CiU apoya los recortes del PP con la vista en el pacto fiscal
El Congreso convalidó ayer el real decreto ley de medidas anticrisis y recorte de gasto de 8.900 millones que aprobó el Gobierno el 30 de diciembre. Lo hizo con el apoyo de CiU, cuya principal prioridad para la legislatura es lograr un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Ambas partes negaron públicamente que esta haya sido la contrapartida que ha llevado a CiU a apoyar el primer plan de recortes del PP en la legislatura.
CiU, tercera fuerza política del Congreso, dio ayer el voto afirmativo a la convalidación del real decreto ley de medidas económicas urgentes que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre y que supone el primer paquete de recortes de la legislatura para reducir el déficit al 4,4% a final de año. Supone una reducción del gasto inicial de 8.900 millones de euros, pero el ajuste total en el ejercicio será de entre 36.500 y 40.000 millones de euros.
El Gobierno y CiU retoman las relaciones después de que la coalición votara en sentido negativo en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Entonces, los nacionalistas justificaron su negativa en que el Rajoy no había hecho ni mención a la posibilidad de un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Esta es la mayor prioridad de CiU para Cataluña, pero tanto la coalición como el Gobierno niegan que el Gobierno haya accedido a hablar del pacto fiscal a cambio del voto afirmativo a los primeros recortes. Entonces el voto negativo causó sorpresa porque se preveía una abstención. Con el voto favorable de ayer CiU recuperación la sintonía con el PP y este suma un apoyo de calidad. El Gobierno tiene mayoría absoluta en la Cámara y no necesita hacer cesiones para apoyos adicionales, recuerda el PP.
Frenar ataques a la deuda
Las cuentas de 2012 no se aprobarán antes de las elecciones andaluzas, que serán el 25 de marzo
CiU apoyó ayer al Gobierno por "coherencia, responsabilidad y ante la situación de crisis" y para "frenar los ataques a la deuda soberana". El portavoz, Josep Sánchez-Llibre, aseguró que hay coincidencia en las medidas a adoptar. Hay "reciprocidad" ya que el PP ha apoyado las medidas de CiU en Cataluña y, ahora, viceversa. En cualquier caso, Sánchez-Llibre subrayó que no había una sola medida en el real decreto ley de estímulo económico y criticó la subida del IRPF. Los nacionalistas estarán vigilantes a que la subida fiscal sea temporal.
El real decreto ley salió adelante con 197 votos a favor (PP, CiU y UPN), 138 en contra y cuatro abstenciones. El paquete de medidas supone un recorte de gasto de 8.900 millones de euros, entre ellas una reducción del presupuesto de RTVE de 200 millones, y subidas de impuestos con los que se pretende recaudar otros 6.200 millones. El Congreso dio el visto bueno a una subida del IRPF de entre el 0,75% y el 7% y un recargo en el IBI para este año y el próximo de entre el 4% y el 10%. También se validó la recuperación de las deducciones por compra de vivienda y el mantenimiento del IVA superreducido en 2012. El paquete incluye la actualización de las pensiones la prolongación de la jornada de los funcionarios dos horas y media semanales.
El debate sobre el paquete de medidas anticrisis estuvo marcado por los reproches mutuos entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso. Montoro reconoció sin ambages que se trata del mayor recorte presupuestario de la historia de la democracia, pero que no recae "ni un ápice" sobre los más débiles. Acusó al anterior Gobierno de "falsear" ya que se negó a comunicar al PP que el déficit previsto al cierre del ejercicio iba a seguir de en torno al 8% y no del 6%, lo que supone una desviación de 20.000 millones.
Montoro esgrimió un tono casi agresivo para reprochar al PSOE que no apoyara unas medidas tendentes a reducir del déficit público. "No está España para tópicos. Está para que la política ponga las luces largas para salir de la crisis", espetó el ministro de Hacienda al portavoz socialista, al que acusó de escudarse "en los tópicos". Alonso acusó al PP de "ser poco explícito" sobre sus planes previos a la llegada al Gobierno y dijo que el Ejecutivo saliente le facilitó "todos los datos". El portavoz socialista tildó de "injusta" la subida fiscal, que en el caso del IRPF "penaliza a 19 millones de contribuyentes", y acusó el PP de consumar "un engaño objetivo".
Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Aspiazu, justificó su negativa a apoyar el real decreto ley especialmente por lo que supondrá de reducción de las inversiones en infraestructuras y en I+D+i, partida en la que se reducen las subvenciones en 600 millones. En opinión de los nacionalistas vascos, el ajuste hará crecer la parados y no reducirá el déficit.
El Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado antes del 31 de marzo, pero durante ese mes "se conocerán muchos detalles" de las cuentas para 2012, que han de concretar el ajuste definitivo para cumplir con el objetivo de déficit del 4,4%. El Ejecutivo no tiene previsto hacerlo antes del 25 de marzo, fecha para la que están convocadas las elecciones andaluzas.
Sanción para las comunidades con más déficit
El Gobierno estudia la posibilidad de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recoja sanciones a las comunidades autónomas que incumplan el techo de déficit y gasto, "en línea con lo que aplica la UE con los Estados miembros" (por ejemplo, retirada de determinadas ayudas o fondos públicos). Esa posibilidad fue presentada ayer por Montoro a los consejeros económicos de las comunidades gobernadas por el PP, con los que se reunió por la tarde en la sede del partido.El ministro de Hacienda reafirmó en ese foro el "pleno respeto a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades", según el comunicado emitido por el PP al cierre de la reunión. Ese comentario avala la postura de la Comunidad de Madrid, que estudia la posibilidad de rebajar su tramo en el IRPF, mientras la Administración central lo acaba de elevar. El ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió días atrás de que las regiones tendrían que someter sus presupuestos a control central previo.Según las estimaciones del Gobierno, unos 15.000 de los 20.000 millones de euros de la desviación del déficit público de 2011 corresponde a las comunidades, por lo que Montoro enfatizó la necesidad de recortar el gasto. En todo caso, el ministro de Hacienda recalcó que el grueso de los ajustes anunciados hace dos semanas "lo soportará la Administración central", y la subida de impuestos "supondrá una inyección de recursos adicionales para las comunidades", que sufren una necesidad "perentoria" de fondos para financiar los servicios públicos.Montoro reiteró a los responsables económicos de las comunidades gobernadas por el Partido Popular la solicitud de máxima colaboración en la eliminación de entes públicos.Por su parte, la Comunidad Valenciana aprovechó la reunión con el ministro de Hacienda para presentar una propuesta para implantar un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore sus ingresos.