El Congreso aprueba tramitar la reforma constitucional con votos PSOE, PP y UPN
El pleno extraordinario del Congreso ha aprobado hoy con 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones la toma en consideración de la propuesta para reformar la Constitución y establecer una disciplina presupuestaria para todas las administraciones. La reforma va camino de materializarse antes del final de septiembre.
José Antonio Alonso, portavoz parlamentario socialista, y Soraya Sáenz de Santamaría, su homóloga del PP, han sido los encargados de defender la propuesta en el Congreso. Ambos han defendido que la disciplina presupuestaria que recogerá la Constitución contribuye a preservar el Estado de Bienestar y las conquistas sociales, además de despejar "incertidumbres" y generar confianza en la economía española. Una medida "solvente y contundente" para Alonso que viene a "introducir en la Constitución principios financieros importantes, asumidos por la Unión Europea".
La iniciativa avanzada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia ya que, de no hacerse así, esto es, acortando los plazos, no habría tiempo para aprobarla antes de la disolución de las Cortes, el 27 de septiembre, tras la convocatoria electoral del 20-N. Por ello, y tras el acuerdo también en tiempo récord alcanzado entre PSOE y PP, ambos grupos registraron la propuesta de reforma en el registro del Congreso el pasado viernes. Tras la toma en consideración hoy en el Pleno, se abrirá el preceptivo plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas, y la reforma volverá al hemiciclo para su votación el viernes.
CiU no es partidaria de limitar el déficit en la Constitución ni siquiera por ley orgánica, según su portavoz parlamentario Duran i Lleida, quien, además, ha tildado la medida de "agresión a la autonomía financiera". Tal y como afirmó ayer, ha incidido en que la propuesta supone una "ruptura del proceso constituyente" al no haber contado con el debate previo ni el consenso de los grupos parlamentarios. Pese a este severo rechazo, CIU no ha votado en contra, si no que ha preferido ausentarse del hemiciclo durante la votación. Coalición Canaria, por su parte, se ha abstenido y el resto de grupos minoritarios han votado en contra.
Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras que, en principio, suman los dos grupos que han impulsado la reforma, PSOE y PP.
Una vez que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución salga el viernes del Congreso, seguirá su trámite en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana.
El texto constitucional establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abre entonces un plazo de quince días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita deberá ser sometido a referéndum.
Dos senadores del PSE-EE rechazan la propuesta
El candidato del PSOE para el 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, se esmeró ayer en tratar de convencer a los miembros de su partido sobre la necesidad de reformar la Constitución, pese a reconocer él mismo que no lo hubiera planteado como lo hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Rubalcaba asumía la responsabilidad de tratar de persuadir a la Ejecutiva, a los "barones" y a diputados y senadores, sobre todo a los más reticentes, sobre las bondades de esta reforma, encaminada a establecer una disciplina presupuestaria en las administraciones públicas.
Para ello, protagonizó un maratón de reuniones. Pero, aún así, los senadores del PSE-EE Imanol Zubero y Roberto Lertxundi anunciaron a Rubalcaba su rechazo a la propuesta.
Zubero, senador por Vizcaya, explicó que su disconformidad con el fondo de la reforma y con las "prisas" en acometerla le impedirá apoyar la proposición de ley cuando se debata en el Senado la próxima semana. En similares términos se pronunció Roberto Lertxundi, senador autonómico de larga trayectoria política que procede del Partido Comunista y de Euskadiko Ezkerra.