Nuevo capítulo en el terreno judicial

Los sindicatos denuncian en Anticorrupción la gestión de CAM

Acusan de posibles delitos de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional al antiguo equipo directivo.

La escandalosa gestión de Caja de Ahorros del Mediterráneo, adjudicada recientemente en subasta a Banco Sabadell, registró ayer un nuevo capítulo en el terreno judicial. Los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSICA y SICAM, solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que investigue la legalidad de la concesión de una póliza de pensión vitalicia a favor de antiguos miembros del Comité de Dirección de la caja alicantina. En concreto, la denuncia, que llega una vez resuelto el destino de CAM, ha sido interpuesta en contra de Modesto Crespo, expresidente de CAM, Roberto López, ex director general, y María Dolores Amorós, directora general hasta el momento de la intervención de la entidad por parte del Banco de España. La denuncia se fundamenta en que "la supuesta póliza de previsión social complementaria fue contratada sin la aprobación ni conocimiento del consejo de administración", explicaba ayer CC OO en un comunicado. Los sindicatos denunciantes señalan que tal actuación podría dar lugar a presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional.

Los sindicatos critican igualmente que la gestión del antiguo comité de dirección de la caja provocó su intervención y ha puesto en peligro el empleo de sus más de 6.000 trabajadores. Su denuncia ante la Fiscalía de Alicante se añade a la investigación que ya quedó abierta el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional de Madrid, cuando el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite una querella contra la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por los presuntos delitos de estafa, delito societario y falsedad documental. De este modo se iniciaba el proceso judicial contra la exdirectiva, que previamente había sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

El detonante para la denuncia, presentada por el letrado Diego de Ramón, fue la pensión vitalicia de la ex directora general de 369.497 euros por ejercicio.

La intervención de CAM el pasado mes de julio reveló un agujero patrimonial de 2.800 millones de euros, que fueron cubiertos inicialmente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), si bien el saneamiento completo de la entidad ha tenido un coste de 5.250 millones de euros. A esta cifra, que corre a cuenta de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, se suman las garantías por el 80% de las pérdidas futuras, durante diez años, que recibirá Banco Sabadell.