Tiene pendientes otros 1.630 millones con acreedores comerciales

La SEPI arrastra una deuda de 3.425 millones por la actividad de Navantia

La SEPI arrastra una deuda a largo plazo de 3.425,1 millones de euros, en su mayor parte correspondiente a los créditos del Ministerio de Industria recibidos por Navantia para construir buques militares. El holding público tiene pendientes, además, otros 1.630,5 millones con acreedores comerciales.

Las cuentas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportan nuevos datos en pleno debate sobre el futuro del sector público empresarial y la necesidad de un plan de racionalización. El holding público, que agrupa a una quincena de empresas y cuenta con participaciones en nueve más, arrastra unas deudas a largo plazo de 3.425,1 millones de euros, según las cuentas del primer semestre de 2011, las últimas disponibles y a las que tuvo acceso CincoDías.

El grueso de esta deuda (3.003 millones) es imputable a Navantia y se corresponde con créditos del Ministerio de Industria recibidos para financiar la construcción de los grandes programas de buques y submarinos militares. Según los últimos datos que maneja Defensa, Industria ha financiado en un 80% de media los seis principales contratos de construcción para la Armada.

Incertidumbre

Navantia todavía debe devolver alrededor del 98% de los anticipos recibidos. El problema es que estos pagos dependen de que Defensa abone al grupo público de astilleros las cantidades acordadas según reciba los buques encargados. Y, dada la situación de asfixia financiera por la que atraviesa el departamento que ahora dirige Pedro Morenés, no está claro cómo ni cuándo Navantia podrá cobrar.

De hecho, resulta significativa la cifra de deudores comerciales que tiene pendientes de cobrar la SEPI que, a 30 de junio del año pasado, ascendían a 1.395,6 millones, en buena parte por los pagos que no ha materializado Defensa.

Por el otro lado, aparte de la deuda a largo plazo, la SEPI tiene pendientes otros 1.630,5 millones de euros que debe a corto plazo a acreedores comerciales.

En los dos últimos ejercicios, el holding ha hecho un esfuerzo por adelgazar su estructura, lo que se ha traducido en la desaparición de casi quince sociedades (algunas liquidadas y disueltas definitivamente, como Astilleros Españoles; otras integradas en sociedades más amplias, como Infoinvest) y en un ajuste de la plantilla media del grupo gracias a las bajas en la minera Hunosa y al recorte de contratos en Tragsa, empresa en la que más de la mitad de la plantilla (15.405 personas a mediados del año pasado) es eventual.

Pese a todo, las pérdidas de explotación que registró el grupo en 2010 fueron de 143 millones de euros. A 30 de junio de 2011 eran de 5,63 millones.

Posibles desinversiones en cotizadas por 928 millones

Las posibilidades de hacer caja que tiene la SEPI son, en principio, más bien limitadas. Ya no hay grandes joyas de la corona, como sucedía en las etapas en las que era posible privatizar empresas como Endesa, Telefónica o Iberia.

Las sociedades que ahora forman parte de la órbita del holding estatal no tienen ni el atractivo y ni el potencial de los antiguos monopolios públicos y, en buena parte de los casos, solo tienen garantizada su existencia bajo el paraguas del Estado. Así sucede, por ejemplo, con la minera Hunosa, en un sector en retirada y con unas pérdidas crónicas que en 2010 rondaron los 110 millones de euros. O Navantia, que también suma varios ejercicios en números rojos y cuyo carácter estratégico para la Armada hace que su privatización sea casi impensable.

Otra participación estratégica es la del 5,47% que el grupo mantiene en el consorcio aeroespacial europeo EADS. Si España quiere que su industria aeronáutica mantenga la carga de trabajo que generan el grupo europeo y sus filiales, tiene que seguir en el accionariado de la compañía. Un accionariado en el que, por ahora, no están dispuestos a entrar inversores privados españoles. El Gobierno del PSOE los ha buscado en los últimos años y no los ha encontrado.

De momento, donde la SEPI cuenta con todos los permisos pertinentes para vender es en IAG (el consorcio surgido de la fusión de Iberia y British Airways), en Ebro Foods y en Red Eléctrica. A los precios a los que la Bolsa cerró ayer, la colocación de estas participaciones le reportaría a la SEPI unos 928,4 millones de euros.

Así, el 2,71% que mantiene en la antigua Iberia vale 92,65 millones (la acción cerró a 1,84 euros). Por su parte, el 8,65% de Ebro Foods se pagaría a unos 374,76 millones (cotiza a 14,78 euros) y un 10% de Red Eléctrica, a 461,38 millones (a 34,65 euros por acción).

La cifra

27.379 personas formaban parte de la plantilla de la SEPI a 30 de junio de 2011, en su mayoría dentro de Tragsa (56%) y Navantia (21%).