El futuro de las autonomías

El PP impone menos gasto, congelación de inversión y retraso de rebajas fiscales

Los nuevos Gobiernos regionales priorizan el recorte del déficit para salir de la crisis

La nueva presidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal.
La nueva presidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal.

El poder autonómico del Partido Popular se ha extendido con una intensidad inesperada tras las elecciones del pasado 22 de mayo. El PP gobierna en 11 comunidades y tan solo no lo hace en Cataluña, Navarra, País Vasco, Andalucía y Canarias, mientras que con toda seguridad se hará con el poder en Extremadura, una vez que Izquierda Unida posibilite con su abstención su llegada al poder.

De este modo controla más del 70% de las comunidades, a menos de nueve meses para las elecciones generales. Por este motivo, los presidentes autonómicos del PP que han renovado mandato, como Esperanza Aguirre o Francisco Camps en Madrid o Valencia, o aquellos que acceden por primera vez, como José Ramón Bauzá, María Dolores de Cospedal o Luisa Fernanda Rudi en Baleares, Castilla-La Mancha o Aragón ya han puesto sobre la mesa las cartas que van a utilizar para intentar jugar la partida de la crisis.

La poda de altos cargos, la fijación de techos de gasto, la congelación de impuestos (cuando no un retraso de las bajadas prometidas), la paralización de inversiones y la batalla contra la morosidad y el retraso en los plazos de pago se han convertido en las señas de identidad de unos planes regionales que el PP va a utilizar de laboratorio de ensayo de cara a los comicios generales, que podrían adelantarse a este otoño. El único punto en el que todos los dirigentes autonómicos, tanto populares como socialistas, coinciden es en la necesidad de reducir el sobredimensionado tamaño de la administración autonómica, suprimiendo consejerías, direcciones generales, altos cargos o iniciando la privatización de las televisiones públicas. Desde el inicio de la crisis se han creado 228 entes públicos en las comunidades. "No sé porque tiene que haber una televisión pública cuando no hay una panadería pública", aseguró la presidenta madrileña en los días previos a su investidura, en alusión a la necesidad de acometer la privatización de RTVM. Algo en lo que coincide con la presidenta castellano-manchega, aunque ambas saben que para acometerla deberán contar con el respaldo del Gobierno central.

Galicia, pionera en fijar una regla de control fiscal

Cospedal también ha prometido que suprimirá el Defensor del Pueblo Regional, el Consejo Económico y Social, 22 direcciones generales y hasta un 60% de los altos cargos que hay en la administración. Unas decisiones muy importantes en la forma, pero no tanto en el fondo como ha denunciado el PSOE, que ha calculado que todas las medidas anunciadas por el PP en Castilla-La Mancha apenas ahorrarán 6 millones de euros al año (el 0,07% del presupuesto regional).

La gran mayoría de los presidentes autonómicos, independientemente del signo político, promoverá también la fijación de techos de gasto para evitar desviaciones presupuestarias y que los déficit sigan engordando en un contexto en el que están obligados a apretarse el cinturón para contribuir al cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal para este año (el déficit total debe reducirse al 6%).

Algunos como Alberto Núñez Feijóo en Galicia van más allá e incluso aplicarán la regla que quiere fijar José Luis Rodríguez Zapatero en los Presupuestos Generales del Estado de 2012: el gasto solo podrá crecer tanto como lo haga el PIB y todo el excedente fiscal deberá destinarse a amortizar deuda. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha abogado porque el Gobierno central intensifique el control sobre las cuentas de las comunidades autónomas y que les obligue también a cumplir con esa regla en su conjunto. Por ahora, la única comunidad autónoma que se ha comprometido a aplicarla en las próximas cuentas públicas es Galicia, que contará con un techo de gasto y limitará su crecimiento cuando el PIB regional avance más del 2,5% en tasa anual.

Techo de gasto, hoy

Todas estas propuestas se enmarcan dentro de las restricciones presupuestarias que viven todas las administraciones, como muestra el profundo recorte que va a sufrir el techo de gasto de la Administración Central del Estado para el próximo ejercicio, que será presentado hoy en el Consejo de Ministros. Fuentes cercanas al Ejecutivo calculan que el límite previsto para este ejercicio será sensiblemente inferior a los 122.256 millones de techo fijados para este año. Buena prueba de ello son las primeras cifras que se han deslizado con los recortes de gasto corriente que les va a pedir a los Ministerios, que podría llegar, según fuentes oficiales, a cerca del 10%.

