El Congreso aprueba hoy la reforma de la Carta Magna con los votos de PSOE y PP

CiU pide déficits regionales a la carta para apoyar el cambio constitucional

Convergència i Unió presentó ayer ocho enmiendas a la proposición de reforma de la Constitución en las que reclama que sea cada comunidad quien determine el límite máximo de déficit. El grupo nacionalista advierte que solo si PSOE y PP aceptan sus enmiendas, apoyará la reforma constitucional que prevé incorporar el principio de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna.

CiU pide déficits regionales a la carta para apoyar el cambio constitucional
CiU pide déficits regionales a la carta para apoyar el cambio constitucional

El malestar en las filas de Convergència i Unió (CiU) es palpable. El partido nacionalista, que en momentos puntuales pero trascendentes ha apoyado las medidas de ajuste del Gobierno durante esta legislatura, se siente ninguneado por el PSOE que cerró un pacto para reformar la constitución sin la participación de CiU.

Si bien el Gobierno y también el PP han intentado a lo largo de los últimos días acercar posturas, CiU condiciona cualquier acuerdo a la aceptación de las enmiendas que ayer presentó en el Congreso. Todas ellas persiguen dotar de mayor poder de decisión a los Ejecutivos autonómicos. Así, CiU reclama que sea cada comunidad autónoma, en virtud de su autonomía financiera, quien apruebe por ley el límite máximo de déficit. Se trata de una postura que, en el partido nacionalista, saben que difícilmente se aceptará ya que restaría ambición al espíritu de la reforma impulsada por los dos grandes partidos.

La propuesta pactada entre el Gobierno y Génova establece que "una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades autónomas, en relación con su producto interior bruto". Tal disposición casa mal con la posibilidad de que cada comunidad fije su límite máximo de déficit.

"Sí estamos de acuerdo, por nuestro sentido europeísta y por la necesidad de trasladar confianza a la UE y a los mercados, en que se establezca el principio de estabilidad presupuestaria, pero no en que este solo pueda ser determinado por el Estado a través de una ley orgánica", protestó el portavoz de CiU en el Congreso, Antoni Duran i Lleida.

En clave electoral

El dirigente catalán rechazó adelantar el sentido de su voto en la votación de hoy. Todo indica que la propuesta de reforma de la Constitución saldrá adelante con el apoyo de PSOE, PP y UPN. El texto pasará al Senado que votará el cambio constitucional el próximo miércoles. En cualquier caso, el partido nacionalista juega con la esperanza de que sus votos sean decisivos cuando se desarrolle normativamente la reforma de la Constitución después de las elecciones del 20 de noviembre. De hecho, Duran i Lleida ya reclamó ayer el apoyo de la "ciudadanía de Cataluña" a su partido -que actualmente representa la tercera fuerza en el Congreso por número de escaños- con el objetivo de contrarrestar la "previsible" mayoría absoluta del PP.

Por otra parte, CiU también propone en sus enmiendas que se limite la solidaridad interterritorial de tal forma que se garantice que las comunidades que más aportan al PIB mantengan su posición en el ranking de renta per cápita disponible.

Otra de las enmiendas aboga por permitir que las parlamentos autonómicos puedan fijar un déficit superior al objetivo de estabilidad en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria". En la redacción actual de la propuesta del nuevo artículo 135 de la Constitución, solo el Congreso de los Diputados tiene competencia para permitir que se incumpla de forma extraordinaria los objetivos de déficit.

De hecho, la reforma constitucional pactada entre PSOE y PP refuerza el poder legislativo en la medida que establece que tanto el Estado como las comunidades autónomas solo podrán emitir deuda o contraer crédito si reciben autorización a través de una ley. CiU, en este sentido, reclama que sean los órganos legislativos de las comunidades autónomas quienes asuman esa competencia. Si bien resulta complicado que los dos grandes partidos acepten las exigencias de CiU, tanto PSOE como PP trataron hasta última hora de incorporar al pacto de la reforma constitucional al partido nacionalista.

IU buscará el amparo del alto tribunal para tumbar la propuesta

El portavoz en el Congreso de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclamó ayer nuevamente que la propuesta de reforma de la Constitución se vote en referéndum y, ante la evidencia de que ello no ocurrirá, anunció que su formación buscará el amparo del Tribunal Constitucional.

Durante la votación de hoy, Izquierda Unida llevará a cabo algún tipo de protesta en el hemiciclo para dejar constancia de un rechazo "sonado". Si bien Llamazares no quiso dar detalles, todo apunta que los diputados de partidos minoritarios abandonarán el Pleno para escenificar su exclusión.

Por otra parte, tanto IU, como ERC y PNV presentaron enmiendas para incluir en la Constitución el derecho de autodeterminación. Sin embargo, estas medidas no entrarán en el orden del día ya que fueron vetadas por la Mesa del Congreso. "Se trata de una cacicada", denunciaron.

El PSOE justifica su negativa a un referéndum por la falta de tiempo

El PSOE, ante las críticas que está recibiendo sobre todo por partidos y organizaciones de izquierda, ha elaborado un argumentario para justificar su negativa a someter la reforma constitucional a referéndum.

Los socialistas alegan que la inclusión de la estabilidad presupuestaria en la Constitución no solo supone una medida "necesaria" sino que también resulta "urgente". Además, recuerdan que la reforma del artículo 135 de la Carta Magna no requiere la convocatoria de un referéndum. En cualquier caso, aseguran que, "en otras circunstancias", es probable que lo hubieran convocado. Por otra parte, los socialistas recuerdan que España estuvo a un paso de sufrir un rescate económico a principios de agosto cuando la prima de riesgo se disparó hasta niveles nunca vistos. Para el PSOE, la estabilidad presupuestaria supone una garantía para mantener el Estado de bienestar.

Un clima "parecido" al que precedió la huelga general

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, aseguró ayer que las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno se encuentran en un "punto muy parecido" a las fechas que precedieron la huelga general del pasado 29 de septiembre después de que el Gobierno haya impulsado una reforma para fijar límites al déficit en la Constitución. Toxo lamentó que "de un plumazo, con nocturnidad y alevosía, se introduce la ideología en la Constitución".

Con todo, CC OO y UGT rechazan la convocatoria de una huelga general. Aun así, los sindicatos y diversas organizaciones sociales ya han programado movilizaciones de protesta. Las más importantes se celebrarán en Madrid, Barcelona y Bilbao el próximo martes. Ambos sindicatos esperan una asistencia masiva.

Sin embargo, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, señaló ayer que la situación es suficientemente grave como para convocar una huelga general. En cualquier caso, subrayó que esa decisión depende de los sindicatos.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, reconoció ayer que existen discrepancias con los sindicatos UGT y CC OO sobre la reforma constitucional aunque evitó entrar en confrontaciones. De hecho, Blanco valoró como "muy positivo" el papel que desempeñan las organizaciones sindicales. Aun así, apuntó que "la gravedad de la situación" justifica la modificación del artículo 135 de la Constitución.

No a las protestas

"España no está para estas cosas". Con estos términos se refirió el líder del PP, Mariano Rajoy, a las movilizaciones contra la reforma constitucional convocadas por los sindicatos. Y advirtió que la situación económica obligará a "hacer esfuerzos".