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Pagar más por el agua

Pagar más por el agua
Pagar más por el agua

Cómo es posible que en un país donde el estrés hídrico es una constante, el precio del agua urbana siga estando por debajo de la media europea? Esta es la persistente pregunta que hacen las empresas concesionarias y constructoras de infraestructuras y que sigue sin respuesta por parte de la Administración. Las compañías elevan aún más la voz ahora, cuando los fondos europeos han dejado de financiar las grandes obras y la licitación de nuevas infraestructuras está prácticamente parada. "El principal problema siguen siendo los costes, que no se cubren en un 30%", explica Juan Pablo López Heras, socio de la consultora Professional Water & Partners, especializada en el sector del agua.

En plena crisis y sin nuevos concursos de obra nueva, existen pocas alternativas a la sequía de fondos para financiar la gestión urbana del agua. Una solución se impone para las empresas, y es el aumento de la tarifa por parte de los 8.000 municipios de los que depende el precio de este bien en España.

"El problema es que cada ayuntamiento fija una tarifa distinta, que no sigue necesariamente el ajuste de costes, sino la conveniencia política", indican desde esta firma. La gestión del agua urbana nacional sigue siendo extremadamente sensible y no tiene visos de cambiar, aún menos cuando se acerca una cita electoral. Trasvases, desalinizadoras o depuradoras, cualquier solución puede ser la idónea mientras persiga la máxima eficiencia para ofrecer agua a los ciudadanos, estiman los expertos, a condición de seguir pagando lo que cuesta mantenerlas.

"España necesita una inversión de 19.000 millones de euros para cumplir con las exigencias europeas de infraestructuras y depuración"

El macroproyecto de Ciudad Valdeluz, puesto en marcha por Reyal Urbis en el municipio de Yebes (Guadalajara), es otro de los ejemplos. Comenzó a gestarse en 1998, pero no fue hasta 2002 cuando empezaron las obras. La urbanización está pensada como una gran urbe a ocho kilómetros de Guadalajara y a pocos minutos de Madrid

"Con el Gobierno bajo mínimos y los ayuntamientos ahogados, se empiezan a establecer prioridades, y lo que no lo es, se pospone, como es el caso del alcantarillado o la depuración", explican desde Aquagest. "Si no hay dinero público, la única solución que queda es la tarifa, subirla y ajustar precios, crear, por ejemplo, cánones de depuración". Este ajuste pasaría por cobrar más a quienes más agua consumen.

Financiación

Mientras el debate sobre el aumento de la tarifa sigue inerte encima de la mesa, el sector al unísono reclama un nuevo modelo de financiación de infraestructuras que lime la asfixia financiera de los ayuntamientos y el parón de nuevas licitaciones. "La falta de financiación hace que los ayuntamientos no puedan cumplir con sus compromisos de deuda, algo muy preocupante. El déficit público está impidiendo que la Administración realice inversiones, una situación que seguirá en el mismo tono durante los próximos años, también muy preocupante porque no habrá inversiones", pronostican en Veolia.

De producirse esta huida de la inversión de las empresas españolas, consideradas punteras en todo el mundo, "se corre el riesgo de que los concursos queden desiertos, porque se piden sumas millonarias y las empresas no acudirán", añaden desde Aquagest. Ya hoy, las compañías están virando su modelo de negocio, desde la concesión pura y dura hacia la oferta de servicios tecnológicos, que demandan menor inversión y representan menos riesgo. "Las concesiones están paralizadas y a nosotros nos interesa mucho la venta de tecnología", apunta José Ángel Legaz, consejero delegado de Veolia Water en España.

Las empresas concesionarias y de desarrollo de infraestructuras de agua en España han ido compensando la falta de mercado nacional con la exportación, pero se trata de una solución a medias. El sector insiste en que se impone la participación público-privada para financiar las obras existentes y como medio para lanzar nuevas licitaciones. "Nosotros fuimos los precursores de este modelo, tenemos empresas mixtas, y efectivamente la participación público-privada es uno de los pocos caminos que quedan por explorar, es un buen esquema porque ayudará a que la financiación sea posible", alegan desde Aquagest.

Desde el sector se insiste en que lo que está en juego no es tanto el abastecimiento como la calidad del servicio. "España necesita una inversión de 19.000 millones de euros para cumplir con las exigencias europeas en infraestructuras y en depuración. Casi ninguna de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes tiene servicio de depuración de agua, sobre todo en la costa y en las islas. Las poblaciones turísticas de la costa siguen vertiendo directamente al mar", aseguran en Professional Water & Partners.

Necesidad de un regulador estatal

El sector lleva pidiendo casi desde siempre la creación de un organismo regulador para el agua, una entidad que fije las reglas de juego por encima de municipios y ayuntamientos para dar estabilidad jurídica y de negocio a un servicio que vive al ritmo de los cambios políticos.

Reino Unido, por ejemplo, ha vendido sus infraestructuras de agua a operadores privados, pero el precio lo fija el Estado a través de un regulador de estas características. En España solo puede privatizarse la gestión, las infraestructuras pertenecen por ley al Estado, pero actualmente la gestión del servicio depende de un sinfín de Administraciones.

"Un regulador ofrecería garantías a los inversores. De hecho, la inseguridad normativa es uno de los motivos que está llevando la inversión fuera. Un regulador unificado y sectorial sería la palanca para atraer nuevos inversores", añaden desde Aquagest. Precisamente, esta gestión del agua tan dispersa en España fue una de las razones que empujó a Agbar, la matriz de esta compañía especializada en el ciclo integral del agua, a enfocar de otra forma su negocio y apostar no tanto por las concesiones tradicionales como por soluciones tecnológicas, con mayor valor añadido. "Con la financiación más restringida, hay que encontrar soluciones imaginativas para minimizar las inversiones. La concesión no es la solución más barata ni eficiente para financiarse", concluyen desde esta empresa.