Cospedal avisa de que el déficit manchego supera el 4% y pide una reunión con Salgado
La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, solicitó ayer una reunión con la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, para abordar la situación financiera de esa comunidad. "Los datos reales que se están conociendo muestran que el déficit fiscal no corresponde a lo anunciado por el anterior Gobierno", remarcó durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía muestran que Castilla-La Mancha tenía un déficit del 1,7% del PIB en los tres primeros meses de este año, cuatro décimas por encima del nivel permitido para el conjunto del año. "Los datos reales que se están analizando, sin embargo, apuntan a que el déficit puede ser incluso superior al 4%", recalcó Cospedal.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado a finales de abril, el Ministerio de Economía rechazó el plan de saneamiento presentado por el gobierno manchego (es una obligación para todas aquellas comunidades que superan el límite de déficit permitido por el Ejecutivo) y supeditó su aprobación a la realización de algunos ajustes. "Necesito saber qué piensa el Ministerio de Economía y Hacienda y que tenemos que hacer para permitir que Castilla-La Mancha pueda tener tesorería y manejarnos fiscalmente", indicó.
Pese a esa advertencia, Cospedal confirmó que la administración autonómica todavía no tenía problemas de liquidez, pese a los rumores que apuntaban a que no dispone de fondos para hacer frente a los salarios de los empleados públicos. "El gobierno castellanomanchego tiene una prioridad y los empleados públicos van a cobrar", recalcó de forma contundente.
Bonos patrióticos en Andalucía
Las dificultades de financiación también han alcanzado al Gobierno andaluz. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, confirmó ayer que "seguramente antes de final de año" la Junta de Andalucía lanzará una emisión de deuda pública en el tramo minorista para captar financiación entre inversores particulares, uniéndose en esa iniciativa a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.