Primera medida concreta desde que estalló la crisis

Bruselas restringirá el uso de las agencias de calificación

La Comisión Europea adoptará la semana que viene la primera medida concreta, desde que comenzó la crisis en 2008, para reducir el uso de las agencias de calificación en el sector financiero.

Sede de Fitch
Sede de Fitch

La pionera restricción atañe a la banca europea, a la que se exigirá una mejora de sus propios análisis internos de riesgo para no depender de manera automática de la calificación asignada por las agencias.

La nueva exigencia figurará en el proyecto de Directiva sobre requisitos de capital (que incorpora los acuerdos de Basilea III) que la Comisión tiene previsto aprobar el próximo 20 de julio. Pero Bruselas asegura que extenderá antes de finales de año la misma exigencia a aseguradoras y fondos de inversión, lo que podría reducir drásticamente la influencia del oligopolio formado por Standard & Poor's, Moody's y Fitch. El objetivo, según la CE, es reducir el papel de las agencias hasta convertirlo en un elemento de análisis que se puede utilizar junto a otros.

"Es una cuestión de estabilidad financiera, pero también de responsabilidad política y democrática", ha asegurado en París el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, en una intervención ante la recién estrenada Autoridad Europea de Valores y Mercados, una especie de CNMV continental con capacidad de supervisión directa sobre las agencias de rating.

Deuda soberana

Barnier también se ha mostrado partidario de estudiar la propuesta de la nueva directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para eximir de calificación a la deuda de los países rescatados (Grecia, Irlana y Portugal, en la zona euro). La iniciativa se trasladará a la presidencia polaca de la UE para ser discutida por el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

La Comisión también prepara desde hace meses nuevas normas de transparencia sobre la asignación de ratings a la deuda soberana. La propuesta podría aprobarse a final de año y, cuando entre en vigor, permitirá a los Gobiernos verificar la validez de los datos utilizados por las agencia antes de que emita su veredicto. El futuro Reglamento también podría obligar a las agencias a hacer públicos los detalles de su análisis y a comprobar la situación económica de un país con más frecuencia.