La Constitución, reformada sin apoyo nacionalista
Después de 33 años, la Constitución Española de 1978 ha sufrido hoy su primera reforma de calado, consistente en incluir en la misma una limitación al déficit público. PP, PSOE y UPN han sancionado en el Senado la reforma, que sale adelante sin apoyo nacionalista.
233 votos a favor; 3 en contra; 0 abstenciones. Son las cifras de la votación de hoy en el Senado, que ratifica la reforma constitucional para integrar en el texto una restricción del déficit presupuestario. La mayor crisis financiera en ocho décadas también se dejará notar en la Carta Magna. La enésima tormenta, registrada el mes pasado en Europa, llevó al eje francoalemán a poner condiciones a una futura mayor integración europea en materia económica. En concreto, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy reclamaron que los países del euro incluyesen en sus Constituciones una limitación expresa del déficit público, tal como hiciera Alemania dos años atrás.
El mensaje fue recibido de inmediato en Italia y España, los dos objetivos más recientes de la especulación de los mercados, y que han visto sus primas de riesgo escalar hasta niveles desconocidos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pacto de inmediato la reforma con el líder de la oposición y probable sucesor en Moncloa, Mariano Rajoy, acuerdo que se hizo público el 26 de agosto.
El candidato socialista en las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo entonces que Zapatero le había convencido de la necesidad de la reforma la noche anterior. Poco proclive a constitucionalizar un mantra del pensamiento económico liberal, Rubalcaba exigió que el nuevo texto no incluyese una cifra concreta de déficit asumible, y que exceptuase del objetivo los periodos de recesión o las situaciones de "emergencia económica", también por determinar. En su redacción final, el ya famoso artículo 135 delega en una ley orgánica el déficit máximo asumible en cada periodo, así como su reparto entre los distintos niveles de administración público.
Pactadas con el PP las nuevas condiciones, los dos grupos mayoritarios se emplazaron a una tramitación urgente del nuevo texto, para poder concluirla antes de que acabase la legislatura. Una reforma constitucional de este calado exige mayoría de tres quintos de las dos cámaras; el Congreso la aprobó holgadamente la semana pasada, aunque con la ausencia física de los nacionalistas vascos y catalanes. No por el fondo sino por la forma en la que se ha gestado la reforma, los nacionalistas han llegado a hablar de ruptura del consenso constitucional logrado en 1978 y que ha servido de base para el mayor periodo democrático de la Historia de España.
Ayer mismo, decenas de miles de manifestantes, convocados por los sindicatos mayoritarios y el movimiento 15-M, marcharon contra la reforma. En todo caso, reclamaron la celebración de un referéndum que también han pedido renombrados miembros del Partido Socialista, y que finalmente no se celebrará.