Responsabilidad social, aún más en lo público

El sector público español está integrado por más de 20.600 organismos, instituciones y empresas, tanto del ámbito público estatal como del autonómico y local. Esta gran dispersión y volumen ponen de manifiesto no solo la dificultad de aplicar políticas comunes de responsabilidad social empresarial (RSE), sino también la complejidad a la hora de analizar su grado de implantación. Sin embargo, la Ley de Economía Sostenible es un punto de partida, un instrumento para facilitar que las entidades públicas empresariales, adscritas a la Administración general del Estado, profundicen en sus actuaciones para mejorarlas, incorporando criterios responsables en sus procesos de contratación y elaborando informes anuales de sostenibilidad y gobierno corporativo. En el terreno autonómico, comunidades como el País Vasco, Extremadura o Cataluña han hecho algunos avances, pero todavía son iniciativas de escaso alcance.

En el penúltimo Consejo de Ministros celebrado antes de las elecciones, el Gobierno aprobó el real decreto legislativo del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley de Economía Sostenible que le autorizaba a elaborar un documento que integrara, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, todas las normas sobre esta materia. Con ello se pretende facilitar su aplicación, tanto por parte de las Administraciones y entes del sector público contratantes como de las empresas contratistas.

Para Juan José Barrera, director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el elemento más destacado de la responsabilidad social en las Administraciones públicas es la incorporación de criterios sociales y medioambientales en la Ley de Contratos del Estado de 2007 y su concreción en el real decreto aprobado el pasado 11 de noviembre. "Ahora, las empresas no solo tienen que ser socialmente responsables en esos aspectos sino que, además, cuando participen en un concurso, aquellas que acrediten actuaciones por encima de la ley o de otras compañías podrán obtener mayor puntuación y dirimir empates. Esto es muy importante".

La Ley de Economía Sostenible es un punto de partida

También la última comunicación de la Comisión Europea realiza una reflexión en el mismo sentido. "El documento de la UE recoge planteamientos que en España hemos ido incorporando en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de Contratos del Estado. Los que llevamos tiempo trabajando en estos temas constatamos que algo hemos conseguido. En 2004, en España no había prácticamente nada, íbamos a las reuniones de la UE a aprender; en 2011 nos encontramos con que hemos aportado ideas que han sido recogidas en la comunicación de la Comisión", apunta Barrera.

Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética, asociación que integra a empresas y profesionales de este campo, puntualiza que el concepto de responsabilidad social surgió, fundamentalmente, en el entorno privado como respuesta a los retos globales ambientales y de tipo social. "Ahora, en una segunda fase, se habla más de la RSE en el ámbito público. Yo haría una distinción entre la Administración y la empresa pública porque tienen distintas competencias y niveles de desarrollo en RSE. La empresa pública es pública, pero también es empresa, por lo tanto tiene más capacidad para desarrollar internamente estas políticas que la Administración".

Forética, Adif y Garrigues Medio Ambiente presentaron a finales de octubre un estudio sobre la RSE en la empresa pública donde se ponen de manifiesto los retos pendientes en relación con el cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible: el 27,5% publica memoria de sostenibilidad y el 52% incorpora criterios sostenibles en sus políticas de selección de proveedores. El estudio, elaborado a partir de una encuesta a entidades estatales, autonómicas y locales, es fruto del proyecto Acelerando la RSE en empresas públicas, enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020, respaldada por la Comisión. Según el informe, una quinta parte ha establecido una política formal de RSE y el 35% cuenta con un departamento específico. También resalta que las de mayor tamaño son las que primero empiezan a integrar aspectos de sostenibilidad en sus organizaciones. "Sin embargo, una de las mayores diferencias entre empresas privadas y públicas es que para estas últimas la RSE parece ser una herramienta de legitimación de cara a su propia existencia, más que como elemento de competitividad". Respecto a las principales barreras a las que se enfrentan para integrar políticas sostenibles en su modelo de negocio, el estudio señala la ausencia de estrategias continuadas, la falta de concienciación de los trabajadores y la escasez de recursos.

Ejemplo de comportamiento socialmente responsable, único en España y poco extendido en otros países en entidades similares, es el del Ministerio de Defensa que, por segundo año consecutivo, ha publicado su Memoria de responsabilidad social y ha obtenido la máxima calificación otorgada por la Global Reporting Initiative (GRI), que reconoce a las instituciones y empresas que rinden cuentas a la sociedad siguiendo su metodología. Defensa cuenta también con un código de conducta en materia de RSE para sus proveedores.

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, cree que en España ha faltado un plan conjunto, coordinado con las comunidades autónomas, con incentivos claros para hacer un giro hacia un modelo de producción y desarrollo sostenible. "Se intenta limar con la Ley de Economía Sostenible, pero entra en vigor en un momento en el que tenemos poca capacidad de acción porque las políticas fiscales que se emplean ahora no pueden ser activas, y esos modelos se deben construir cuando se tiene capacidad fiscal, porque deben ir acompañados presupuestariamente".

La crisis económica está poniendo sobre la mesa si la RSE es realmente una forma de gestionar de manera responsable o si, simplemente, es marketing social. "La crisis nos plantea que hay otra forma de acometer los cambios que se están produciendo. Si lo que hemos entendido es que la RSE está ligada a los periodos de auge económico porque hay dinero para hacer marketing social, apaga y vámonos. Eso es acción social, que está muy bien, pero no es RSE", aclara Juan José Barrera.