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Para investigar su supuesto abandono del puesto de trabajo

El juez cita a declarar a 16 controladores por el caos aéreo de diciembre

El presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, y otros quince controladores han sido citados a declarar la próxima semana como imputados por un juzgado madrileño en relación con el cierre del espacio aéreo de los pasados días 3 y 4 de diciembre.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha citado a los controladores desde el lunes hasta el jueves para investigar su supuesto abandono del puesto de trabajo en los centros madrileños de Barajas y Torrejón de Ardoz durante el Puente de la Inmaculada del pasado año.

Los dieciséis controladores han sido citados a declarar por la magistrada en calidad de imputados, decisión respaldada por las diversas asociaciones que se presentan como acusación en la causa, entre las que se encuentran la Agrupación de Demandantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV).

Fuentes jurídicas han destacado que la magistrada también ha citado como imputados a otros varios controladores aéreos para los días 12, 13, 15, 19 y 20 de septiembre.

Pocos días después del caos aéreo, algunos controladores fueron citados a declarar por la Fiscalía de Madrid, pero se negaron a contestar a las preguntas del Ministerio Público alegando que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deberían ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Sin embargo, el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, explicó entonces que la jurisdicción ordinaria era la única competente ya que los hechos por los que iban a ser preguntados eran los ocurridos antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los que faltaron a sus puestos de trabajo en los centros de control de Torrejón de Ardoz y de Barajas se podían enfrentar hasta a 8 años de prisión por un delito de sedición.

Desde USCA, su portavoz, César Cabo, señaló entonces que fue AENA quien tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo en diciembre del año pasado, pero que se podía haber seguido volando.

Además, Cabo comentó que en lo sucedido había "una corresponsabilidad" entre los controladores, asumida por ellos, y AENA y el Ministerio de Fomento, que tendrían que asumirla.

Por otro lado, el pasado mes de mayo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió al Juzgado de Instrucción número 3 un juzgado "bis" o de apoyo para aligerar su carga de trabajo, especialmente desde que había recaído en él el caso de los controladores, según fuentes jurídicas.

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