Golpe de mano para controlar la Comisión de la Energía
El PP quiere fusionarla con la CMT para hacerse con sus consejos.
La historia puede volver a repetirse. En 1996, el primer Gobierno del Partido Popular decidió eliminar la antigua Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), el regulador creado tras las primeros pasos para la liberalización del sector. Sin reparo alguno, y ante la imposibilidad para relevar a los consejeros, cuyo mandato era de cinco años, el Ejecutivo de José María Aznar decidió crear otra organismo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en el que colocó a ocho de sus nueve representantes.
De esta manera, forzó la dimisión del entonces presidente de la CSEN, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero las dos comisiones convivieron en el tiempo hasta que a los consejeros de la primera se les agotó el mandato. Una medida "infame" que el PP tiene intención de volver a repetir, a la vista de su negativa a pactar el nombramiento de ningún representante en el consejo de la CNE, que fue relevado al completo el pasado verano.
Sin pudor, el PP, a través de su portavoz económico, Cristóbal Montoro, sabiéndose ganador en las elecciones generales, advirtió el pasado verano que los que aceptaran entrar en el consejo de la CNE serían expulsados por el futuro Gobierno popular, para que supieran "a qué atenerse", dijo.
Aunque el programa electoral del PP solo hace referencia a "reformas" genéricas de distintos organismos, Montoro dejó claro que su partido "no respetaría" la renovación de los reguladores. "Cambiaremos la norma para modificar el sistema de nombramientos que fija la nueva Ley de Economía Sostenible", indicó. Una decisión que resultó sorprendente a la vista de que mientras gobernó nunca propuso cambio alguno.
Aunque legalmente no es fácil dinamitar la CNE (¿por qué no hacer un nuevo Banco de España o una nueva CNMV? ¿no merecen el mismo trato?), el equipo de Mariano Rajoy tiene previsto un truco legal para cumplir con su amenaza: fusionar la CNE y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y no tener esperar a que termine el mandato de los miembros recién nombrados (también la mayoría de los de la CMT) sin esperar a que acabe el plazo, ahora de seis años. En privado, relevantes miembros del partido dicen que en el futuro todos los consejeros "serán de los nuestros".
Fuentes cercanas a los populares afirman que para estos dos organismos la solución es fusionarlos en un uno solo, imitando el modelo de la Agencia Federal de Redes de Alemania (caso único en Europa), que engloba a los reguladores de energía, telecomunicaciones y correos. El nuevo órgano tendría un único presidente con dos comisiones para cada área, la de energía y de telecos.
Pero ¿qué pasaría con la sede teniendo en cuenta que actualmente una está en Barcelona y la otra en Madrid? Sobre esta cuestión, el PP baraja dos opciones: mantener la parte fusionada de la CMT en Barcelona o traerla de nuevo a Madrid. El traslado de aquella a Barcelona fue denunciado en su día en los tribunales por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.
La negativa de Rajoy a pactar los nombramientos de la CNE y la CMT hizo que el Ministerio de Industria buscase perfiles menos políticos para restar argumentos a los populares cuando pretendan forzar las dimisiones. Algo que quizá no sirva de mucho.
Los casos de relevos bloqueados por los populares en la última legislatura han sido sonados. Se trata de organismos que requieren del respaldo parlamentario, como es el caso del Tribunal Constitucional (no así los de la CNE, la CMT o la Comisión Nacional de la Competencia, que pueden nombrarlos el Gobierno aunque los ratifica el Parlamento). Al Constitucional hay que sumar el Tribunal de Cuentas; el consejo de RTVE; el Defensor del Pueblo, y, en cierta medida, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). La única fusión solicitada por el PP mientras estuvo en la oposición fue la de la CMT con el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Esta fusión no sería incompatible con otra posterior con la CNE
Competencia tampoco se salva de los cambios
El pasado octubre la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) estrenó nuevo director, en la figura de Joaquín García, y dos nuevos consejeros: Paloma Ávila y Luis Díez. Ante la presentación de "credenciales" en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, que debe avalar los nombramientos, el Partido Popular criticó su elección.El portavoz del Grupo Popular, Álvaro Nadal, adelantó que el PP introducirá cambios legislativos en los organismos reguladores, entre ellos la CNC, "trascendentes y muy profundos que afectarán a los nombramientos". Y esto se ha plasmado en el programa electoral, donde se dice que se reformará la CNC, "con departamentos sectoriales especializados para que aglutine y dé coherencia a toda la regulación sectorial".Esto traerá, previsiblemente como avanzó entonces Nadal, cambios en los nombramientos. En su intervención, acusó al Grupo Socialista de no buscar el equilibrio parlamentario en la elección de candidatos, de encontrar puestos a los altos cargos del Gobierno y de realizar nombramientos partidistas. Nadal expuso entonces que los nombramientos respondían a una composición monocolor.