Rajoy defenderá ajustes duros y un reparto equitativo de los recortes
El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, detallará hoy en el debate de investidura las principales medidas que pondrá en marcha en la primera parte de la legislatura para crear empleo, estabilizar las cuentas públicas y lograr que el crédito bancario fluya de nuevo. La pretensión de Rajoy de repartir los costes de salida de la crisis de forma equitativa abre la puerta a ajustes poco gratos en todos los sectores y colectivos.
Mariano Rajoy anticipará hoy en el Congreso de los Diputados algunas de las medidas que su Gobierno adoptará en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, el segundo de la nueva legislatura, ya que se prevé que el del 23 de diciembre sea más de toma de contacto. También dará detalles de cómo piensa recortar el déficit público para cumplir con los objetivos del Plan de Estabilidad, qué modificaciones quiere introducir en el mercado laboral para cortar la sangría del paro y cómo pretende sacar al mercado los activos dañados -viviendas y suelo- de las entidades financieras para "sanear sus balances" y lograr que estas vuelvan a financiar a empresas y familias.
Dirigentes del PP admiten públicamente que las medidas "no serán muy populares" y podrían ir en la línea de lo que pidió el BCE al Gobierno en agosto pasado: una devaluación competitiva. Rajoy advirtió la semana pasada que "hay que hacer reformas para poder competir en un mundo abierto y global, para producir mejor y, por tanto, a menor coste".
Los mercados esperan que las actuaciones del Gobierno del PP estén guiadas por el realismo, con previsiones de crecimiento, ingresos y gastos acordes a la situación. Se le demanda también eficacia y austeridad para componer un Gobierno con una estructura lo más ligera posible, formado por entre 10 y 11 ministerios. El amplio apoyo parlamentario del PP, con mayoría absoluta de 186 diputados, tiene que dar a Rajoy un plus de valentía para tomar medidas que van a escocer.
Reforma laboral
Rajoy se va a encontrar una legislatura que arranca con 5 millones de desempleados, una cifra que en el PP considera que se verá rebasada cuando se publique la EPA del último trimestre del año. El equipo económico popular cree que el mercado laboral español "funciona mucho peor que en otros países". En primer lugar, se quiere romper la ligazón subida de IPC-subida de salarios porque esta fórmula ignora el ciclo económico. El convenio o acuerdo de empresa tendrá todo el protagonismo a efectos de negociación de la jornada laboral y los salarios. En segundo lugar, el PP pretende dar un vuelco a la formación en España para sacarle más partido a los 4.000 millones de euros que se destinan a esta partida cada año. En tercer término, la reforma pasa también por potenciar al máximo la intermediación privada. "Si a una empresa de recolocación se le paga por colocar a un trabajador, tiene más ganas de hacerlo; si el trabajador rechaza un trabajo, está más vigilado y, en tercer lugar, tendrá la iniciativa de una empresa de buscar diferentes opciones, que no es lo mismo que una oficina de empleo", dicen en el PP.
El Gobierno de Rajoy pretende extender la solución extrajudicial de conflictos, reformar las mutuas para controlar mejor el absentismo laboral y reducir la tipología de contratos laborales. Esta reducción podría suponer un abaratamiento de los costes del despido si desaparecen las figuras contractuales con indemnizaciones más elevadas. El PP ha emplazado a patronal y sindicatos a que en la semana siguiente a Reyes envíen propuestas sobre todos estos asuntos. La CEOE está poniendo encima de la mesa propuestas como los denominados minijobs, que ya pidió a España el BCE, o una congelación salarial en las empresas hasta el año 2015.
Control del déficit público
El PP pretende trasladar un mensaje de confianza a los mercados a través de un ajuste creíble en las cuentas públicas. "Si durante mucho tiempo uno vive por encima de sus posibilidades corre el riesgo de no poder devolver el dinero que te han prestado para vivir por encima de tus posibilidades o de que no te vuelvan a prestar nunca más", vino a decir el propio Rajoy hace unos días. Las primeras medidas del nuevo Gobierno irán pues encaminadas a cumplir inexorablemente con los objetivos de déficit del 4,4% en 2012 y 3% en 2013.
