Los bonistas piden a la Audiencia el contrato de venta de Nueva Rumasa
Los afectados por la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, que demandaron al grupo familiar en mayo pasado, han solicitado al juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, el documento de la compraventa anunciada el viernes de la compañía al despacho Aszendia.
El despacho Martínez Echevarría, que representa a los afectados (más de 200 en la actualidad) por pagarés emitidos por Nueva Rumasa que presentó una querella contra el grupo en mayo, solicitó el viernes al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional que reclame el contrato que acredita la venta del grupo familiar al despacho valenciano Aszendia, especializado en liquidaciones y reestructuraciones.
La solicitud se presentó poco después de que el bufete valenciano informara a través de un comunicado de la adquisición de Nueva Rumasa "en una operación valorada en 1.500 millones de euros". El despacho ha llevado a cabo la anunciada compra a través de la sociedad Back in Business, cuyo objeto social es el del comercio de artículos de belleza. "Los nuevos propietarios", decía el comunicado del viernes, "han adquirido las sociedades matrices que sustentan la actividad económica del grupo empresarial -que acumula un pasivo de 1.500 millones de euros-, culminando de esta manera una operación cuyas negociaciones se iniciaron hace cinco meses".
De acuerdo a las fuentes consultadas, el traspaso de Nueva Rumasa a Aszendia, el mismo despacho que tomó el control el pasado año de Marsans al tiempo que entraba en concurso de acreedores, o de la constructora Teconsa en la misma situación, complicará la labor de los administradores que los jueces han nombrado en las distintas compañías de Nueva Rumasa en concurso de acreedores. En opinión de fuentes cercanas a la representación legal de los afectados por los pagarés la operación formalmente no puede denominarse como una compraventa.
El pasado mes de junio el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitió a trámite la querella presentada contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible.
La presentación de la querella por parte de más de 60 inversores particulares obligó a la Fiscalía Anticorrupción a cesar el expediente de investigación que realizaba a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria de marzo de 2010 contra "un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa" y sus administradores "en relación con el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales".
El objetivo de la petición del contrato de compraventa es concretar cuáles de las sociedades integradas en el conglomerado de Ruiz-Mateos han sido enajenadas a la sociedad Back in Business, así como identificar a los propietarios de las distintas sociedades del grupo familiar. El comunicado emitido el viernes por los nuevos propietarios de Nueva Rumasa -en el que se evitaba nombrar al despacho Aszendia y solo se refería al "grupo empresarial propiedad del empresario Ángel de Cabo"- contenía información tan confusa que llegaba a aludir a "fuentes de la operación" para asegurar que la "compra no altera las garantías concedidas a los inversores de las distintas emisiones de pagarés de Nueva Rumasa".
Piden ampliar la fianza de 13 millones
El despacho Martínez-Echevarría también ha solicitado al juez Pablo Ruz que aumente la fianza impuesta a los querellados frente a las indemnizaciones que pudieran derivarse de los delitos denunciados.
El juez de la Audiencia Nacional impuso el pasado mes de junio una fianza de 13 millones tras admitir a trámite la querella presentada por supuesta estafa con los pagarés emitidos. La fianza tendría que ser depositada una vez el juez cite a los querellados para darles a conocer la querella, lo que todavía no ha ocurrido. La petición de que se incremente la cantidad de la fianza responde al aumento del número de afectados.
Orden de busca y captura sobre De Cabo
Hasta los jueces tienen dificultades para localizar a Ángel de Cabo Sanz, el empresario que lidera el despacho Aszendia. Un juzgado de Valladolid cursó el pasado año orden de busca y captura sobre De Cabo Sanz tras haber sido llamado a declarar como imputado por una querella presentada por un presunto delito de estafa contra Teconsa. Fuentes próximas al despacho indicaron que se trata de una orden "meramente incidencial".Aszendia tomó el control de la constructora del empresario Martínez Núñez en 2009, casi al mismo tiempo que esta entraba en concurso, de manera similar a como lo hizo en Marsans y a como acaba de hacer en Nueva Rumasa. La administración concursal de Teconsa advirtió en su informe que el grupo estaba abocado a la liquidación. Este año el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid comunicó en un auto que se dejaba sin efecto la orden "habiendo sido hallada la persona del acusado declarado en rebeldía".