Cataluña

La Generalitat sugiere que no reclamará en los tribunales los 759 millones del Estatut

La Generalitat de Cataluña ha abierto la puerta a la posibilidad de no reclarmar al Estado en los tribunales el pago de los 759 millones de euros que recoge la disposición adicional tercera del Estatut, según el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. "Esta cuestión se resolverá en los tribunales, o no", precisó.

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha suavizado la reclamación al Estado del pago pendiente de 2011 de los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut, dejando el aviso de acudir a los tribunales en un segundo plano.

En una entrevista de Catalunya Radio recogida por Europa Press ha argumentado que esta cuestión se resolverá "en los tribunales o no", aunque siempre estará presente en los contactos con el Estado y la vía judicial se mantiene viva a la espera de la respuesta formal del Gobierno.

"Lo que no haremos es no hablar de nada más hasta que no se resuelva, porque no sería razonable. No renunciaremos a eso, pero no dejaremos de llegar a acuerdos y concertaciones en muchas otras cosas", ha añadido.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este martes, Mas-Colell ha celebrado el "avance importante para resolver los problemas de liquidez de las comunidades autónomas en un aspecto importante que son los proveedores" a través de medidas como la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También se ha mostrado optimista sobre el anuncio del Gobierno de que está diseñando mecanismos ordinarios para facilitar también la refinanciación de deuda.

En cambio, ha recelado de la propuesta del Estado de simplificación del sector público, camino que Cataluña ya ha iniciado: "El Estado la debe tener principalmente respecto a sus propios organismos, y tener respeto de las competencias autonómicas. Nos inquieta el uso repetido del argumento de evitar duplicidades sin hacer referencia a quién tiene las competencias".

Respecto a las sanciones a las autonomías por incumplir el déficit, ha considerado que un sistema de sanción "solo puede funcionar con una actitud de lealtad por ambas partes", y que si el Gobierno no realiza pagos comprometidos, no puede reclamar luego que falta dinero.