El PP no podrá aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 hasta marzo probablemente, pero desea que estos estén perfectamente alineados con el control del gasto público que impregna la reforma de la Constitución que acordaron PP y PSOE en verano y que ha de ser desarrollada mediante una ley orgánica antes del 30 de junio. Lo que sí va a establecer Rajoy cuanto antes es una previsión de crecimiento económico para 2012 para que comunidades y ayuntamientos puedan elaborar presupuestos realistas para el próximo año.
Para incrementar los ingresos, el PP ha descartado tocar los grandes impuestos, como el IVA, y apunta más a estímulos a la actividad económica que animen la recaudación. Para mejorar la liquidez de pymes y autónomos, se aprobará que el IVA se pague con criterio de caja para que el impuesto se liquide cuando la factura correspondiente se haya cobrado. También se reducirá la tributación por Sociedades si el beneficio se reinvierte y Rajoy se comprometió ante el colectivo de autónomos a modificar el sistema de tributación por módulos para ajustarlos a la coyuntura económica.
El PP es partidario de bajar impuestos pero en las últimas semanas este mensaje ha dejado de escucharse a medida que la situación de la economía se ha deteriorado. El Gobierno de Rajoy impulsará una rebaja de la presión fiscal cuando la estabilidad de las cuentas públicas se haya conseguido, es decir, presumiblemente en la parte final de la legislatura. "Primero hay que poner la economía en pie", aseguran en el equipo económico del PP. Sí ha descartado subir los grandes impuestos "porque la vaca ya no da más leche".
Reordenación del sector financiero
La reestructuración del sistema financiero es otra de las prioridades del PP para la primera parte de la legislatura para que haya crédito y, por ende, inversión, consumo, crecimiento económico y empleo. La frase del programa electoral que más ha dado que hablar es: "Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen". Se trata de un enunciado ambiguamente calculado. En el PP aseguran que hay varias opciones sobre la mesa para "sanear los balances" de las entidades financieras y ayudarlas a liberarse del lastre que supone tener en cartera suelo y viviendas que no tienen salida al mercado a los precios que bancos y cajas pretenden.
El PP se ha mostrado públicamente en contra de la creación de lo que se conoce como banco malo, una entidad que aglutinaría los activos tóxicos -unos 102.000 millones de euros- de bancos y cajas con problemas. Esta opción sería dar un paso más en la estrategia basada hasta ahora, que se ha centrado en las fusiones entre entidades y en la recapitalización de estas. El coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, ha rechazado públicamente la creación de un banco malo porque supondría que las pérdidas de las entidades serían asumidas por todos los ciudadanos y apuesta por "soluciones intermedias". Esta es una de las incógnitas que tiene que resolver el PP y que Mariano Rajoy podría empezar a desvelar en su discurso de hoy.
Lo que sí parece estar confirmado es que en el mercado español se producirá una nueva tanda de fusiones. De hecho, el propio Mariano Rajoy ya adelantó la semana pasada que ha de quedar al final del proceso un grupo "necesariamente menor" de entidades financieras en España "que cumplan con su función de dar crédito y no generen la más mínima duda sobre su situación".
Reforma energética y educativa
Tras la reforma laboral, Rajoy tiene en cartera acometer modificaciones en otros ámbitos, como el energético, educativo o el de los emprendedores. En la legislatura 1996-2000 el PP limitó la subida del recibo de la luz para controlar el IPC y los costes de las empresas, una medida que ha generado un voluminoso déficit de tarifa acumulado de 20.000 millones de euros con el que tendrá que lidiar. La patronal eléctrica ya le ha pedido a Rajoy que suba el precio de la electricidad un 15% de media en 2012. Este paquete de reformas no sería inminente.