Hacienda extrema la vigilancia sobre las 8.000 grandes empresas
La Agencia Tributaria acaba de iniciar una campaña de comprobación masiva del nuevo sistema de pagos fraccionados al que se enfrentan las 8.000 mayores empresas en el impuesto de sociedades. El fin es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para asegurar 2.500 millones más en el cobro adelantado de impuestos.
El Gobierno quiere asegurarse de que el decreto aprobado en agosto sobre consolidación fiscal se cumple, muy especialmente en lo que se refiere al nuevo sistema de retención del impuesto de sociedades. El decreto modificó el sistema de cálculo de los pagos fraccionados que deben realizar las grandes empresas, que supone en la práctica un mayor adelanto del dinero entregado a cuenta para el pago del impuesto. Para asegurar que esto se está haciendo así, Hacienda acaba de iniciar una campaña de comprobación masiva, tras finalizar el plazo pago fraccionado correspondiente a este trimestre (20 de octubre). Los inspectores buscarán, en primer lugar, a las empresas que hayan incumplido con las normas de agosto. Y además, harán un rastreo por los pagos fraccionados atrasados, para encontrar irregularidades. "Hace unos años algunas empresas retrasaban el pago fraccionado a Hacienda para autofinanciarse a lo largo del ejercicio; ahora deben saber que el riesgo de inspección es muy alto", recalca a CincoDías José María Meseguer, director de la Agencia Tributaria.
La empresa que incumpla con este nuevo sistema se arriesga a que se le aplique una sanción de hasta el 50%, más el correspondiente interés de demora. Sin embargo, puede presentar una declaración complementaria, fuera del plazo, por la que solo tendría un recargo del 5% y evitaría la sanción. Hasta agosto el porcentaje aplicado se calculaba multiplicando por cinco séptimos el tipo de gravamen del impuesto, redondeado por defecto. Como consecuencia de ello, las empresas venían aplicando de media en sus pagos fraccionados un tipo del 21%. A partir del decreto de agosto el porcentaje se calcula multiplicando por ocho décimos el tipo general cuando se trate de sociedades cuya cifra de negocios sea de entre 20 y 60 millones, y por nueve décimos cuando se trate de sociedades con cifra de negocios superior a 60 millones. Es decir, las empresas que ingresen entre 20 y 60 millones se les aplicará para sus pagos un nuevo tipo del 24%, y las sociedades con más de 60 millones de facturación, uno del 27%.
El fin es adelantar la recaudación de las grandes empresas por este impuesto (pagarán este año más a cambio de descontar esta cantidad al año siguiente cuando hagan la declaración). El Ministerio de Economía cifra en 2.500 millones la recaudación extra para este ejercicio (afecta a los pagos fraccionados de las empresas que se realizan en octubre y diciembre), y en 400 millones la de 2012 y 2013, años para los que también tiene efecto este decreto.
El anuncio de esta medida en agosto ya provocó el rechazo de la CEOE, que ve en ello una piedra más en el camino que agrava los problemas de liquidez de las empresas. La Agencia Tributaria recalca que el nuevo fraccionamiento de pagos no supone un aumento de impuestos, sino el adelanto de la factura fiscal, que se compensará cuando se presente la declaración al año siguiente. Además, resalta que se aplicará solo a las grandes empresas y que se mantengan en beneficios. "Lógicamente, a las que se encuentren en pérdidas no se les puede aplicar una retención sobre unos beneficios que no tienen", admite Meseguer.
Hasta 255.000 euros de ingresos por firma
El objetivo prioritario del Gobierno es cumplir escrupulosamente este año con el compromiso de reducción del déficit fiscal al 6% del PIB. Y lo quiere conseguir, entre otros instrumentos, arañando hasta el último euro del impuesto de sociedades, cuya recaudación lleva acumulada una caída del 6% en los ocho primeros meses del año, fruto de la crisis. El decreto de agosto, que eleva los pagos fraccionados a las grandes empresas, ayudará a contar con un colchón suficiente para salvar incertidumbres como la evolución de las cuentas públicas de las comunidades autónomas, incapaces de contener el déficit como la administración central. La Agencia Tributaria calcula que el decreto de agosto afectará a unas 8.000 empresas, las que facturan más de 20 millones de euros. Los cálculos del Ministerio de Economía pasan por recaudar 2.500 millones de euros este año con las mayores retenciones. La contribución extra de las empresas dependerá de su tamaño, pero oscilará entre los 59.000 y los 255.000 euros, según las mismas fuentes. La factura es cuantiosa, pero no tan grande si se tiene en cuenta que son las mayores sociedades del país.Aunque la campaña de inspección que se inicia ahora se centrará masivamente sobre las grandes empresas, la Agencia Tributaria hará un "muestreo" también sobre las pymes (menos de seis millones de facturación) para comprobar si cumplen la normativa vigente. Con todo, Meseguer recuerda que la Agencia Tributaria tiene a disposición de las empresas un sistema de aplazamiento de las deudas con Hacienda al que pueden acceder si justifican una delicada situación financiera. Este sistema fue solicitado el pasado año por más de un millón de pymes.