Grecia aprueba el plan de ajuste pero hay dudas sobre su aplicación
El Parlamento griego aprobó ayer el plan de ajuste exigido por la zona euro y el FMI como contrapartida al rescate financiero. Bruselas celebró el resultado, pero urgió a Atenas a aprobar hoy mismo la aplicación de las medidas concretas de ese plan, a pesar de las reticencias de algunos parlamentarios y de las airadas protestas en las calles de la capital helena.
Alivio en Bruselas. Tanto como en Madrid, en Lisboa o en Dublín. Y el respiro llegó hasta Berlín, Fráncfort e, incluso, Washington. En casi todos los rincones de la zona euro y en las principales plazas del sector financiero mundial se acogió con euforia la aprobación en el Parlamento griego, por 155 votos a favor y 138 en contra, del plan de ajuste exigido por la zona euro y el Fondo Monetario Internacional.
Las calles de Atenas, en cambio, siguieron siendo el escenario de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron al menos 25 personas heridas, y en los pasillos del Parlamento algunos diputados ponderaban la posibilidad de cambiar hoy el voto y rechazar las medidas más duras del plan de ajuste.
"Todas las miradas de Europa se volverán mañana por hoy de nuevo hacia Atenas", señalaron en un comunicado conjunto el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Las dos principales autoridades comunitarias urgieron a los parlamentarios griegos a aprobar hoy mismo los recortes de gasto, los incrementos de impuestos y las privatizaciones previstos en el plan de ajuste porque "un segundo voto positivo allanará el camino para la liberación de la quinta entrega del programa de asistencia financiera". Ese quinto plazo asciende a 12.000 millones de euros (8.700 millones de la zona euro y 3.300 millones del FMI), una cantidad que permitirá a Atenas evitar la suspensión de pagos. El Eurogrupo se reunirá el domingo para aprobar la concesión de esos préstamos si el parlamento griego vota hoy a favor, como parece probable, de la implementación del ajuste.
En la votación de ayer, el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu logró el apoyo de su grupo político con una sola deserción (el parlamentario rebelde fue expulsado del grupo inmediatamente). Los conservadores votaron en contra como habían anunciado, salvo una diputada que secundó el plan de ajuste.
Resistencia
Algunos diputados socialistas manifestaron, sin embargo, su reticencia a apoyar hoy algunas de las medidas más impopulares del ajuste, como el incremento de los precios de los combustibles. Pero la principal incógnita sobre la aplicación del plan sigue siendo la capacidad de Papandreu para llevar adelante un ajuste en contra de gran parte de la opinión pública y con un respaldo parlamentario muy limitado. La oposición pronóstico ayer que el alivio solo durará tres meses.
Ajustes
El plan prevé:Menos funcionarios: eliminación de 150.000 puestos de trabajo en la Administración.
Más impuestos: aumento del IVA de la hostelería y de los gravámenes de propiedades y productos de lujo.
Menos gastos: en sanidad (1.700 millones) o en protección social (recorte de 3.776 millones).
Privatizaciones: se prevé ingresar 50.000 millones.
La CE pide un impuesto europeo
La Comisión Europea aprobó ayer su proyecto de presupuesto plurianual para el periodo 2014-2020, en el que plantea una congelación del gasto, la creación de impuestos europeos (sobre el sector financiero y un recargo en el IVA y la eliminación del llamado cheque británico (el descuento en la contribución del Londres al presupuesto comunitario).El documento, que abre una negociación de al menos año y medio, propone una congelación del presupuesto en torno a los 150.000 millones de euros anuales o el 1,11% del PIB europeo. La propuesta recorta en 50.000 millones e euros las ayudas agrícolas durante los siete años.El gasto en políticas de cohesión, empleo e innovación pasaría de los 437.000 millones del septenio actual a 490.000 millones en el próximo. Y ofrece un periodo transitorio para las regiones que dejen de recibir ayudas, como es el caso de varias comunidades españolas.La CE y el Parlamento Europeo también comenzaron ayer a estudiar, por primera vez en cuatro años de crisis, la posibilidad de recortar su propio gasto administrativo. El organismo presidido por José Manuel Barroso propone reducir un 5% el número de funcionarios comunitarios, así como aumentar a 40 horas el horario laboral semanal y retrasar de 63 a 65 años la edad de su jubilación.
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