A fondo

Guerra fratricida entre autónomos

El conflicto entre las asociaciones de trabajadores autónomos por ver cuál de ellas es la más representativa ya está en los tribunales. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) que lidera Lorenzo Amor acaba de recurrir ante el juzgado central de lo contencioso-administrativo las resoluciones del Consejo de la Representatividad (dependiente del Ministerio de Trabajo) que otorga a la Unión de Profesionales Autónomos UPTA (del sindicato UGT) el primer puesto en el ranking de representatividad del colectivo.

La primera consecuencia de este recurso ha sido la decisión del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de paralizar la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo -órgano que debería articular la representatividad de estos trabajadores- hasta que los tribunales no diriman cuál de estas asociaciones tiene razón. No solo está en juego la representatividad, sino también las subvenciones previstas para este grupo de trabajadores.

Mientras tanto, los responsables de UPTA han decidido contraatacar intentando desacreditar el trabajo de ATA como representante de los autónomos. En un comunicado emitido ayer por esta asociación vinculada a la UGT acusan implícitamente a ATA de "abusar" y "manipular" las cifras de morosidad con los autónomos. En concreto, reprochan a la asociación de Amor haber cifrado en 14.983 millones de euros la deuda de las Administraciones Públicas con los trabajadores por cuenta propia y las microempresas, "sin tener la necesaria base estadística" para ello.

UPTA acusa a ATA de inflar la deuda del sector público con los trabajadores por cuenta propia

De hecho, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, rebajó ayer el montante de esta deuda a 10.000 millones de euros para después restarle él mismo credibilidad al asegurar que "el nivel de error puede ser muy alto". Además, precisa que la deuda corresponde "casi en exclusiva a la Administración Local, en menor medida a la autonómica y es casi nula por parte de la Administración Central". De esta forma, UPTA exculpa en este terreno a la Administración estatal que es, en definitiva, quien hasta ahora le ha otorgado la mayor representatividad del colectivo de autónomos.

Es más, la asociación ugetista insiste en que "ni siquiera el grupo de morosidad del Observatorio de la Pyme -organismo público encargado de este seguimiento- después de encargar varios estudios y contrastar todas las fuentes ha podido publicar una cifra general y aún menos desglosada con respecto a los autónomos".

El presidente de ATA se defendía ayer ante este periódico al asegurar que la cifra de morosidad que barajan los técnicos de su asociación está basada en una encuesta entre 11.000 autónomos de toda España y de todos los sectores.

Quién tiene más sedes

Además, Amor justificó el recurso de su asociación a los tribunales contra la decisión ministerial de otorgar el segundo puesto de representatividad del colectivo al explicar que la última de estas resoluciones admite que ATA tiene más sedes que UPTA (108 frente a 95), pero seguidamente vuelve a otorgar a estos últimos la máxima representatividad al introducir el criterio de mayor "implantación territorial". Así, UPTA está presente en 52 provincias frente a las 48 de ATA.

Sin embargo, desde esta última asociación aseguran que ninguna de las normativas vigentes que indican cómo calibrar la representatividad de los autónomos utiliza el citado criterio de implantación territorial y sí especifican que se tendrán en cuenta el número de sedes. La citada normativa también exige un mínimo de implantación en 12 comunidades autónomas y 24 provincias, algo que ATA cumple "sobradamente", según reconocen desde el propio Ministerio.

Pero lejos de replegar su actividad ante las acusaciones de UPTA, los técnicos de ATA recordaron ayer que los autónomos han adelantado al Estado 1.819,1 millones por el pago adelantado del IVA de facturas emitidas que aún no han cobrado. La última palabra la tiene ahora un juez.