El aumento del pago de intereses supera el ahorro en salarios públicos

Las promesas de austeridad no impidieron que el gasto del conjunto del sector público subiera un 2% en el primer trimestre. El pago de intereses aumentó en 1.295 millones, hasta alcanzar los 5.916 millones. Un incremento que superó el ahorro derivado en la primera parte del año por la rebaja de los salarios púbicos.

Algo no funciona. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía indican que el conjunto de la Administración -Estado central, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social- gastó 98.410 millones en el primer trimestre, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Se podrá decir que un solo trimestre no es un periodo suficientemente representativo para sacar conclusiones. Sin embargo, resulta significativo que el sector público inicie el año con un incremento del gasto en el ejercicio que debe realizar el mayor esfuerzo de austeridad de su historia. Gobierno central, comunidades y ayuntamientos deben rebajar el déficit público del 9,2 al 6% este año. Lo que en números absolutos supone recortar en32.831 millones los números rojos.

El aumento del gasto se produce después de que el Gobierno aprobase en mayo de 2010 congelar las pensiones y reducir un 5% de media el salario de los trabajadores públicos. La explicación para esta aparente contradicción se encuentra en el capítulo de los intereses. Esta partida presupuestaria, en términos de contabilidad nacional, ascendió a 5.916 millones, un 28% más en el primer trimestre, según los últimos datos publicados. Ello supone un aumento de 1.295millones. Por otro lado, los gastos de personal descendieron en 914 millones hasta los 26.401 millones. Es decir, el mayor coste financiero supera al ahorro derivado por la principal medida de austeridad aprobada por el Gobierno central.

¿Qué está fallando?

La mayor parte del coste financiero procede del Estado, sin embargo, la Administración central sí que ha realizado un importante recorte de las partidas presupuestarias. En el primer trimestre redujo el gasto un 14,1% mientras que las comunidades autónomas, en ese mismo periodo, lo incrementaron un 5,5%. Así, los tan pregonados recortes presupuestarios, de momento, no se reflejan en los datos autonómicos.

Ello evidencia una realidad que en Hacienda ya no esconden: el mayor riesgo para cumplir el objetivo de déficit procede de las comunidades. En cualquier caso, resulta inevitable que tanto el Estado central como las autonomías asuman un mayor coste financiero. Las Administraciones Públicas deben recurrir con mayor intensidad al endeudamiento para financiar sus incrementos del déficit público. Además, la incertidumbre y la desconfianza de los mercados encarecen el coste de financiación del sector público, que debe elevar los tipos de interés para emitir mayor deuda pública. De hecho, el capítulo de gastos financieros es el único que niel Gobierno central ni las comunidades autónomas pueden recortar. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló el pasado viernes, cuando anunció el anticipo electoral, que el Tesoro español es "robusto" y seguirá el calendario de emisiones previsto. Sin embargo, resulta innegable el daño económico que el aumento de la prima de riesgo origina sobre las cuentas públicas. El viernes el diferencial con el bono alemán escaló hasta los 354 puntos después de que Moody's situará bajo perspectiva negativa la deuda española.

Además, la agencia de calificación rebajó el rating de seis comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Andalucía y Castilla y León). De hecho, las regiones cada vez aparecen más en los informes de estas compañías de rating, que indican que las finanzas autonómicas suponen una de las debilidades de la economía española.

Hacer la norma es fácil, no tanto cumplirla

El deterioro alarmante de las cuentas públicas ha llevado al Gobierno a aprobar una regla de gasto para la Administración central y los principales ayuntamientos. Además, el Ejecutivo planteó una medida similar a las comunidades autónomas, que ya han aceptado aprobar una ley para fijar el techo de gasto en un plazo máximo de seis meses. Si bien tales medidas son necesarias, la Ley de Estabilidad Presupuestaria demuestra que una normativa no supone, en sí misma, una solución. Esta norma, aprobada por el Ejecutivo del PP, y también conocida como la ley del déficit ceroestablece que "la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará con carácter general en equilibrio o superávit". La normativa estaba vigente cuando el conjunto de la Administración pública registró en 2010 un déficit público del 11,13% del PIB (117.306 millones), la mayor cifra registrada en democracia.En cualquier caso, los datos recientes del Ministerio de Economía que muestran un incremento del gasto del sector público en el año en que todas las Administraciones prometieron austeridad refleja la necesidad de fijar techos de gasto.El Ejecutivo, sin embargo, alega que no puede imponer una regla de gasto a las comunidades. El Ministerio de Economía pretendía acordar una norma común para todas las comunidades. No lo logró y cada región fijará su propia regla de gasto. Las distintas normativas se aprobarán antes de seis meses y los resultados, en caso de que se produzcan, se conocen el próximo año.