Madrid o País Vasco, con unas cuentas robustas, sufren el efecto contagio

S&P no discrimina y amenaza con rebajas de rating a regiones saneadas

Standard & Poor's (S&P) amenazó ayer con rebajar el rating a regiones como Madrid o el País Vasco, que cuentan con unas cuentas relativamente saneadas. Ambos territorios sufren la desconfianza de la agencia de calificación hacia el conjunto de la economía española.

El muy criticado informe de S&P publicado el lunes que amenazó, en vísperas de la Cumbre del Euro, con una rebaja general de calificaciones tuvo su réplica en la madrugada del jueves. La misma agencia puso bajo vigilancia negativa a 35 entes territoriales de la eurozona.

Entre ellos se encuentran Aragón, Galicia, Canarias, la Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, la ciudad de Barcelona y su provincia y Vizcaya. Todas estas Administraciones podrían perder dos peldaños de su nota si las conclusiones de la vital reunión en Bruselas no acaba, según la visión particular de S&P, con resultados satisfactorios.

Resulta frustrante para los Gobiernos autonómicos que mantienen unas cuentas saneadas ver cómo ello resulta insuficiente para evitar un hipotético mazazo de las agencias de calificación. Además, una rebaja de rating implica encarecer la financiación, lo que a su vez dificulta mantener la senda de consolidación fiscal. El caso del País Vasco resulta ilustrativo. Es una de las pocas regiones de toda la zona euro que puede presumir de mantener superávit fiscal que alcanzó el 0,6% del PIB en el tercer trimestre. Además, su nivel de deuda pública no supera el 8% del PIB, el menor nivel de todas las comunidades autónomas con la excepción de Madrid.

La región presidida por Esperanza Aguirre es otro de los territorios que no tiene motivos para avergonzarse cuando pide financiación. Presenta un déficit público de solo el 0,47% del PIB y todo apunta que será una de las pocas comunidades que cumplirá el objetivo de estabilidad, que establece que las regiones no pueden presentar unos números rojos por encima del 1,3% del PIB.

Tanto las cifras de Madrid como del País Vasco son de triple A. En cualquier caso, es cierto que sus finanzas dependen de la evolución de toda la economía española y, por tanto, también resulta lógico que les afecte en su rating las dudas acerca de la deuda soberana del conjunto del Estado. De hecho, este es el argumento que esgrime el informe de S&P para poner bajo vigilancia a 30 regiones de la eurozona.

Una reacción tardía

A pesar de las críticas que están recibiendo las agencias de calificación, los fríos datos indican que existen razones para dudar de la solvencia de las comunidades autónomas. Muchas de ellas están aplicando duros ajustes o emitiendo bonos patrióticos para poder hacer frente al pago de las nóminas, lo que refleja la delicada situación financiera.

Un fracaso en la cumbre del euro supondría una pérdida de calificación para muchas comunidades que acercaría su rating al nivel de "especulativa". Para Moody's, la deuda a largo de la Generalitat de Cataluña tiene una nota de Baa2 con perspectiva negativa. Eso significa que solo se encuentra a dos eslabones del temido bono basura.

En cualquier caso, las comunidades han comprendido que la situación resulta insostenible y se han lanzado a aprobar planes de austeridad que permitan recortar el gasto y, por otra parte, supongan lanzar un mensaje claro a los mercados de su compromiso por cumplir la senda de reducción del déficit.

Castilla-La Mancha, un rating de país rescatado

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que presenta un peor rating. Moody's rebajó de golpe en octubre su nota cuatro eslabones de A3 a Ba2, lo que supone equiparar la deuda de Castilla-La Mancha a un bono basura. De hecho, países como Irlanda o Portugal, que han precisado de la ayuda de la UE para evitar la quiebra, presentan un mejor rating que la comunidad gobernada por María Dolores de Cospedal.

De hecho, el Ejecutivo autonómico reconoce que cerrará el año con un déficit del 8,47% del PIB en términos de contabilidad nacional, un nivel muy por encima del 1,3% que exige el Ministerio de Economía. En cualquier caso, el Gobierno de Cospedal asegura que, en los próximos años, corregirá las desviaciones negativas. Además de aplicar duros ajuste del gasto, el miércoles presentaron una Ley de Estabilidad Presupuestaria que obligará al Ejecutivo a presupuestar en equilibrio y prohíbe expresamente incurrir en déficit salvo casos excepcionales.

A pesar de ello, las agencias de calificación se muestran desconfiadas acerca de las posibilidades de las comunidades de cumplir la senda de consolidación fiscal. Y más en un momento en que la economía española, tras estancarse en el tercer trimestre, avanza inexorable hacia tasas negativas de PIB. Y, si cae la actividad, también lo hacen los ingresos fiscales, lo que obligará a todas la Administraciones a asumir recortes más drásticos si quieren cumplir el objetivo de estabilidad. En este sentido, las declaraciones que llegan desde Europa tampoco ayudan a generar confianza. El presidente del BCE, Mario Draghi, indicó ayer que, previsiblemente, las próximas previsiones situarán a la economía de la zona euro en recesión.