Castilla-La Mancha anticipa la nueva política del 'déficit cero' que propugna el PP

Las regiones aceleran las leyes de estabilidad para satisfacer a Rajoy

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó ayer un anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que prohíbe incurrir en déficit público. El resto de comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, seguirán en breve el mismo camino. La normativa autonómica complementará la aprobación en el Congreso de una nueva Ley de Estabilidad mucho más restrictiva que la actual.

El incremento exponencial de los números rojos en todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local) ha evidenciado la ineficacia de la aún vigente Ley de Estabilidad. La victoria electoral de Mariano Rajoy ha empujado a las comunidades a aprobar sus respectivas leyes de estabilidad, un compromiso que ya adquirieron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio.

Así, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomó ayer en consideración un anteproyecto que obliga al Ejecutivo a presupuestar en equilibrio, "salvo catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia". Estos supuestos son los mismos que aparecen en el artículo 135 de la Constitución española, que el Gobierno de Zapatero, con el apoyo del PP, modificó en septiembre.

Por otra parte, Castilla-La Mancha -la comunidad que está aprobando un mayor ajuste fiscal- también establecerá por ley que el "gasto no financiero" se vincule al ciclo económico" y se limite su crecimiento "a los ejercicios presupuestarios en los que se espere una tasa de variación del PIB real igual o superior al 2%". El anteproyecto incluye un fondo de reserva que obligará al Ejecutivo regional a destinar cualquier excedente de ingresos a la amortización de deuda.

El camino emprendido por Castilla-La Mancha será seguido por el resto de comunidades. El cambio más drástico se producirá cuando el Congreso apruebe la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que presentará el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa incluirá un techo de gasto para el conjunto de Administraciones públicas y limitará el endeudamiento. La normativa irá más allá de la actual Ley de Estabilidad, que permitía un déficit del 0,75% para las comunidades en caso de que la previsiones de crecimiento no se cumplieran.

En principio, la ideología del déficit cero marcará la nueva Ley de Estabilidad, donde se especificará claramente los supuestos excepcionales que pueden llevar a una Administración a incurrir en déficit. Asimismo, se indicará el plazo de corrección de las desviaciones y posibles sanciones derivadas de los incumplimientos.

Sanciones a los gestores

Si el PP cumple su programa electoral, también se establecerán sanciones para los gestores públicos que "incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria". Si ello estuviera en vigor, sería difícil encontrar a un político sin sanción. Uno de los ejemplos de los desmanes autonómicos, los denunció ayer el nuevo directo del ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha, Naco Villa, que aseguró que este organismo pagaba sueldos desorbitados.

En cualquier caso, en 2010, todas las regiones gastaron más de lo que ingresaron e incumplieron, con la excepción de Madrid, Extremadura, País Vasco y Canarias, el objetivo de cerrar el ejercicio con un déficit inferior al 2,4%.

El fracaso de las normativas antidéficit

La experiencia reciente tanto en España como en Europa demuestra que las leyes de estabilidad presupuestaria han servido de poco. En el caso español, la normativa prohíbe que el Estado pueda incurrir en un déficit superior al 1%, distribuido de la siguiente forma: un 0,20% para la Administración central y un 0,75% para las comunidades autónomas. Ello no impidió que los números rojos alcanzaran el 11,1% del PIB en 2009, el nivel más alto jamás registrado en Democracia. Uno de los problemas de la actual Ley de Estabilidad es que no establece sanciones. Solo contempla que una comunidad que incumpla el objetivo de estabilidad precise del visto bueno de Economía para endeudarse a largo plazo. Una penalización que, vistos los resultados, ha resultado inocua.

En cualquier caso, la escasa eficacia de las leyes presupuestarias no es solo un problema español. El Pacto de Estabilidad de la UE, que prohíbe registrar un déficit público por encima del 3% y una deuda pública que supere el 60%, tampoco ha impedido que la mayoría de Estados miembros incumplieran ambos preceptos. Incluso, países que reclaman austeridad como Alemania, no son un buen Ejemplo. Desde el año 2000, el país germano solo logró registrar una endeudamiento por debajo del 60% del PIB en un ejercicio. Por otra parte, de los Veintisiete Estados miembros, solo Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, Finlandia y Suecia cerraron el ejercicio anterior con un déficit inferior al 3%. A pesar de los incumplimientos, ningún Estado ha sido nunca sancionado por ello. En este sentido, la Comisión Europea reclama que, en el futuro, se establezcan multas para los Estados que se aparten de los objetivos de estabilidad.