Acude al Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Fernando Martín se acoge al derecho a no declarar por el 'caso Gürtel'

Fernando Martín ha acudido hoy al juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid poco antes de las 10 horas por su imputación en el caso Gürtel, si bien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Tras tomar las declaraciones de los imputados, el juez Antonio Pedreira ha decidido mantener la imputación por los delitos de Martín.

Fernando Martín
Fernando Martín

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha defendido ante el magistrado que instruye el ''caso Gürtel'', Antonio Pedreira, la actuación "intachable" y "transparente" de la compañía en la operación urbanística desarrollada en Arganda del Rey que le implica en el procedimiento penal.

Acompañado por su abogado, Martín ha acudido a la sede del TSJM para prestar declaración a instancias de la Fiscalía de Madrid por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. No obstante, Martín se ha acogido a su derecho a no declarar ante Pedreira al estimar que no es competente para ello después de su inhibición a favor de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, ha querido precisar que ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía que le implica en el caso. Además, ha recalcado que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente.

Asimismo, ha manifestado que la adjudicación urbanística a la que se refiere el caso, se realizó con total transparencia, como ya han ratificado varias sentencias judiciales. Tras la comparecencia, Pedreira ha acordado mantener los delitos que se le imputan y ha decidido no acordar ninguna medida cautelar sobre él.

El informe policial en el que se basa la imputación de Fernando Martín señala que Francisco Correa ingresó en junio de 2006 un total de 12,8 millones de euros en una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la mercantil Golden Chain Properties. La transferencia estaba vinculada al cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda con la sociedad Martinsa.

En la declaración del presidente de Martinsa ha estado presente el abogado de Correa, José Antonio Choclán. A la salida de la comparecencia, el letrado ha denunciado los abusos en España de la prisión preventiva de los imputados. "La prisión provisional de Correa es absolutamente injusta y excepcional, sin precedentes", ha recalcado.

Por otro lado, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ha acudido también a prestar declaración ante el magistrado por un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.

Al igual que en anteriores ocasiones, González Panero se ha negado a declarar ante el magistrado y ha eludido contestar a las preguntas de los periodistas congregados a las puertas del TSJM. Panero ya estaba imputado por malversación, prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

El último en prestar declaración ha sido el empresario José Luis Ulibarri por un delito contra la Hacienda Pública, que se suma a la imputación de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

En su declaración, Ulibarri ha asegurado que le delito que se le imputa está prescrito. Asimismo, ha aportado al juez un informe de un prestigioso despacho de abogados que avala la legalidad de sus actuaciones mercantiles.

El presidente de Martinsa Fadesa ha sido imputado en el caso Gürtel por supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra Hacienda. Fernando Martín se ha negado a declarar ante el juez, si bien ha afirmado que tanto su actuación como la de la compañía ha estado "dentro de la más estricta legalidad" y que su actitud en la operación de los terrenos de Arganda, por la que se le acusa, ha sido "intachable".

El magistrado investiga si el desembolso de más de 12 millones de euros a firmas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, obedece al pago de una comisión entregada por Martinsa para lograr la adjudicación de un proyecto urbanístico en Arganda del Rey. El empresario siempre ha negado cualquier ilegalidad.