Otra de las prioridades expresadas por los mandatarios populares se refiere a la congelación de los impuestos o la bajada de aquellos que gravan la actividad de las empresas. Sin embargo, la caída de la recaudación tributaria, en algunos casos, y los pactos alcanzados con otras formaciones tras los comicios, han obligado a los populares a rectificar en algunas de las propuestas planteadas en el fervor preelectoral. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde la nueva presidenta solo ha prometido que congelará los tributos y que procederá a bajarlos cuando se produzca la consolidación fiscal, para lo que calcula que al menos restan dos años.

En el lado contrario, el candidato popular a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago, ya ha deslizado la posibilidad de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones (un tributo que en la mayoría de las comunidades populares ha desaparecido) para las rentas más altas, lo que ha sido interpretado como una concesión ante Izquierda Unida. Esta formación ha rechazado un acuerdo de Gobierno con el PSOE y ha dicho que se abstendrá en la votación para elegir al nuevo presidente, lo que daría el Gobierno extremeño al PP tras 28 años de gobierno socialista.

Sucesiones y donaciones

En materia fiscal, por lo tanto, no existe una voz única entre los populares. Buena prueba de ello es la promesa expresada por el próximo presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quién se ha comprometido a suprimir Sucesiones y Donaciones entre cónyuges y padres e hijos. "Este tributo se ceba con las viudas y huérfanos de clases trabajadoras y pequeños propietarios, al tiempo que dificulta la continuidad de negocios", remarcó durante el debate de investidura.

Dónde sí existe una voz única es a la hora de promover apoyos para emprendedores y autónomos como parte fundamental para propiciar la recuperación económica. Gran parte de esas propuestas se han tomado literalmente de una ley promovida en el País Vasco y que otras comunidades, como Baleares, ya han anunciado que la van a transponer. Así lo remarcó el nuevo presidente balear, José Ramón Bauzá, en su discurso de investidura, en el que anunció que esta ley será la primera que elevará el Parlamento regional y que con toda probabilidad estará aprobada antes de final de año.

Pago a proveedores

La ley establece un plazo máximo de pago de 25 días para el sector público cuando se trate de micropymes (menos de diez trabajadores) o autónomos y también contempla el pago de la totalidad de las tasas a las que tiene que hacer frente un emprendedor para crear una empresa. En este sentido, Cospedal anunció la confección de un calendario de pagos a proveedores y acreedores, que se empezará a aplicar cuando se conozca con exactitud cuanto dinero adeuda la Junta (la anterior vicepresidenta, María Luisa Araujo, cifró esa deuda en 416 millones). A la espera de conocer esa cifra, Cospedal ha prometido rebajas fiscales para las compañías que estén incluidas en esa lista, aunque no ha especificado sobre qué figuras impositivas se realizarán.

Rechazo frontal al copago sanitario

El gasto sanitario va a ser una de las grandes losas para la confección de los presupuestos autonómicos de cara a 2012. Esta partida se lleva entre un 33% y un 50% del presupuesto y los expertos advierten que puede seguir creciendo a medida que vaya envejeciendo la población, por lo que insisten en la instauración de un copago sanitario. Se trataría de un mecanismo mediante el que las personas que son atendidas en un servicio de atención primaria, en un centro de especialidades o en un hospital paguen una parte del mismo que reciben (urgencias, intervención quirúrgica, hospitalización o internamiento).

Este instrumento de corresponsabilidad está extendido en otros países, pero ha sido rechazado de forma tajante por todos los presidentes regionales del PP y del PSOE.

Con todo, hay un impuesto vigente en varias comunidades, independientemente de su signo político, el llamado céntimo sanitario, que proporciona 1.400 millones al año a las arcas. Aunque no se trata de un copago sí es una fórmula de detraer recursos con un objetivo finalista. Nueve comunidades lo aplican (Madrid, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia).

Otras claves

Castilla y León: Juan Vicente Herrera anunció ayer en su investidura la elaboración de "cartas informativas" que detallen el coste de los servicios públicos y reducirá un 20% los altos cargos. Herrera descartó subidas del IRPF, mantendrá la supresión del impuesto de sucesiones y contempla algún canon medioambiental.

La Rioja. El presidente Pedro Sanz ha fijado como prioridad para la quinta legislatura que preside esta comunidad la reducción del paro. Se compromete a crear un "cheque empleo" dotado con entre 4.000 y 7.500 euros para empresas que contraten a parados de larga duración de menos de 35 años.

Baleares: José Ramón Bauzá dará prioridad en el archipiélago a la austeridad en el gasto, pero facilitando el pago de la Administración a proveedores.

Asturias: Francisco Álvarez-Cascos sigue buscando un pacto con el PP para dar estabilidad a un Gobierno regional en el que daría prioridad al control del gasto autonómico.