La Seguridad Social podría dejar de ingresar unos 678 millones durante los tres años que dure el aprendizaje

Trabajo confía en superar los 100.000 contratos formativos bonificados

El Gobierno va a apostar por el empleo temporal y el aprendizaje de los jóvenes como puntales para salir de la crisis. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó el viernes permitir durante dos años el encadenamiento abusivo de contratos temporales y crear un nuevo contrato de aprendizaje que alterne formación y empleo retribuido, con coste cero de cuotas al empresario. El Ejecutivo confía en superar los 100.000 nuevos contratos formativos en un año.

Trabajo confía en superar los 100.000 contratos formativos bonificados
Trabajo confía en superar los 100.000 contratos formativos bonificados

La historia se repite. El actual Gobierno socialista prefiere un joven "con empleo temporal a uno parado", dijo el viernes el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Es exactamente la misma reflexión que se hizo desde el Ejecutivo de Felipe González tras aprobar los denominados contratos basura, de carácter temporal y con menos protección social que el resto.

Sin embargo, Gómez explicó cómo en esta ocasión las apuestas del Gobierno para salir de la crisis incentivando el uso de la ocupación temporal y creando un nuevo contrato de formación y aprendizaje no puede denominarse empleo basura porque en el primero de los casos el encadenamiento de temporales "solo se suspende durante dos años y no se elimina" de la legislación. Y, en el segundo lugar, la nueva figura contractual formativa "tendrá exactamente los mismos derechos y la misma protección social que el resto", dijo el ministro, "incluida la prestación por desempleo".

Estas fueron algunas de las precisiones del titular de Trabajo en su defensa del real decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros para la promoción del empleo de jóvenes y el fomento de la estabilidad.

En esta norma se establecen las reglas por las que se regirá el nuevo contrato de formación para jóvenes que no tengan los estudios suficientes como para suscribir uno en prácticas. Se podrá suscribir con jóvenes de entre 16 y 25 años, aunque de forma temporal, hasta el 31 de diciembre de 2013, se extenderá hasta los 30 años. A diferencia del actual contrato de formación, cuya duración mínima es de seis meses, el nuevo será como mínimo de un año y como máximo de dos y prorrogable a un tercero si así lo pactan las partes.

El joven que alternará sus estudios con un empleo retribuido, tendrá en la empresa una jornada del 75% de la fijada y el 25% restante cursará estudios relacionados con su puesto de trabajo en un centro reconocido por el sistema educativo o de empleo. En este caso también se amplía el porcentaje de tiempo para los cursos del 15% al 25% citado.

En cuanto al salario, este será el fijado en la empresa para ese puesto de trabajo tras aplicarle el porcentaje de jornada efectiva que realice. Y, en su defecto, el porcentaje de dicha jornada aplicado al salario mínimo interprofesional. Las empresas con menos de 250 trabajadores, que son la inmensa mayoría, no cotizarán nada a la Seguridad Social por estos contratos, ni tampoco se abonará la cuota del trabajador. Las compañías con una plantilla superior tendrán una reducción de estas cuotas del 75%.

El Ejecutivo cree que "aún es muy precipitado" calcular cuántos de estos contratos se suscribirán, explicó Gómez, aunque añadió que el objetivo de su Departamento es "incrementar significativamente", los 100.000 contratos en un año, que es el volumen que existe ahora de la actual figura contractual para formar a los jóvenes.

Dado que estos contratos no cotizarán a la Seguridad Social, el titular de Trabajo fue también preguntado por cuánto estima el Gobierno que dejarán de recibir las arcas públicas. Gómez no dio ninguna cifra pero esta se puede calcular en torno a los 678 millones de euros en los próximos tres años.

Para llegar a esta cifra se tiene en cuenta que con una retribución mínima del 75% del salario mínimo interprofesional, la cotización a la Seguridad Social de empresario y trabajador ascendería a unos 188 euros mensuales por contrato. Si esto se multiplica por doce meses y los tres años que puede durar este contrato; y si se cumplen mínimamente las previsiones de hacer más de 100.000 de estos contratos el primer año, los ingresos que no llegará a recibir la Seguridad Social rondan los 678 millones de euros.

La segunda de las medidas aprobadas el viernes consiste en suspender hasta el 31 de diciembre de 2013 el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores incluido en la reforma de 2006 que obligaba al empresario a convertir en indefinidos a los trabajadores a los que hubiera hecho dos o más contratos temporales de 24 meses de duración en un periodo de 30 meses.

Así, a partir de ahora queda suspendida esta norma por lo que los trabajadores que ya tengan un contrato temporal podrán encadenar los que el empresario estime necesarios hasta finales de 2013 y solo a partir del 1 de enero de 2014 empezarán a computar los siguientes contratos eventuales para su conversión en fijos.

