justicia confirmó a CincoDías que hay negociaciones con el CGPJ para buscar destinos para estos 50 nuevos jueces, que podrían ir a reforzar juzgados más atascados.

El nuevo equipo de Justicia se ha encontrado con un considerable atasco en el sistema judicial, que tiene una base estructural pero que se ha visto incrementado por la mayor litigiosidad provocada por la crisis, y con el acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Gobierno para 2012 por 8.900 millones. Frente a 2011, el presupuesto de Justicia se ha visto reducido en 48 millones de euros.

Asuntos en estudio

"Todo está en estudio", afirman desde el Ministerio de Justicia, que ve complicado, pero no imposible, que se pueda atender esta demanda de 432 plazas nuevas que hizo el CGPJ. El nuevo equipo del ministerio sostiene que apenas lleva unos días en sus puestos y que no ha habido tiempo para examinar los asuntos. Una dificultad añadida es que en el acuerdo de medidas urgentes del 30 de diciembre el Gobierno estableció la tasa de reposición cero para funcionarios salvo en los servicios básicos, entre los que se cuentan la sanidad y la educación, entre otros.

"No está claro que no se vayan a reponer" los puestos de juez, afirman en Justicia, que está negociando también con el CGPJ cómo hacerlo. Un portavoz de una de las asociaciones judiciales pide que dentro del capítulo de servicios básicos pueda considerarse la justicia, ya que la mejor manera de garantizar la seguridad jurídica es incrementar la plantilla judicial. De hecho, el CGPJ mantiene que el atasco del sistema pone en peligro la tutela judicial efectiva.

Los jueces demandan al nuevo ministro que elabore un plan de creación de unidades judiciales para toda la legislatura para que el sistema pueda absorber las nuevas incorporaciones a la carrera judicial y "se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles".

También demandan que no se suspendan los procesos de incorporación, ya que entre el inicio de oposiciones y el tiempo de estancia en la escuela judicial pasan tres años, por lo que los nuevos jueces no empezarían a suponer un coste para la Administración hasta el año 2015, para cuando se espera que las cuentas públicas y la economía hayan experimentado una mejoría.

Tribunales de instancia, una medida con costes limitados

La creación de nuevos juzgados obliga a las comunidades a asumir costes de funcionarios y sedes judiciales en un momento de tensiones presupuestarias en casi todos los Gobiernos autonómicos. La alternativa que plantean los jueces es que para no generar más coste que la nómina del juez es que se destine a reforzar un juzgado ya creado o a un órgano colegiado.

El anterior equipo del Ministerio de Justicia, con Francisco Caamaño al frente, impulsó la creación de los tribunales de instancia. El proyecto de ley no terminó su tramitación en el Congreso de los Diputados porque la legislatura terminó anticipadamente por el adelanto electoral. El exministro Francisco Caamaño llegó a afirmar que de todos los proyectos de ley que se quedaron en el tintero el de la creación de los tribunales de instancia es el que más lamentaba que no hubiera salido adelante.

Básicamente, el proyecto consistía en no crear nuevos juzgados, sino que un mismo juzgado tenga varios jueces que se repartan los asuntos. Esto contribuiría a desatascar el sistema, pero sin incurrir en los costes que supone crear una nueva unidad. En ocasiones son las propias comunidades las que no quieren que se creen nuevas unidades judiciales en su territorio porque no disponen de fondos para sufragarlos. Fuentes judiciales explican que los tribunales de instancia funcionan con normalidad en países como Francia, que debería servir de ejemplo.

Primer peldaño. La introducción de los tribunales de instancia pretendía establecer órganos colectivos en el primer peldaño de acceso a la justicia. Esta solución estaba pensada para contribuir a agilizar el sistema sin incurrir en los costes que supone poner en marcha un nuevo juzgado.