Abierto el plazo de 15 días para que los parlamentarios puedan solicitar un referéndum

El Senado da el visto bueno final a la limitación del déficit en la Carta Magna

El Senado dio luz verde ayer a la introducción de un límite de déficit en la Constitución, gracias a los votos de PSOE y PP. Las críticas del resto de grupos se repitieron en la Cámara alta. Se abre un plazo de 15 días para solicitar un referéndum, algo que solo podrán pedir un mínimo de 26 senadores o 35 diputados.

El Senado da el visto bueno final a la limitación del déficit en la Carta Magna
El Senado da el visto bueno final a la limitación del déficit en la Carta Magna

La reforma de la Constitución española, la segunda que se plantea en sus 33 años de vida ya es un hecho. El Pleno del Senado, dio ayer luz verde definitivo a los cambios efectuados en la Carta Magna con el objeto de establecer límites a la capacidad de déficit y endeudamiento de las administraciones públicas, tal y como deseaba la canciller alemana, Angela Merkel. Después del primer trámite en el Congreso de los Diputados, en donde se evidenció la falta de consenso para aprobar el texto por unanimidad (solo salió adelante con los votos de PP, PSOE y UPN), el interés ayer se centraba, por un lado, en comprobar si esa división entre los dos partidos mayoritarios y el resto, continuaba, y por otro lado, si algún senador solicitaba la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía avalara los cambios. Respecto al primer punto, no hubo sorpresas. El Senado repitió de forma proporcional los resultados de la votación del pasado viernes en el Congreso. Así, el texto salió adelante con los 233 votos a favor de PSOE, PP y UPN, y tres en contra de Coalición Canaria y Foro Asturias. PNV, CiU e ICV no participaron en la votación final pero expresaron su rechazo a unos cambios "pactados de forma acelerada por las formaciones mayoritarias y que perjudica a los más necesitados y las comunidades autónomas". ERC y BNG, por su parte, abandonaron la sala como ya hicieron en la Cámara Baja. Sin embargo, tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) indicaron que la modificación no es antisocial porque "permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que garanticen la aplicación de futuras políticas sociales."

Respecto a la convocatoria de una consulta a la ciudadanía, varios senadores mostraron su disposición. En especial, Miquel Bofill, de ERC, que hizo un llamamiento expreso a todos los catalanes a "saltarse el muro de la Constitución". Sin embargo, los partidarios del referéndum están en franca minoría en relación a la suma de diputados y senadores de PSOE y PP. La propia Constitución establece en su artículo 167 un plazo de 15 días desde que se aprueba la reforma con carácter definitivo para solicitar la celebración de un referéndum, para lo que se necesita la firma de 26 senadores, o bien, 35 diputados. Algo que se estima improbable. Este plazo concluye el 22 de septiembre. La reforma, por tanto, es un hecho, ya que no necesita de segunda vuelta en el Congreso de los Diputados al no haberse incluido en el Senado ninguna enmienda. No obstante, aparte de una improbable consulta popular el cambio constitucional podría quedar sin efecto si saliera adelante un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. IU y UPyD ya anunciaron la semana pasada que iban a presentarlo contra la reforma de la Carta Magna, una vez que estuviera aprobada. Hoy mismo presentará el texto el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares.

La reforma de la Constitución se ha granjeado una abierta polémica en los últimos días. Y no solo de sectores de la izquierda y de formaciones nacionalistas. También de economistas de prestigio. El presidente de AFI, Emilio Ontiveros, afirma que no hacía falta "haber iniciado un proceso de enmiendas constitucionales" para controlar el déficit, ya que se puede hacer mediante "leyes orgánicas" y "disciplina". De hecho, según la ley orgánica que PP y PSOE también se han comprometido a sacar adelante en nueve meses para desarrollar el nuevo artículo 135 de la Constitución, ambas formaciones estiman que el límite del déficit debe quedar en el 0,4% del PIB para el conjunto de las administraciones y del 0,14% para las regiones. Pese a todo y para "no pillarse los dedos" con los efectos de la actual crisis, estos límites al déficit no tendrán efecto hasta 2020.

Francia, en capilla

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, está decidido a reformar también la Constitución para incluir la regla de la estabilidad presupuestaria. El primer ministro, François Fillon, ha iniciado consultas para convencer a la oposición socialista, contraria a que se haga ahora.

Las claves del nuevo artículo 135

Déficit. "El Estado y las comunidades no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE".

Desarrollo. Una "ley orgánica fijará el déficit máximo permitido a Estado y comunidades". Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Deuda. El volumen de deuda de las Administraciones "no podrá superar la referencia establecida en el Tratado de Funcionamiento de la UE".

Prioridad. "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta". No podrán ser objeto de modificación.

Límites. Los límites de déficit y volumen de deuda "solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria".