'Contrato basura' para las arcas de la Seguridad Social
España no es Alemania. El Gobierno español no es como el alemán, ni los empresarios españoles como los alemanes. Tampoco se parecen los sistemas educativos de ambos países. Por tanto, lo más probable es que el nuevo contrato formativo para jóvenes sin cualificar -que combina los estudios con un trabajo remunerado- aprobado el viernes por el Ejecutivo español a imagen y semejanza de uno ampliamente usado en la patria de Angela Merkel, terminará no teniendo nada que ver con el conocido como "sistema dual de formación" alemán. Allá van algunas observaciones que respaldan las dudas sobre el éxito de la nueva figura contractual.
Para empezar, las grandes compañías que son las que mejor podrían permitirse tener una parte de su plantilla trabajando un 75% de la jornada y formándose el 25% restante, ya han dicho que no piensan usar este contrato. La patronal CEOE-Cepyme se ha apresurado a advertir que el nuevo contrato formativo español "se aleja mucho del modelo alemán ( ) e introduce rigideces que van a dificultar su utilización por las empresas". No precisan cuáles son estas rigideces pero da igual porque ya avanzan que no piensan utilizarlo.
En segundo lugar, el Gobierno ha estipulado que los jóvenes con este contrato se formen "en un centro formativo, reconocido para ello por el sistema nacional de empleo".
El sistema público no ingresará las cuotas del nuevo contrato
¿Se refiere a los regidos o financiados mayoritariamente por los sindicatos y las patronales para la formación ocupacional? o ¿a los centros donde ya se imparte Formación Profesional (FP)? Si es en los primeros, el sistema de formación de ocupados está más que cuestionado y, por ello, infrautilizado por trabajadores, parados y empresas; mientras que sería inviable encargar estos cursos a los centros de FP que ya han dejado sin plazas a unos 50.000 alumnos este año por no poder atender sus demandas.
Pero si este contrato no pinta bien ni para las empresas ni para los jóvenes, menos aún para la Seguridad Social, para cuyas arcas sí será un contrato basura en toda regla, ya que debido al coste cero de estos contratos en empresas de menos de 250 trabajadores y el recorte del 75% de las cotizaciones para las compañías más grandes, el sistema público no va a ingresar prácticamente nada por mucho éxito que tuviera la nueva figura contractual.
A esta ausencia de ingresos se sumará el gasto en prestaciones que consuman estos jóvenes, no sólo en incapacidad temporal sino probablemente en desempleo, ya que generarán derechos para cobrar la prestación durante un año completo (si el contrato es del máximo de tres años).