Energía eléctrica y cambio electoral
La percepción de un cambio de signo en el Gobierno, ya sea en otoño de este año o en la primavera del que viene, ha desatado las especulaciones sobre qué haría un posible Gobierno del Partido Popular en materia de energía. Una pregunta recurrente de los periodistas a los responsables de empresas del sector que intervienen en actos públicos es qué opinan sobre un posible adelanto electoral o qué creen que harían los populares en cuestiones como, por ejemplo, el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.
De cara a la galería, y en general, el mensaje es que sea cual sea el Gobierno que salga de las urnas, su obligación es resolver la caótica situación del mercado eléctrico. Sin embargo, aunque se evita expresar posiciones políticas, dado que sigue gobernando el PSOE, tampoco faltan quienes se han puesto al frente de la manifestación haciendo leña del árbol caído y muestran su confianza en un futuro Gobierno popular. Pero más allá de la galería, esta confianza tampoco es nada firme. Pese a las duras críticas que las compañías lanzan entre bastidores a la gestión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y su equipo, no es más halagüeña la imagen que, en general, tienen los empresarios de la actual oposición de las filas populares.
Las incógnitas ante una hipotética victoria electoral son dos: la política regulatoria y el futuro del regulador y las empresas públicas (y las no tan públicas). Ambas cuestiones están condicionadas por otros dos factores: el que los populares, de ganar, obtengan mayoría absoluta y el factor humano, pues parece claro que las soluciones también dependería de quiénes sean los designados para gestionar la política energética en un posible Gobierno popular.
Por el momento, lo más parecido a un programa sobre energía son las referencias del informe que la FAES, la fundación auspiciada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, presentó la primavera pasada, así como declaraciones aisladas de responsables del PP, que, por estar impregnadas de electoralismo, resultan poco fiables. Los grandes principios plasmados en el papel por la FAES, tales como liberalización a ultranza; energía nuclear, sí; menor dependencia energética o energías renovables con moderación, no tienen un traslado inmediato a la cruda realidad del déficit de la tarifa eléctrica (22.000 millones de euros) y no parecen convencer ni a las empresas ni a los dirigentes del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza.
Al margen de ideas programáticas, la política energética estaría marcada por las cualidades políticas y de gestión de quienes dirijan los ministerios de Economía e Industria (¿Luis de Guindos? ¿Cristóbal Montoro?). El desastre tarifario es de tal magnitud, que sólo grandes dosis de gestión y decisiones firmes en un mundo plagado de lobbies permitirían algún tipo de arreglo. Pero, ¿estaría el Partido Popular dispuesto a enfrentarse a las empresas, ya sean las tradicionales de Unesa o las de nuevo cuño, como las fotovoltaicas? ¿Y a los electores con las fuertes subidas inevitables de tarifa si no se cambia la estructura de los costes y el sistema de fijación de precios para evitar la generación de nuevos déficit? Pese a las críticas al Gobierno, las grandes eléctricas están altamente satisfechas con la titulización de la deuda avalada por el Estado, que les ha permitido ingresar, por el momento, 7.000 millones de euros, así como el sistema de subastas Cesur en las que se fija el precio de la energía al margen del Gobierno.
En un plano realista, los populares sí ocultan la intención de plantear algún tipo de tasa, por ejemplo, sobre los llamados beneficios sobrevenidos de la nuclear y el agua (windfull profit) o de plantear una moratoria (y quizás recorte de primas) sobre la energía fotovoltaica. Pero lo más probable, es que sea, cual sea el nuevo Gobierno, se vuelva a caer en la tentación de mantener a corto plazo la farsa del déficit, pese al peligro de que la bola de nieve acabe atascando el sistema.
Reparos de Cospedal
Otra cuestión en la que la opinión pública se suele llamar a engaño es la supuesta posición pronuclear del PP. Pese a las adhesiones teóricas y otras de tipo individual, lo cierto es que este partido ha demostrado sobradamente que no está dispuesto a perder votos por apoyar ni una nueva planta. Así lo demostró la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, al oponerse con uñas y dientes al almacén de residuos radiactivos (ATC), una instalación que, pese a estar lejos de ser una central nuclear, se opuso con uñas y dientes. Nadie, ni mucho menos sus propietarias, Endesa e Iberdrola, creen a estas alturas que Rajoy vaya a anular el cierre de Garoña. Y menos con una sentencia de la Audiencia Nacional a favor de la decisión del Gobierno de clausurar la central sin derecho a indemnización.
Otra tentación del Partido Popular, o más que tentación, pues lo ha expresado públicamente, es dinamitar la actual Comisión Nacional de la Energía, para lo que necesitaría mayoría en el Parlamento y mucho cuajo para justificar, por segunda vez, una medida tan antidemocrática contra el regulador.