El PP impulsa una central de compras común en los territorios que gobierna
El PP planea impulsar una central de compras entre las comunidades en las que gobierna con la intención de lograr economías de escala y precios más competitivos con los proveedores. La abrumadora mayoría de comunidades gobernadas por el PP ofrece mayor margen de maniobra para la cooperación interterritorial.
Ahorrar se ha convertido no en una prioridad, sino en una obligación para el conjunto de las Administraciones que deben reducir sus abultados números rojos para recuperar la credibilidad. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular -todas con la excepción Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra y Asturias- han alcanzado un principio de acuerdo para compartir una central de compras. Se trata de una idea que aún debe desarrollarse, pero el objetivo es que los territorios gobernados por el PP compartan proveedores y, al acumular los pedidos, lograr mejores precios. Así lo acordaron en una reunión reciente con el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro.
Actualmente, la mayoría de comunidades cuenta con una central de compras para el conjunto de su propia Administración pero no existe un verdadera cooperación interterritorial. Que el mapa autonómico se tiñera de azul en las pasadas elecciones autonómicos facilita la cooperación interterritorial. De hecho, en enero de 2010, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los consejeros económicos de las comunidades con los representantes de Economía, ya se acordó "promover mecanismos de colaboración entre las comunidades con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponible y mejorar la calidad de los servicios públicos".
Sin embargo, todo ello quedó en papel mojado. Resulta difícil que territorios con diferente color político cooperan ante la batalla dialéctica que mantienen los dos grandes partidos. Si las comunidades no reducen su déficit fiscal será muy complicado que el conjunto de la Administración pública cumpla el objetivo de estabilidad exigido por Bruselas.
Cumplir el objetivo de déficit, imposible
En cualquier caso, las comunidades aceptarán en el Consejo de Política Fiscal que se celebra mañana la senda de reducción del déficit fijada por el Estado para el próximo año que permite a las regiones registrar un déficit de hasta el 1,3% del PIB, el mismo nivel que para este ejercicio. Algunas comunidades como Cataluña ya han advertido que no cumplirán el objetivo este año. Castilla-La Mancha, por su parte, aunque quisiera no podría rebajar sus números rojos al 1,3%. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, asegura que los números ya alcanzan el 6,4% del PIB.
Seis regiones esperan el veredicto de Economía
La autonomía de las comunidades autónomas, contemplada en la Constitución, impide que el Gobierno pueda intervenir en exceso en las políticas de gasto. Actualmente, su principal herramienta para influir en los Presupuestos autonómicos es su posibilidad de vetar la emisión de deuda de aquellas comunidades que hayan incumplido el objetivo de déficit y, además, no hayan presentado un plan de saneamiento creíble.Cataluña, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía se encuentran en este grupo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne mañana deberá aprobar sus respectivos planes de reequilibrio. En ellos, se fija la ruta para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria. Todo apunta que el Gobierno rechazará el plan de saneamiento de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ello implica que el Ministerio de Economía no permitirá nuevas emisiones de deuda a estas comunidades.Una decisión que supone un lastre muy importante ya que, en un momento como el actual, el endeudamiento supone un recurso indispensable para hacer frente a las obligaciones de gasto.Por otra parte, los planes de saneamiento de Andalucía, Baleares y Extremadura si que pasarán la prueba del algodón de Salgado. La Comunidad de Madrid es la única que goza de unas cuentas suficientemente saneadas para no requerir la presentación de un plan de saneamiento.Quién quiere justiciaCastilla-La Mancha y Murcia ya han comunicado que no quieren asumir la competencia de Justicia para evitar elevar los gastos. En cambio, Castilla y León, que también está a la espera de recibir esa competencia, anunció su voluntad de gestionar Justicia.
Una regla de gasto para las comunidades, a debate
El principal objetivo del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana pasa por lograr que las comunidades acepten una regla de gasto que vincule sus partidas presupuestarias al PIB. El Ejecutivo ya estableció un sistema que regirá para la Administración central y los ayuntamientos, sin embargo, argumenta que no puede imponerlo a las comunidades. Así, cada región deberá aceptar esta restricción. En el caso de los entes locales y la Administración central, su presupuesto se determinará a partir de una media de la evolución del PIB nominal en nueves años. Así, se tendrá en cuenta el crecimiento de los cinco años anteriores, del ejercicio en curso y de la previsión para los tres siguientes.La voluntad de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, es que las comunidades adopten este sistema u otro similar. En cualquier caso, el debate se prevé encendido. La mayoría de comunidades cuentan con Gobiernos del PP -con la excepción de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Navarra- y Génova ya indicó que el modelo de limitar el gasto propuesto por Economía no servía de nada. El diputado popular Álvaro Nadal sostiene que el Gobierno sí tiene competencia para fijar límites a las cuentas autonómicas. En cualquier caso, resulta indispensable que las regiones apliquen una cierta disciplina presupuestaria para evitar, como sucedió en el ejercicio anterior, incumplir el objetivo de déficit. Elena Salgado en una entrevista a Wall Street Journal aseguró que si España recibe una multa de la UE por déficit excesivo, el Gobierno pasará parte de este coste a las regiones.