La investigación a las fotovoltaicas acaba con la suspensión de primas a 1.919 plantas
El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) acabó ayer su investigación sobre las 9.041 instalaciones fotovoltaicas, a las que el regulador les requirió una serie de documentos con los que debían acreditar estar en regla.
El resultado del análisis, que la Comisión ha realizado al amparo del real decreto aprobado el 5 de agosto, es que no acreditan 1.919 de las 9.041 instalaciones requeridas. De estas, hay que descontar las 855 que optaron por la regularización que ofrecía la propia norma, esto es, pasaron de cobrar la tarifa más beneficiosa (47,5 céntimos/kWh) establecida en el Real Decreto 661/2007, para cobrar la tarifa inferior (32,6 céntimos/kWh) que fijó el Real Decreto 1578/2008.
A todas las plantas consideradas irregulares, que representan un 27% de la potencia investigada (243 MW sobre 900 MW), la CNE les ha suspendido cautelarmente el cobro de la prima equivalente, por lo que se han visto obligadas a vender su energía en el mercado.
En el otoño pasado, el regulador hizo un requerimiento de información (facturas y albaranes de los equipos, certificados de instalación autorizada y certificados de final de obra, entre otros) a las citadas plantas para que acreditaran la instalación de los equipos técnico necesarios para la producción de energía eléctrica a 30 de septiembre de 2008. Esta era la fecha frontera entre una y otra tarifa. Tal como se ha podido comprobar en otras investigaciones realizadas por la Comisión, que el Ministerio de Industria ha dejado en un cajón, la carrera por cobrar la tarifa que iba a desaparecer en esa fecha, provocó situaciones de fraude: muchas instalaciones lograron la autorización administrativa sin estar listas.
Las 1.919 que no han demostrado estar en regla representan un 6,39% de la potencia fotovoltaica liquidada en el mes de mayo (3.799 MW). La mayoría no han acreditado las facturas, albaranes o documentos de aduanas.
De acuerdo con la norma, las afectadas pueden presentar sus alegaciones ante el Ministerio de Industria.