Pensando en el sector público

Gómez hizo mucho hincapié en que esta iniciativa es meramente temporal, solo por dos años, y la justificó porque "hemos detectado que muchos empresarios que tienen un trabajador al que ya deben hacer un segundo contrato temporal, no se lo renuevan para no tener que hacerlo indefinido después". Por ello, "es una medida más que para crear empleo, para que no se destruya más", añadió el ministro.

Además, sugirió que esta limitación al encadenamiento de los contratos temporales "obstaculiza el mantenimiento del empleo", sobre todo, en las Administraciones Públicas, dónde esta práctica abusiva estaba muy generalizada antes de su prohibición.

Nuevamente, y tras el último fracaso de las conversaciones para reformar la negociación colectiva, el Gobierno volvió el viernes a legislar en materia laboral sin el respaldo de patronal y sindicatos. Es más, en esta ocasión cuenta con la "oposición absoluta" del lado sindical y las críticas empresariales por lo "innecesario e ineficaz" de las medidas aprobadas.

Para CC OO y UGT, -que detallaron sus alegaciones en un documento lleno de reproches enviado al Ministerio de Trabajo- "la crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo".

Los sindicatos van más allá y consideran que la suspensión de la regla que impide encadenar contratos temporales supone "un incumplimiento de un compromiso de diálogo social que fue uno de los puntos clave de los acuerdos de 2006", lo que en su opinión provoca una "pérdida de confianza institucional". Y, además transgrede las "obligaciones normativas europeas".

Las objeciones de la patronal se dirigen más al nuevo contrato de formación y aprendizaje, que considera que "se aleja mucho del modelo alemán" que persigue emular el Gobierno; al mismo tiempo que "introduce rigideces que van a dificultar su utilización por parte de las empresas". CEOE y Cepyme se quejan de que el Ejecutivo limite el copago de las indemnizaciones por despido por parte del Fogasa a las extinciones objetivas procedentes, "vaciando de contenido la norma, ya que los despidos son declarados improcedentes en la inmensa mayoría de los casos".

Los empresarios "lamentan" que finalmente el Gobierno haya renunciado a reformar el contrato a tiempo parcial, tal y como estaba previsto hacer hasta principios de esta misma semana, lo que supone "una nueva oportunidad perdida" en incentivar la posible creación de empleo.

Gómez respondió a esta última crítica argumentando que el contrato a tiempo parcial está ganando terreno hasta representar el 15% de todo el empleo, y es el único que está creciendo (un 8%) durante la crisis. Además, y una vez en los pasillos de La Moncloa contestó a las quejas de patronal y sindicatos diciendo: "lo que tienen que hacer ellos ahora es ponerse a negociar la extensión del acuerdo de salarios" hasta 2014.

Las medidas de urgencia con las que el Gobierno quiere combatir el desempleo

Nuevo contrato: el Gobierno aprueba una nueva figura contractual de formación y aprendizaje y deroga la actual. A partir de ahora los jóvenes sin cualificación de entre 16 y 25 años (hasta los 30 años de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2013) podrán tener uno de estos contratos que alternará con un trabajo en una empresa, con una jornada del 75% y remunerado en proporción, con la asistencia a cursos formativos el 25% restante de la jornada, para conseguir la titulación correspondiente. La mayoría de estos contratos tendrá coste cero en cotizaciones para el empresario.

Conversiones: el decreto del viernes amplía hasta finales de 2012 las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable (con indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades).

Fogasa: se extiende hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abone ocho días de la indemnización por despido de las extinciones objetivas procedentes. El Fogasa se integrará en seis meses en el Servicio Público de Empleo para dotar a este organismo de más plantilla y hacer más eficiente su gestión.

Plan Prepara: el Ejecutivo ha decidido finalmente, y pese a las resistencias iniciales del Ministerio de Economía, prorrogar por seis meses más (hasta el 31 de diciembre) el plan Prepara, que incluye una ayuda de 400 euros y un itinerario personalizado de búsqueda activa de empleo para aquellos parados sin rentas que hayan agotado todas las prestaciones a las que tienen derecho. Se habilita un crédito de 50 millones para ello.

Fondo despidos: se traslada el compromiso de crear un fondo de capitalización individual de cada trabajador para costearse la prestación por desempleo al primer semestre de 2013.

Las cifras

46% de jóvenes menores de 25 años están en el paro, así como un tercio de aquellos que tienen menos de 30 años.

60% de los parados de menos de 25 años no tiene siquiera educación básica.

2013 es el año en el que el Gobierno cree que la economía dará la vuelta. Por eso, lo establece para todas las medidas excepcionales del decreto.