Cataluña plantea también despedir interinos y congelar oposiciones
Los anuncios de nuevos ajustes en los Gobiernos autonómicos se suceden. La Generalitat de Cataluña llevó ayer a la Mesa General de Función Pública una propuesta que contempla despedir interinos, congelar las oposiciones y limpiar de complementos el sueldo de los funcionarios. Castilla-La Mancha planea un ajuste adicional de 350 millones y la Comunidad de Madrid aprobó ayer elevar un 3% la tarifa del agua.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no bromeaba cuando la semana pasada, espoleado por los buenos resultados electorales, anunciaba duros sacrificios. El Gobierno catalán enervó ayer a los sindicatos al proponer el despido de interinos "en servicios no finalistas ni esenciales", la supresión del Fondo de Acción Social y de la aportación al plan de pensiones y la rebaja de las pagas dobles de 2012. Además, anunció la no convocatoria de ofertas de ocupación pública para 2012.
La Generalitat no concretó el número de despidos. En cualquier caso, los funcionarios, que tienen su puesto de trabajo asegurado, perderán beneficios como el tique comedor, las vacaciones adicionales por antigüedad o la reducción de días libres por "asuntos propios".
Los sindicatos, al escuchar las propuestas, amagaron con abandonar las negociaciones. La representante de Comisiones Obreras, Montse Ros, recordó que estas medidas se añaden a las ya aplicadas en 2011 y provocará que los empleados públicos de la Generalitat pierdan alrededor de un 20% de su poder adquisitivo y hasta un 50% si se tiene en cuenta su salario de 2007, antes de estallar la crisis.
Pretende reducir la paga extra de empleados públicos
De hecho, para los sindicatos, la propuesta de la Generalitat supone "una declaración de guerra". Con todo, hay que tener en cuenta que la de ayer fue la primera reunión de la Mesa de Negociación y, probablemente, el Ejecutivo catalán esté dispuesto a rebajar sus pretensiones iniciales.
En mayor o menor intensidad, todo apunta que las medidas propuestas se extenderán a otras comunidades. Castilla-La Mancha es una de las regiones que cerrará el año con un déficit más alto, del 8,4% del PIB, en términos de contabilidad nacional. De hecho, su Gobierno aprobará mañana un ajuste de 350 millones, que se unirá al plan de austeridad ya anunciado de 1815 millones de euros. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ya tiene prácticamente cerrado un plan de reequilibrio que remitirá al Ministerio de Economía. Fuentes financieras, apuntan que el documento también se enviará a las entidades bancarias para demostrar el compromiso de austeridad de Castilla-La Mancha y mantener abiertas las vías de financiación.
El Ejecutivo autonómico apuesta, entre otras medidas, por incrementar las horas lectivas de los profesores, suprimir la contratación de personal interino o vender edificios de la Junta. Además, Cospedal modificará la legislación para aplicar el impuesto sobre el patrimonio en su territorio, lo que reportará a las arcas autonómicas unos 15 millones de euros. Si bien este tributo lo recuperó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para 2011 y 2012, las comunidades tienen competencia para fijar una bonificación del 100% sobre la cuota y, por tanto, dejar sin efecto la medida. Madrid y la Comunidad Valenciana han seguido este camino mientras que otras regiones gobernadas por el PP -partido que se opuso a la recuperación del impuesto- como Galicia o Castilla-La Mancha sí que recaudarán el tributo.
En cualquier caso, el Gobierno de Esperanza Aguirre también ha optado por incrementar las horas lectivas del profesorado para evitar así nuevas incorporaciones y reducir costes salariales. Además, el consejo de Administración del Canal de Isabel II, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, aprobó ayer elevar un 3% la tarifa del agua a partir de 2012. Los sindicatos critican este incremento de una empresa pública que cerrará el año con un beneficio cercano a los 100 millones de euros. Sin embargo, la dirección del Canal argumenta que la subida de las tarifas supone, simplemente, actualizar los precios a la evolución del IPC.
Un alcalde, atrincherado en la 'casa de Aguirre'
El alcalde de la localidad madrileña de Parla, José María Fraile, se atrincheró ayer en la sede de la Comunidad de Madrid, donde acudió sin cita previa para denunciar la paralización del tranvía de su municipio. El ayuntamiento adeuda 48 millones a la empresa de mantenimiento. El alcalde, que pertenece al PSOE, se reunió con la presidenta Esperanza Aguirre y con el consejero de Transportes, Antonio Beteta, para reclamar una mayor financiación por parte del Gobierno regional. Beteta solo le ofreció suplir con autobuses el parón del tranvía y Fraile optó por atrincherarse en el edificio de la Puerta del Sol."No me voy sin que el tranvía esté rodando", aseguró. Al cierre de esta edición, el alcalde seguía allí. Su antecesor en el cargo, Tomás Gómez, líder del PSM, también se encerró en 2001 en la Consejería de Sanidad para pedir un hospital.
Los barones del PP
El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá hoy con los barones regionales de su partido. El encuentro servirá para marcar las futuras líneas de colaboración entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP.