Audiencia preliminar

Anticorrupción pide que se juzgue a Camps por un delito de cohecho pasivo impropio

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy que se juzgue al president de la Generalitat, Francisco Camps, por recibir regalos de la trama Gürtel, mientras que su defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa al estimar que no existe el delito de cohecho pasivo impropio que se le imputa.

Así lo han expuesto ambas partes en la vista previa que se ha celebrado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para resolver si procede abrir juicio oral contra el jefe del Consell y otros dirigentes de la Generalitat y del PPCV implicados en la misma causa.

La Fiscalía, por tanto, mantiene su petición de una pena de multa de 41.250 euros para Camps, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y de 35.000 euros para el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Camps.

La acción popular, ejercida por el PSPV-PSOE, mantiene a su vez la petición de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el president de la Generalitat, aunque también pide alternativamente una pena de multa, según han informado fuentes jurídicas.

Al concluir la vista, el abogado de Betoret, Ignacio Peláez, ha asegurado que las acusaciones "no han aportado ningún elemento incriminatorio" en esta sesión para mantener sus imputaciones.

Por el contrario, considera que el asunto "está mejor que antes" para las defensas, ya que la declaración de los peritos, según dice, no ha acreditado que las prendas de vestir las abonaran las sociedades vinculadas a la supuesta trama corrupta.

Según fuentes cercanas al caso, uno de los trabajadores de la tienda madrileña de Forever Young ha reconocido ante el juez que sus superiores le ordenaron modificar los registros informáticos de los pedidos hechos por Camps para atribuirlos al gerente de Orange Market, Álvaro Pérez "El Bigotes".

La audiencia preliminar -trámite previsto por la Ley del Jurado- ha comenzado a las diez de la mañana y se ha prolongado, con un receso de dos horas, hasta las ocho de la tarde.

Concluida la misma, el magistrado instructor, José Flors, tiene un plazo máximo de tres días para dictar una resolución, que en caso de ser favorable a la apertura de juicio oral no podrá ser recurrida.

En la vista han comparecido tres peritos -dos de la Agencia Tributaria y un auditor propuesto por Camps- y seis testigos, entre ellos el sastre y exempleado de las tiendas madrileñas Milano y Forever Young José Tomas.

En declaraciones a los periodistas en su llegada al Palacio de Justicia, Tomás ha asegurado que el president de la Generalitat "no ha pagado ni una peseta" de las prendas de vestir que adquirió en el establecimiento de Forever Young.

"A estas alturas no sé como se preguntan quien pagó los trajes. No hay duda de que él no los pago, ni siquiera el juez lo hace", ha reiterado.

Además de el sastre, también han testificado dos trabajadores de Forever Young, un chófer y un escolta de Camps, y uno de los gerentes de la empresa Orange Market, Cándido Herrero, sociedad considerada como la filial valenciana de la trama.

Camps, Costa, Campos y Betoret niegan haber recibido regalo alguno por parte de las empresas o gestores vinculados a la red Gürtel, y aseguran que siempre han pagado las prendas de vestir que adquirieron en las citadas tiendas.

El president de la Generalitat ha asistido hoy a un acto en Bruselas para reclamar la construcción del Corredor ferroviario Mediterráneo y, al ser preguntado por este acto judicial, ha contestado que lo único importante del día era "la gravísima situación económica" de España.

La causa recayó en Flors en abril de 2009, después de que el Juez Baltasar Garzón se inhibiera en favor de los tribunales valencianos, y en agosto de ese mismo año la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, encabezada por el entonces presidente de este organismo judicial, Juan Luis de la Rúa, decretó el sobreseimiento libre de la misma.

Antes de este archivo, el instructor emitió un auto en el que afirmaba que unas prendas de vestir adquiridas por Camps y el resto de imputados en las citadas tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a la trama.

En mayo de 2010, el Tribunal Supremo anuló la decisión del TSJCV y ordenó que se reanudara la investigación, por lo que Flors continuó las diligencias.

Desde ese momento, las diferentes partes implicadas en el proceso han interpuesto cerca de un centenar de recursos, y además se abrió una investigación judicial paralela por una presunta financiación irregular del PPCV vinculada también a la red Gürtel, cuestiones, entre otras, que han demorado la denominada "causa de los trajes".