Industria descarta un gravamen a los carburantes para mejora de carreteras
Gravar los combustibles con una tasa cuyos ingresos se destinen al mantenimiento de carreteras, tal como han solicitado las constructoras, es una medida con nulas posibilidades de prosperar. Industria no la considera ni oportuna ni adecuada, pues, de la misma manera, se podrían gravar los carburantes para "otras cincuenta mil cosas".
El secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, rechazó ayer la propuesta de la Asociación Nacional de Empresas de Obra Pública (Aerco) de gravar con una tasa los combustibles para destinar lo recaudado a la conservación de carreteras de alta capacidad. Un impuesto finalista -señaló- "no encajaría demasiado bien en el contexto actual de caja única".
Y, aunque todo es debatible, sería un mal precedente: "Los carburantes se podrían gravar para cincuenta mil cosas", como las renovables, como han solicitado también las eléctricas, señaló. En una intervención en el Foro de la Nueva Energía, Hernández recordó que la fiscalidad de los carburantes en la UE está en revisión para hacerla "más racional", pues es un modelo que no ha cambiado desde los años setenta.
Las constructoras creen que un gravamen de este tipo permitiría generar fondos extraordinarios y combatir la caída de la inversión pública en obra civil. Javier Sáenz Cosculluela, presidente de Aerco, pidió la semana pasada una tasa finalista de tres a cinco céntimos a aplicar en cada litro de combustible. Esta patronal calcula que la medida, que podría entrar en vigor el 1 de septiembre, permitiría recaudar entre 1.095 a 1.830 millones y cubrir la factura de 1.065 millones que Estado y las comunidades autónomas destinan cada año al refuerzo de firmes.
Por su parte, Seopan, asociación que integra a las grandes constructoras, pidió en marzo un alza de 11 céntimos en el impuesto especial sobre hidrocarburos. Una fórmula que reforzaría los fondos del Estado y que se sugirió sin carácter finalista.
Déficit de tarifa
Aunque desde el mes de abril no se ha vuelto a titulizar ninguna cantidad del déficit de la tarifa eléctrica, el secretario de Estado de Energía aseguró que se va a colocar toda la deuda prevista, aunque reconoció que las condiciones del mercado han cambiado. En julio acabó la cesión anual al fondo de titulización (FADE) de la deuda de la que son acreedoras las eléctricas, pero la cesión ha sido renovada. En lo que va de año se han emitido con el aval del Estado 7.000 millones en cuatro colocaciones, que suponen el pago de un interés del 6% por parte de los consumidores, y faltarían por titulizar este año otros 6.000 millones. Para el alto cargo de Industria, "el objetivo del Gobierno es luchar contra el déficit: titulizar la deuda y que esta no crezca más".
Hernández, que fue director de Nera, la consultora que realizó el informe pericial contra la clausura de la central nuclear de Garoña, no prevé cambios al respecto: "el cierre está decidido" y no descartó que se adelante la fecha prevista para el mismo, en julio de 2013. Esto dependerá, también para el resto del parque nuclear, "del resultado de los test de estrés a los que van a ser sometidas todas las plantas".
En cuanto al peaje de 0,5 euros/MWh que las eléctricas pagan desde este año por utilizar las redes para distribuir la electricidad que generan, considera que es un coste que se puede repercutir en el precio final, algo de lo que ha alertado la CNE. "Todo dependerá del grado de competencia", subrayó.
Fabrizio Hernández no quiso cerrar la puerta al almacén de residuos nucleares (ATC), cuando todo apunta que este proyecto no prosperará en esta legislatura. Con todo, dijo que el ministerio percibe "un cierto grado de consenso" en los municipios candidatos a albergar el ATC, donde han sido reelegidos los anteriores alcaldes. Ello le llevó a decir que el proceso podría ser ahora "relativamente rápido", aunque también afirmó que el Gobierno va a buscar el máximo consenso con las comunidades autónomas.
Sin corbata
Fabrizio Hernández emuló ayer al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y compareció en el Foro de la Nueva Energía sin corbata. Una manera de dar ejemplo de eficiencia energética, pues, sin corbata, es posible ahorrar en refrigeración en los edificios públicos.
La incompatibilidad que le impide firmar
El conflicto de intereses en el que está incurso el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, le está impidiendo firmar un buen número de normas aprobadas por el Ministerio de Industria, que deben ser rubricadas por el director general de Energía, Antonio Hernández, o el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián. Así se puede comprobar en los textos legales y así lo corroboran fuentes cercanas al ministerio, que consideran un inconveniente esta situación.La incompatibilidad de Hernández proviene del cargo que ocupó anteriormente en la consultora Nera, desde la que realizó informes para todas las grandes energéticas, especialmente las gasísticas.Fabrizio Hernández fue propuesto por Sebastián el pasado mes de enero para sustituir en el cargo a Pedro Marín, que se marchó por voluntad propia.