Tomás Gómez propone 3 años de carencia de las cuotas hipotecarias a familias endeudadas
El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha remitido una carta, en nombre de su formación política, a los presidentes de bancos y cajas con el fin de establecer convenios para fijar una carencia de tres años en el pago de las cuotas hipotecarias, ajustando los intereses, para determinadas familias sobreendeudadas, en dificultades económicas o en paro principal.
Así lo ha explicado en la rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlamento regional el líder socialista, quien ha destacado "el empeoramiento de las condiciones de vida de los madrileños debido a un creciente desempleo, agravado por un sobreendeudamiento que determina su menor capacidad de ahorro y consumo".
Así, ha apuntado que la cifra de hogares en la región con retraso en el pago de la hipoteca ascienda ya al 8 por ciento, determinando a su vez que el 60 por ciento de las familias madrileñas tengan dificultades para llegar a fin de mes, y que las ejecuciones por impagos de hipotecas "en muchos casos injustas" en los últimos años ascienden a 10.200 viviendas al año en la Comunidad de Madrid, según un análisis del Partido Socialista de Madrid (PSM) basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Gómez ha explicado que la propuesta hecha a las instituciones financieras por los socialistas no incrementa la morosidad, "lo que es bueno para la institución financiera"; evita la dación en pago, "que provoca acumulación de activos (viviendas que han sido embargadas) en los bancos y cajas; y "es desde luego la única expectativa seria que pueden tener las familias para no ser desahuciadas cuando tienen dificultades económicas".
"Les vamos a intentar convencer porque es una medida de apoyo y pueda favorecerles en un momento de debilidad inmobiliaria. Ya ha habido una entidad bancaria que ha iniciado una línea similar y que es algo que ya se hizo en Baleares bajo el Gobierno socialista", ha agregado.
El secretario general del PSM ha señalado que para las entidades financieras la carencia de tres años que plantean "no es un problema, sino una ventaja". A su juicio, los bancos y cajas de este modo no aumentarían el porcentaje de clientes de dudoso cobro, "lo que es interesante para las instituciones financiera porque le permite seguir teniendo una relación interbancaria a buenos tipos, además de no crecer el índice de morosidad de la Comunidad y del país".
LEY DE NUEVA OPORTUNIDAD
La propuesta socialista se inspira en el principio de que la Administración regional debe evitar "por todos los medios" medidas relativas al desahucio y las consecuencias que depara. Así, además del convenio con las instituciones financieras, el PSM también propone una Ley de Nueva Oportunidad. En ella, en el marco de las competencias regionales, se establecerán los mecanismos para evitar el desahucio de la vivienda.
En dicha Ley se establecerán la creación de una Oficina para la Atención del sobreendeudamiento, que mostrará a aquellas familias cuyas hipotecas no pueden abonar, la información suficiente, las ayudas de la Administración y otros instrumentos, con el fin de solucionar su problema y orientar la solución.
Asimismo, proponen conformar un mecanismo de arbitraje regional en busca de la responsabilidad compartida entre la familia deudora y la institución financiera acreedora y otro de intermediación regional a partir de un convenio de renegociación hipotecario con los bancos y cajas de la región con el fin de buscar una solución financiera, para que facilitar el pago (fresh start) a todas aquellas familias atendidas por la Oficina para la Atención del Sobreendeudamiento.
Los socialistas madrileños también proponen que la Comunidad avale con 5.000 millones de euros a las familias sobreendeudadas a partir de convenios con las instituciones financieras. Asimismo, solicitan un parque regional de viviendas a través de un acuerdo con las instituciones financieras con el fin de adquirir parte del parque de viviendas de Madrid de los activos bancarios para la reubicación, en último extremo, de las familias embargadas o, en último caso, facilitando viviendas de alquiler protegido.