La justicia gala obliga a Metrovacesa a comprar un edificio por 83,2 millones
La Corte de Apelación francesa ha condenado a Metrovacesa a comprar un inmueble situado en la capital gala por 83,2 millones de euros y a pagar una multa por romper unilateralmente el contrato de compraventa que había suscrito con la compañía francesa G2AM.
La Corte de Apelación francesa ha condenado a Metrovacesa a comprar un inmueble situado en la capital gala por 83,2 millones de euros y a pagar una multa por romper unilateralmente el contrato de compraventa que había suscrito con la compañía francesa G2AM. Según informó hoy la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el tribunal francés ha desestimado el recurso que presentó contra la sentencia en primera instancia de un tribunal francés, obligando solidariamente a Metrovacesa a ejecutar la promesa de compra del edificio situado en la Avenue de la Grande Armée de París.
La sentencia dictada por la Corte de Apelación de Francia ha reducido, sin embargo, la cuantía de la pena convencional desde los 5 millones hasta los 750.000 euros. Por tanto, el importe que deberá desembolsar Metrovacesa en concepto de precio, intereses y pena convencional es de aproximadamente 83,2 millones de euros, desde los 85 millones iniciales. El conflicto se remonta a enero de 2009, cuando la justicia francesa ordenó congelar todos los activos de Metrovacesa Francia, filial gala de la inmobiliaria, después de aceptar la demanda que interpuso en su contra G2AM por romper el contrato de compra del edificio parisino.
Entonces, fuentes de Metrovacesa explicaron que tras presentar una oferta de 85 millones de euros por dicho inmueble encontraron "una serie de circunstancias" que aconsejaban no ejecutar su compra. En una primera instancia, el 10 de julio de 2009, un juzgado de París la condenó a comprar el inmueble situado en la capital gala y a pagar una multa de 5 millones.
Al presentar un recurso Metrovacesa, un tribunal de apelación francés la exoneró de esta obligación y de la multa por considerar "ilícita" la promesa de compraventa, el día 19 de noviembre de 2009. Dicha sentencia fue recurrida en casación por G2AM y en diciembre de 2010 la Corte de Casación gala estimó dicho recurso ordenando a la Corte de Apelación del país que entrara nuevamente sobre el fondo del asunto.
Contra la sentencia de la Corte de Apelación francesa cabe recurso de casación, aunque en caso de interponerse no produciría efectos suspensivos sobre la ejecución.