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Elecciones 2011 - Retos

7. Una Administración pública más ligera y eficiente

Supresión de duplicidades, recortes de gasto y sinergias entre Gobierno, regiones y municipios.

Los quince años de crecimiento continuado de la economía (1993-2008) fueron la excusa perfecta para que las tres Administraciones públicas (central, autonómica y local) cometieran todo tipo de desmanes sin control alguno. Los últimos datos así lo atestiguan: en la actualidad existen más de 4.000 entes públicos en las tres Administraciones (en el último ejercicio se han creado dos entes nuevos por semana), el empleo público se ha disparado hasta aproximarse a los tres millones de trabajadores y se han creado infinidad de organismos, ya existentes en otras Administraciones públicas.

"La fiesta ya se acabó y ahora toca pagarla". Con esa frase, el presidente de Mango y del Instituto de la Empresa Familiar, Isak Andic, resumía a finales de octubre, en la clausura del Congreso de ese organismo, la necesidad de realizar una cirugía de urgencia al sector público, excesivamente sobredimensionado. Y para ello, el PP contará con la inestimable ayuda de un gran margen de maniobra: mayoría absoluta en la Administración central, control absoluto en las Administraciones autonómicas (gobierna en 11 de las 17) y mayoría en los ayuntamientos (controla el 80% tras las últimas elecciones celebradas el 22 de mayo). En ese mismo acto, el líder del PP, Mariano Rajoy, avanzó cuáles serán las líneas de actuación en esa materia al anunciar una poda de las empresas y fundaciones públicas. "Hay 4.000 entidades en el sector público empresarial y fundacional. ¿No habrá ninguna de la que podamos prescindir? ¿No se podrán concentrar de algún modo sus funciones? ¿De verdad es necesaria esta inflación administrativa?", se preguntó. En materia de personal, Rajoy centró su propuesta de recortes en el personal eventual. "Ese gasto ha crecido casi un 50% desde que gobierna el Partido Socialista. Si el Estado ha podido funcionar con menos, habrá que volver a hacerlo y habrá que hacerlo mejor. Reducir el gasto es inevitable porque tenemos unos compromisos europeos y porque tenemos que recuperar el crédito", remarcó.

Más ajustes de funcionarios

La gran duda que debe resolver Rajoy es si, dentro de las medidas de ajuste que pretende aplicar, habrá nuevos recortes a los funcionarios. Algo que parece poco posible si se tiene en cuenta los mensajes lanzados durante la precampaña electoral, acusando al PSOE de cometer "el mayor recorte de gasto social en la historia de la democracia" al bajar, entre otras cosas, un 5% de media el salario de los funcionarios. Sin embargo, el deterioro económico y la necesidad de elevar los ingresos puede llevar al nuevo Ejecutivo a tomar medidas en este sentido, puesto que es la vía más rápida para lograr ingresos. De hecho han surgido a lo largo de los últimos doce meses distintos rumores que señalaban la posibilidad de que se estuviera estudiando la supresión de una paga extra a los empleados públicos, algo que al final no se ha producido. En caso de emergencia parece más fácil prescindir o reducir del personal laboral contratado por las Administraciones públicas, algo que por ahora no han hecho ni comunidades ni ayuntamientos a la espera de saber qué partido ganaría las elecciones celebradas ayer.

Las posibilidades para ahorrar gastos son diversas. Una de las más rápidas sería la unión de los ayuntamientos más pequeños, algo a lo que se ha mostrado abierto el líder del PP. Ejemplos no le van a faltar, como el puesto en práctica por el Ejecutivo italiano el pasado mes de agosto. Hace poco Italia anunció la supresión de las provincias con menos de 300.000 habitantes y la abolición de municipios con la superficie menor de 3.000 kilómetros cuadrados o con menos de 1.000 habitantes. Con este nuevo modelo más de 2.000 municipios se van a fusionar, propiciando la supresión de 5.000 cargos políticos actuales, y los empleos públicos relacionados. Esa reducción de empleo se hará efectiva en las próximas elecciones municipales.

Otra de las vías propuestas durante la campaña electoral ha sido la supresión de las diputaciones. Una opción defendida por el PSOE y rechazada por el PP. "15 millones de ciudadanos dependen de las diputaciones", recalcó Ana Mato, número 3 del PP, para dejar claro que esa no será una de las vías elegidas para cuadrar las cuentas públicas. El vuelco electoral ya sufrido por el PSOE en las elecciones del 22-M provocó que el PP pasara a controlar 24 de las 32 diputaciones, con lo que todo apunta a que estos organismos les queda una larga vida.

La que tiene más visos de salir adelante es la reforma en las Administraciones autonómicas, en el ojo del huracán por su elevada capacidad de gasto y endeudamiento. Rajoy ya dejó claro que quiere imponer una política de austeridad en todas las comunidades donde gobierne con cuatro principios básicos: fijar un techo de gasto, reducir el número de entes públicos, limitar a un máximo de diez el número de consejerías y reducir el número de altos cargos. El principal objetivo es acabar con la tendencia de las autonomías a incurrir en déficit crónicos y que sus desequilibrios no sean cubiertos por los remanentes de la Administración central, tal y como ha sucedido desde que comenzó a crecer el déficit público en 2008.

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