5. Pintan bastos para el Estado del bienestar
El Gobierno debe repensar el modelo de servicios públicos con menos dinero.
Los ajustes o, mejor dicho, los recortes presupuestarios no han terminado. La Comisión Europea ha calculado que España aún debería recortar unos 44.000 millones de gasto hasta 2013 para poder cumplir con sus obligaciones de déficit. Pero ninguno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno ha mencionado esta necesidad en sus mítines durante la campaña electoral.
Sin embargo, junto a la creación de empleo y la reactivación económica, el otro gran reto del nuevo Gobierno será recortar la financiación de muchos servicios públicos. Esto puede generar una auténtica oleada de protestas en las calles, tal y como se está viendo estos días con las secundadas huelgas y populosas manifestaciones de los profesores en Madrid, los médicos en Cataluña o los farmacéuticos en Castilla-La Mancha.
Pero más allá de los ajustes más urgentes, lo más probable es que los futuros responsables del Ejecutivo salido ayer de las urnas tengan que repensar el actual modelo del Estado del bienestar para adecuarlo a la nueva situación económica de perspectivas más que dudosas a corto y medio plazo. Esto es, con muchos menos ingresos para financiarlo.
El mantenimiento de la atención sanitaria pasará seguramente por una redefinición de la cartera de servicios básica y una reorganización de los centros de atención sanitaria. En cualquier caso, cualquier cambio en el sistema de salud tendrá que subsanar, como primer paso, la deuda de las comunidades autónomas con la industria farmacéutica y sanitaria que ya supera los 10.000 millones.
Copago sanitario y educación
En este punto los partidos han huido como de la peste de las acusaciones ante un posible establecimiento del copago en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Si bien los populares han esbozado al posibilidad de que la parte del coste de los medicamentos que financia el Estado varíe en función de la renta.
Asimismo, el programa del PP ahonda en los pasos ya dados por comunidades en las que ya gobierna, como Madrid (donde se ha privatizado el servicio de cita previa) o Valencia (pioneros en la gestión privada de centros hospitalarios públicos, conocido como modelo Alzira).
Conjugar un cambio en la financiación sanitaria -estudiando la conveniencia de un modelo finalista-; y la evaluación de las nuevas formas de gestión y los conciertos con la sanidad privada, con los ya iniciados ajustes de gasto corriente, intentando no dañar la atención al ciudadano será la cuadratura del círculo que deberá perseguir el nuevo Ejecutivo. Igualmente, los futuros responsables gubernamentales deberán pensar los pros y los contras de acometer la enésima reforma educativa. Se tratará de redefinir el sector probablemente más importante para recomponer la economía del país a medio y largo plazo; y que en la actualidad está sumamente maltrecho: supone el menor capítulo del gasto social (2.840 millones frente a los 7.300 de las políticas activas de empleo o los 4.200 de la sanidad) y tiene una tasa de fracaso escolar del 26%, duplicando la media europea.
Está también en juego una reforma del sistema universitario, que incluya su financiación y los procesos de selección del profesorado, así como su mayor acercamiento a las necesidades empresariales; y tendrán que pensar cómo atender a los 50.000 alumnos que se quedaron este año sin plaza de Formación Profesional (uno de cada cinco solicitantes).
El capítulo de gasto social que menos quebradero de cabeza dará al nuevo Ejecutivo será presumiblemente el de las pensiones. Ya que la reforma aprobada el verano pasado deja los deberes hechos a medio plazo, ya que las modificaciones hechas en los sistemas de cálculo de la pensión así como el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 supondrán un ahorro de 3,5 puntos del PIB en 2050. Esto reducirá a la mitad el incremento previsto del gasto en pensiones hasta dicho año y situará a España en la media de los grandes países europeos.
En el lado contrario de la balanza, y a tenor de las declaraciones realizadas hasta ahora, el Ejecutivo podría enfrentarse a dos reformas de gasto social de calado que, a todas luces, serán impopulares: la de la Ley de Dependencia y la del sistema de protección por desempleo. La primera fue la norma estrella del Gobierno de Zapatero; ha reconocido prestaciones a casi un millón de personas dependientes y generado 200.000 empleos desde 2007. Pero Mariano Rajoy lo ha avanzado claramente: "Es inviable". Mientras que el creciente gasto en prestaciones por desempleo (más de 30.000 millones anuales) quizás provoque cambios en esta cobertura.
