16.500 millones de euros por concretar
Los que acusaron a Mariano Rajoy de ocultar su programa real para asegurarse una victoria holgada el 20-N han perdido hoy parte de su argumento: Acabó la campaña electoral, el PP logró una arrolladora mayoría absoluta y Mariano Rajoy conseguirá mañana realizar el sueño que se le escapaba desde hace casi ocho años: convertirse en presidente del Gobierno de la Nación. Pese a ello, cuando no quedan motivos de ocultamiento claros, el líder popular ha despachado su discurso de investidura sin dar ningún detalle de las medidas "no gratas" que, según prometió la semana pasada, habría de concretar hoy.
No han faltado algunos anuncios, como la supresión de los puentes laborales con el paso de las fiestas al lunes, la limitación de las prejubilaciones a circunstancias excepcionales o la no reposición de empleo público no esencial, pero el grueso del discurso se ha ceñido a constatar las dificultades económicas del país y a reiterar sus vagas promesas electorales. Por lo que parece, habrá que conformarse con volver a escuchar que la mejor política económica es la que crea empleo. Ya, pero, ¿cómo?
Rajoy sí ha comunicado que el ajuste que nos queda para 2012 será de 16.500 millones de euros. De dónde se sacarán sigue siendo una incógnita: todavía no sabemos si se volverá a subir el IVA o si los funcionaros sufrirán un nuevo recorte salarial. A lo más que ha llegado el que será sexto presidente de la actual democracia es a reiterar que se actualizarán las pensiones, medida recibida con aplausos desde la bancada popular y que, según Rajoy, sería "el único compromiso de incremento de gasto" que se le escucharía asumir. Tampoco se le escuchó, al menos cifrado, compromiso alguno respecto al ajuste pendiente.
Aparte de los cuatro o cinco anuncios con la vista puesta en el largo plazo, respecto de lo acuciante nos hemos quedado como estábamos, si acaso algo más informados respecto a las fechas en que se irán despejando las dudas. Lo que se sabe es que el Consejo de Ministros del 30 de diciembre prorrogará los Presupuestos de 2011 y que, ya en enero, se presentará la primera ley de la XI legislatura: la de desarrollo de la reforma constitucional que introdujo la estabilidad fiscal. Después, el Gobierno actualizará el Programa de Estabilidad, para presentar los Presupuestos de 2012 antes del 31 de marzo.
En el primer trimestre del año se remitirá al Congreso la reforma laboral, que "promoverá la seguridad del empleado y la flexibilidad interna en las empresas". Una vez más, latiguillos que casi nadie discutiría, pero que quedan huecos de significado concreto. Tampoco, a priori, habría por qué disentir de la necesidad de mejorar la transparencia y eficiencia del sector público, el apoyo a los emprendedores o la independencia de los organismos reguladores, sujetos todos de otras tantas leyes cuyo contenido se conocerá en el primer trimestre.
Respecto a la reestructuración del sistema financiero, al menos hemos sabido que se basará en nuevas fusiones y recapitalizaciones, así como en una mayor "tecnificación" en la regulación que ejerce el Banco de España. En materia de tributación, también habrá reformas que promuevan la justicia y la eficiencia. Ni una pega que poner, hasta que se sepa cómo se promoverán valores tan compartidos.
Para conocer alguna cifra más, aparte del objetivo de recorte de 16.500 millones de euros, habrá que seguir esperando, mientras los mercados afilan los dientes.