Anticorrupción investiga presuntos delitos de desviación de fondos

Teddy Bautista y ocho personas más detenidas tras los registros en la SGAE

Teddy Bautista, presidente de la SGAE, fue detenido ayer por la Guardia Civil, junto a otras ocho personas, tras registrar la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid. La operación fue llevada a cabo bajo la dirección del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y se les acusa de delitos de desviación de fondos y apropiación indebida.

Teddy Bautista y ocho personas más detenidas tras los registros en la SGAE
Teddy Bautista y ocho personas más detenidas tras los registros en la SGAE

Casi ocho horas después de que la Guardia Civil irrumpiera en la sede de la SGAE en Madrid, saltaba la noticia: Teddy Bautista y otras ocho personas eran detenidas por presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida. Entre los detenidos estaban el director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri; el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga.

Fuentes de la investigación señalaron a Europa Press que entre los arrestados se encontraban igualmente la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, María Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente. También, Rafael Ramos, socio director de Microgénesis, y Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con esta misma empresa, una de las principales sociedades implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE. La operación, en la que han participado 50 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, se llevó a cabo bajo la dirección del juez Pablo Ruz, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Durante la denominada operación Saga también se registraron las sedes de varias empresas (entre ellas, la SDAE) y domicilios particulares de los imputados. Según explicó la Guardia Civil, los detenidos habrían creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores y Editores, que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del grupo SGAE (Fundación Autor, Portal Latino y la citada SDAE).

Este caso arranca con una denuncia presentada el 14 de noviembre de 2007 por varias asociaciones (de internautas, de usuarios de internet, Apemit y Vache), que acusan a la SGAE de haber formado una trama societaria de empresas filiales por las que se desviaban fondos recaudados, entre otras cosas, por el citado canon digital a actividades lucrativas. Josep Jover, abogado y presidente de Apemit, indicó que la cantidad desviada podría superar los 400 millones de euros.

Dicha investigación se potenció con una segunda denuncia de las mismas asociaciones, presentada el 28 de abril de 2009 sobre los mismos hechos. Estas dos acusaciones llevaron a Anticorrupción a denunciar los hechos en marzo de 2010 ante el citado Juzgado número 5. Tras estas actuaciones, el juez Ruz autorizó también este viernes el embargo y bloqueo de las cuentas de la SGAE. Además, no se descarta que se puedan emprender registros en sedes de esta entidad en otras provincias.

Fuentes de la investigación aseguraron a El País que era la SDAE la que firmaba los contratos con esas sociedades para supuestamente beneficiar a los directivos de la SGAE y a sus familiares. Así, las indagaciones de Anticorrupción concluyen que el propio Bautista tenía que consentir o conocer las contrataciones. En este sentido, fuentes próximas a la SGAE señalaron a CincoDías que es difícil que Bautista hubiera desviado fondos por sí mismo desde la SGAE, porque "según se acordó en su junta todos los talones de más de 6.000 euros requerían la firma de tres personas".

Los trabajadores de esta entidad manifestaron a este periódico su desconcierto. Todos tuvieron que entregar su DNI a la Guardia Civil y aguardar en el patio interior de la sede a que terminaran los registros. No obstante, fuentes de la investigación aseguraron que el objetivo de esta "es proteger los intereses de los socios y de la institución, que son los primeros damnificados, y no cuestionar la recaudación del canon".

Entre el aturdimiento, el apoyo y el acatamiento

Las reacciones no se hicieron esperar a lo largo de la jornada del viernes desde el inicio del registro en la SGAE. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, expuso, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo "respeta, acata y cumple" las órdenes de los jueces. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró el "máximo respeto" por las investigaciones y resaltó la "presunción de inocencia" para la SGAE. Caco Senante, integrante de la candidatura ganadora de las elecciones del jueves, declaró a media tarde a EP: "Los socios estamos con Teddy". Mientras, José Miguel Fernández-Sastrón, miembro de una candidatura opositora en las elecciones, manifestó estar "aturdido". La SGAE mandó a primera hora de la tarde del viernes un comunicado a Efe manifestando su "sorpresa" y confianza en la inocencia de sus directivos.