Patxi López se suma a Mas y anuncia nuevos recortes a los funcionarios
El Gobierno del País Vasco presentó ayer a los sindicatos una propuesta para recortar en 100 millones el gasto en el empleo público en 2012. Este ajuste pasaría por la supresión, entre otros, de complementos a la jubilación forzosa, un mayor control del absentismo y la congelación de la oferta de empleo público. Esta propuesta se produce un día después de que Cataluña anunciará nuevos recortes salariales a los funcionarios.
Los empleados públicos se han situado en el punto de mira de las comunidades autónomas. La gran mayoría de ellas han presentado unos presupuestos con unos fuertes recortes de gasto, cercanos al 10%, y para llevarlos a cabo muchas de ellas tendrán que tocar la partida relativa a gastos de personal. La primera que se retrató fue Cataluña, que anunció el martes rebajas salariales a los funcionarios dentro de un plan de contención del gasto con el que pretende ahorrar 1.000 millones. El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, no detalló cómo se realizarían esos ajustes, aunque ayer el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, sí lo hizo. Las rebajas se harán sobre las dos pagas extraordinarias que perciben los funcionarios y no serán lineales, si no que se realizarán en función del nivel de renta, según matizó en declaraciones a RAC1. El portavoz remarcó que si el Ejecutivo Central aprueba recortes a los funcionarios, la medida aprobada en Cataluña quedará sin efecto.
Tan solo un día después fue el Gobierno del País Vasco el que presentó su plan de contención del gasto con el que pretende ahorrar 100 millones al año. Ese plan, propuesto ayer a los sindicatos en la Mesa de la Función Pública, contempla recortes en los complementos que perciben los 66.769 funcionarios que trabajan en el País Vasco, la supresión de las sustituciones, un mayor control del absentismo laboral y la congelación de la oferta de empleo público, tanto para el nuevo acceso como para la promoción. "La aplicación de esas medidas permitirá a la Administración un ahorro de más de 100 millones de euros en 2012, en la complicada coyuntura actual, sin que ello suponga una merma de la calidad del servicio", destacó el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos. Estos ajustes serán temporales, tan solo se aplicarán en 2012 y no supondrán un recorte en la plantilla de los empleados públicos. "No habrá menos personal. Simplemente no se incrementará su volumen", remarcó Ramos.
Supresión de las sustituciones
El ahorro estimado se producirá a través de la aplicación de seis medidas, entre las que destacan la supresión de los complementos a la jubilación voluntaria y a la ampliación de la vida laboral más allá de los 65 años. De este modo se ahorrará el dinero de los que se jubilaban anticipadamente y se impedirá que nadie que supere la edad legal de retiro pueda continuar ejerciendo su trabajo, lo que permitirá amortizar ese empleo. "Tan importante como no incrementar plantillas en un momento de contención del gasto público es que se tenga la posibilidad de establecer políticas de no cobertura de los puestos de trabajo que queden vacantes como consecuencia de la jubilación de los titulares", admitió Ramos.
Pero la principal vía que se quiere explotar para ahorrar dinero es el mayor control del absentismo laboral. Según las cifras que maneja el Gobierno Vasco, en los diez primeros meses de 2011 se han contabilizado 48.135 bajas en la administración regional, lo que ha supuesto un coste de 43,8 millones en materia de complementos ligados a la incapacidad temporal. Lo que persigue el Ejecutivo autonómico es revisar el esquema de esos complementos, de tal manera que solo percibirán el 100% aquellas personas que estén incapacitadas por un accidente laboral. El objetivo es seguir bajando los elevados niveles de absentismo, que se han reducido del 6,1% al 5,5% en los últimos tres años.
Otra de las medidas más importantes es la congelación de la oferta de empleo público. Ramos recordó que al comienzo de la legislatura había un 32% por ciento de trabajadores interinos, pero el cumplimiento de las ofertas públicas de empleo pactadas "ha reducido la cifra considerablemente".
Las cifras
48.135 bajas se registraron entre los trabajadores de la Administración vasca hasta octubre, lo que supuso un coste de 43,8 millones.1.397 trabajadores del Hospital de Sant Pau se verán finalmente afectados por el ERE temporal aprobado ayer por la Generalitat de Cataluña. El centro ha recibido autorización para suspender durante 15 días los contratos de esos trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2012.
Sindicatos y autonomías, a la espera de Rajoy
Los dos planes de ajuste en el empleo público presentados casi al unísono por Cataluña y País Vasco han sido mal recibidos entre los sindicatos. Las dos grandes patronales en Cataluña (UGT y CC OO) han anunciado que responderán con movilizaciones a los recorte salariales, al considerar "inadmisible" este nuevo sacrificio que se pide a los funcionarios. Sin embargo, este mensaje ha sido matizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se ha mostrado dispuesta a aceptar los recortes siempre que formen parte de un plan global de ahorro. "Si se ataca únicamente a los empleados públicos y no se recortan los gastos donde se tienen que recortar, saldremos y estaremos en frente, pero si se les pide que se bajen los salarios junto a otras medidas, habrá que pactar los tiempos", apuntó Miguel Borra, vicepresidente de CSIF.Este sindicato, al igual que un gran número de autonomías, está a la espera de conocer lo que hará el gobierno del PP para tomar una posición. Desde Andalucía reconocen que, por ahora, los sueldos de los empleados públicos están congelados para el año que viene, "a la espera de lo que determine el Estado". Fuentes del Gobierno de Castilla y León apuntan que se está preparando un plan de racionalización del gasto público, "en el que no se descarta ninguna medida" y cuyo plazo de presentación se ha prolongado hasta el 31 de diciembre. El objetivo es disponer de margen una vez que conozcan las intenciones del Gobierno central.Otras comunidades, como Madrid o Asturias, rechazan más recortes a los funcionarios. El gobierno de Aguirre ya ha dicho que los ajustes se han hecho entre los altos cargos y el de Álvarez Cascos confirma que no hay prevista ninguna medida.