La resaca electoral

Cuatro comunidades se resisten a presentar las cuentas para 2012

Cuatro comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias) se resisten a presentar los presupuestos para 2012 hasta que el Ejecutivo no revise su "irreal" previsión de crecimiento del PIB (2,3%). Todas prorrogarán sus cuentas a la espera de que el nuevo Gobierno presente otra estimación, ya que más del 70% de sus ingresos vienen de las transferencias del Estado.

El último cuadro macroeconómico del Ejecutivo (en el que se recogen las estimaciones para los grandes indicadores de la economía española) prevé que el PIB crecerá un 2,3% en 2012. Pese a la insistencia de economistas y gobiernos autonómicos sobre lo irreal de esa previsión (Funcas estima que habrá una caída de 0,5 puntos), el Ejecutivo no la ha revisado, lo que ha provocado que un grupo de comunidades se niegue a presentar sus cuentas para el próximo año al considerarla "irreal". Las autonomías justifican el rechazo en que cerca del 70% de sus ingresos dependen de las transferencias que reciben del Estado.

En octubre había siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Extremadura Murcia y Cataluña) que anunciaron una prorroga de sus presupuestos si el Ejecutivo no modificaba sus previsiones. De ese grupo se han descolgado tres (Cataluña, Aragón, Murcia), que finalmente sí los presentarán antes de que acabe el año. Cataluña los hará públicos en diciembre, aunque deberá aprobar una prórroga de uno o dos meses hasta que finalice su tramitación parlamentaria en febrero. Las otras cuatro ya han confirmado su voluntad de prorrogarlos, a la espera de que el Ejecutivo convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de finales de año, en el que cambie el cuadro macroeconómico y revise a la baja sus previsiones de crecimiento, o bien que apruebe unos nuevos presupuestos para 2012, en los que las previsiones de ingresos se actualicen conforme a la actual crisis.

Sin embargo parece poco probable que puedan salir adelante las cuentas para 2012 debido al escaso margen de tiempo del que dispone. El próximo Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy no estará constituido hasta el 20 de diciembre, por lo que todo apunta a que se prorrogarán los presupuestos de 2011. En este contexto, esas tres comunidades aprobarán a finales de año un decreto-ley que les autoriza a repetir las cuentas públicas de este año.

Esa prórroga les permite contar con una previsión de gastos similar a la del año anterior, aunque también pueden optar por aprobar recortes de gasto, tal y como hizo CiU en Cataluña.

Presupuesto

Ingresos: en los seis primeros meses del año los ingresos autonómicos han caído un 3,59%.

Gastos: casi todas las partidas han experimentado crecimiento, aunque ha sido especialmente significativo el alza del financiero (un 68,02%).

Dudas sobre la nueva norma de estabilidad presupuestaria

Uno de los primeros compromisos que el próximo presidente español, Mariano Rajoy, adquirió durante la campaña electoral fue el de promover en los cien primeros días de gobierno una nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, a través de la cual establecerá un techo de gasto a las comunidades autónomas y les fijará límites para que cumplan con el objetivo de déficit. La prioridad del Ejecutivo es que el déficit público se reduzca hasta el 4,4% del PIB a finales de 2012, tal y como se ha comprometido ante Bruselas.

Algunos Gobiernos autonómicos han expresado su temor a que esa nueva ley pueda endurecer aún más las exigencias de reducción de déficit y asfixiar definitivamente sus finanzas. En 2012, las autonomías tienen fijado un techo de déficit del 1,3% y el próximo Ejecutivo aún no ha aclarado si ese objetivo se mantendrá o si se reducirá en aras de asegurar el cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal.

Las comunidades autónomas consideran imprescindible que se mantenga y que se aplace durante diez años la devolución de las entregas a cuenta correspondiente a 2008 y 2009. En esos dos ejercicios, las autonomías recibieron 25.000 millones de más. El Ejecutivo se ha mostrado inflexible y solo ofrece un plazo de cinco años para reintegrarlos.