Cavaco Silva: la caída del déficit debe llegar sin medidas excepcionales
El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha explicado que la reducción del déficit debe lograrse en 2012 sin medidas excepcionales, en relación a la transferencia estatal del fondo de pensiones de la banca que promulgó recientemente.
La Jefatura de Estado ha emitido un comunicado para justificar la sanción a esta ley, aprobada en diciembre por el Gobierno conservador luso con la intención de cerrar el déficit público en torno al 4%, que representa una brusca caída frente a 2010 (9,8%).
"Los objetivos presupuestarios serán alcanzados en el futuro a través de medidas corrientes y reformas estructurales, de modo que la consolidación de las cuentas públicas no esté dependiente de la adopción de medidas de esta naturaleza", refiere la nota presidencial.
La ley promulgada establece que la Seguridad Social recibirá durante este año 6.000 millones de euros del sector bancario portugués, al que se le permite transferir hasta el 50% del montante en deuda pública.
Se trata de una forma "extraordinaria de reducir el déficit presupuestario", pero que "no contribuye" para la viabilidad de las finanzas públicas, pues, a pesar de registrarse como ingreso, en el futuro será una operación "onerosa", concluye el comunicado.
Portugal está al abrigo de un draconiano programa de asistencia financiera desde el pasado mayo por el cual debe de reducir su déficit al 4,5% en 2012 y acometer diversas reformas a cambio del préstamo de 78.000 millones de euros concedido por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo luso ya se ha comprometido con ambos organismos a no volver a acudir a iniciativas extraordinarias.
De acuerdo con cálculos extra-oficiales, sin tener en cuenta la operación con los fondos de pensiones de la banca, el déficit de 2011 rondará el 7,5%, por lo que la reducción de 2012 se estima en 3 puntos porcentuales.
Portugal ejecuta este año el presupuesto más estricto de los últimos 30 años y, entre otras medidas, recortará salarios en el sector público y pensiones, endurecerá su legislación laboral y recortará en Sanidad y otras partidas sociales.